04 Abril 2016
La investigación titulada Panama Papers puso luz sobre el oscuro negocio de las sociedades offshore y los paraísos fiscales. Esos negocios donde se mueve una gran cantidad de dinero, que nadie sabe bien de dónde viene, hacia dónde va y, en muchas ocasiones, de quién es.
Abrir una empresa en un paraíso fiscal no es un delito. Se lo puede hacer por varios motivos. Por un lado están quienes no confían en los sistemas económicos de sus países y prefieren proteger sus bienes con sociedades offshores. Aun así, esto ya plantea un primer debate. Por qué algunos privilegiados, los que gozan de un abultado capital y buenos contactos, pueden recurrir a estos "beneficios", mientras que otros con menos recursos no.
Está claro que esto afecta el ecosistema económico de cualquier territorio y, por supuesto, los más perjudicados son los que menos recursos tienen.
A esto hay que sumarle que muchos de los que hacen uso de las sociedades offshore aprovechan la falta de transparencia que permiten estos negocios para lavar dinero de procedencia dudosa. El informe difundido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestra evidencia que entre los que tienen empresas offshore, figuran 22 personas sujetas a sanciones por el apoyo a los regímenes de Corea del Norte, Siria, Rusia y Zimbabwe, además de individuos vinculados con delitos de distinto calibre, según publicó hoy el diario inglés The Guardian.
También figuran 12 líderes de países y 140 políticos de alto nivel, (aunque no aparezcan sus nombres, sí figuran sus amigos y parientes). Si bien todavía no se pueda hablar de actividades ilícitas en estos casos, que opten por empresas con movimientos poco transparentes ya invita a un cuestionamiento.
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