Detienen a Jaime y su futuro luce sombrío

Esposado, con chaleco antibalas y fuertemente custodiado por agentes de la Policía Federal. Así fue sacado ayer el ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime de la Delegación de la Policía Federal en Córdoba, para ser llevado a un patrullero que lo trasladó hasta Buenos Aires. Allí, por orden del juez federal Julián Ercolini, el ex secretario de Transporte de la Nación permanecerá detenido hasta mañana.

El magistrado lo indagará por el presunto pago de sobreprecios en compras de material ferroviario usado a empresas de España y de Portugal. Fue en 2005.

Además de Jaime -quien recibió en diciembre una pena de nueve años por la tragedia de Once-, Ercolini dispuso el arresto de su ex asesor ad honorem, Manuel Vázquez, vinculado a una consultora española que recomendó la compra. Gendarmería lo halló en el armario de su casa, donde se había ocultado.

El juez también citó en el marco de esta causa al sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, y a los empresarios Ignacio Soba Rojoy y Ricardo Testuri. Al menos hasta su indagatoria, Ercolini no dispuso medidas privativas de libertad contra los tres últimos, aunque sí les prohibió salir del país.

En taxi

Jaime se encontraba en Córdoba cuando el magistrado tomó la decisión de detenerlo. Por recomendación de su abogado defensor, Andrés Marutian, el ex funcionario K subió a un taxi y se entregó en la sede de la Federal.

La resolución firmada por Ercolini acusa al ex secretario de Transporte de hechos de corrupción. “Los fondos abonados por el material rodante adquirido (a España y Portugal) eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real”, redactó el juez federal. Esta situación, agregó, hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios.

La transacción, realizada en el marco del llamado “Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional”, demandó una erogación superior a 100 millones de euros. Pero dado el pésimo estado de los vagones y las locomotoras supuestamente destinados al ramal Belgrano Cargas estos no sirvieron ni siquiera como repuestos, añadió Ercolini.

El magistrado se refirió a la gran significancia económica y de corrupción de las maniobras investigadas: Jaime, como titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, fue quien firmó los contratos como parte de convenios internacionales autorizados por Poder Ejecutivo Nacional.

Las compras a la firma española Renfe fueron por 76,3 millones de euros ($ 306 millones al cambio de entonces), mientras que las transacciones con la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses alcanzó los 25,6 millones de euros ($ 99,9 millones de pesos de esa época).

Ercolini fundó su decisión de arrestar a Jaime en un posible peligro de fuga. Advirtió que el ex funcionario kirchnerista cuenta con relaciones “residuales” que podrían facilitarle vías de transporte para eludir la acción de la Justicia. El magistrado recordó que ya hubo tres condenas en contra del sospechoso, aunque ninguna firme.

Poco antes de entregarse, Jaime formuló declaraciones a un canal de TV. Calificó de innecesaria su detención, y adujo que ni siquiera había sido indagado en la causa. “Mis abogados harán las presentaciones que tengan que hacer”, indicó.

La orden judicial incluyó la instrucción para que Jaime y su ex asesor, Valdez, sean alojados en la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, vecina a los tribunales de Comodoro Py.

Desde allí serán trasladados mañana a primera hora al cuarto piso del edificio judicial, donde está el despacho de Ercolini, quien fijó la audiencia a las 10.

Tras cumplir el trámite procesal, Ercolini podría liberar o procesar a los imputados, y eventualmente mantenerlos detenidos si considera que persiste el peligro de evasión o de obstrucción a la acción de la Justicia Federal.

Jaime y Schiavi fueron condenados en diciembre pasado en el juicio por las tragedia ferroviaria de Once. Recibieron penas de nueve y de seis años de prisión, respectivamente.

El tribunal los encontró responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional por el pago de subsidios estatales a la ex concesionaria TBA y la simultánea falta de mantenimiento de trenes del ferrocarril Sarmiento.

En el caso de Jaime, el tribunal oral unificó su pena de cinco años con otra anterior, también en una causa por hechos de corrupción, ya que había recibido pasajes de regalo del empresario Sergio Cirigiliano, a quien debía controlar por ser titular de una concesión de servicios públicos. (Télam-Especial)

Punto de vista

La demanda de impunidad cero - Por Sergio Berensztein

De alguna manera, la Justicia está dando cuenta de aquella demanda muy fuerte de un segmento importante de la sociedad en contra de la impunidad. Y aparecen más evidencias de la presunta utilización de recursos públicos para favorecer a empresarios amigos, videos como los de “La Rosadita” y la flagrancia y exageración de otros hechos de corrupción que lleva a que la misma opinión pública dimensione o tome conciencia de lo que ocurrió en los últimos años en la Argentina. En esa orientación, la Justicia no puede quedar al margen de todo lo que acontece. Y es probable que la detención de Ricardo Jaime pueda ser vista como que está en sintonía con las demandas o que se trata de una reacción por parte del Poder Judicial.

Hay otra lectura: tiene que ver con la comprobación de que, con hechos como el de Jaime y otras causas, pareciera que hubo poca sofisticación de los esquemas de corrupción desarrollados en épocas del kirchnerismo. Tal vez algunos creyeron que no se iban a ir del poder tan pronto y pensaron que nadie iba a revisar lo que aconteció. O quizás no hubo una estrategia para evitar que todo esto terminara en un escándalo de proporciones.

La tercera lectura de estos hechos es netamente institucional y tal vez la más interesante: si las acciones de la Justicia, efectivamente, van a servir para satisfacer y atender la demanda de la sociedad, con las limitaciones propias de ese poder, y que pueden ser necesarias y suficientes. Digo esto porque el juicio a las juntas militares fue un hecho histórico, ya que ningún otro país lo había hecho hasta entonces, y sin embargo una franja de la sociedad siguió con la sensación de que no se había logrado más porque la Justicia no fue a fondo en sus decisiones. Hoy pasa lo mismo. Tiene la misma sensación de que se atrapa a perejiles. Pero hay otro marco: el Gobierno está intentando, a través de un paquete de leyes, como el proyecto “Justicia 2020” o la ley del arrepentido, que la Justicia tome un rol mucho más protagónico para que pueda avanzar en su accionar.

Este episodio, el de la detención de Jaime, en suma, nos pone frente a otra disyuntiva: si seguiremos con la sensación de que la impunidad seguirá, como en el caso Nisman y otros, o si efectivamente la Justicia, más allá de cuestiones espasmódicas, va a responder, en forma sistemática y efectiva, a esa demanda de cero impunidad en la Argentina. Ese es el desafío que se avecina.