Pasaron 100 días y aún no hay tribunal para un caso clave

Hace exactamente 100 días corridos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que analizara las supuestas irregularidades detectadas por el camarista Enrique Pedicone en el trámite de una causa que implica al ex fiscal Guillermo Herrera. Dicha orden no sólo no fue cumplida, sino que, por ahora, tampoco hay quién lo haga. Ocurre que el tribunal todavía no se pronunció respecto de la recusación de Pedicone -planteada por Herrera- y de la inhibición del camarista subrogante Eduardo Romero Lascano.

El proceso que sacudió al Poder Judicial está en manos de Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones, y de las magistradas María Elisa Molina y Wendy Kassar. Esta última ingresó al estrado ad hoc en reemplazo de María del Pilar Prieto que, previamente, había salido sorteada para sustituir a Romero Lascano. Pero Prieto fue dejada de lado porque está de licencia. Albo, Molina y Kassar tienen que analizar en primer término si aceptan la inhibición de Romero Lascano, quien se excusó por razones de amistad con Herrera, y otros magistrados y abogados mencionados en el expediente, y por enemistad con Carlos Garmendia, uno de los letrados que denunció a Herrera.

A posteriori, el tribunal debe pronunciarse respecto de la pretensión del ex fiscal de apartar a Pedicone de su caso: según su criterio, existen circunstancias graves que afectan la imparcialidad del camarista. Este se negó a abandonar el proceso: en su momento, cuestionó el hecho de que la defensa sólo pretendiese apartarlo a él, cuando Albo también había actuado en el caso firmando el decreto que lo sacó de la órbita de la Cámara. Justamente este fue el acto fulminado por la Corte el 23 de diciembre con la firma de los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar y Daniel Posse.

Un mes antes, Pedicone tomó una decisión inaudita: comunicó al alto tribunal que no le habían dejado emitir sentencia y le remitió un proyecto de fallo. Este texto dice que el ministro público Edmundo Jiménez; la jueza Mirta Lenis de Vera; Carlos Sale y el abogado Tomás Robert operaron para lograr la impunidad de Herrera. Entre las presuntas anomalías advertidas, Pedicone manifestó que Jiménez había cambiado el régimen de subrogancias para dirigir el expediente a Sale, quien dejó caer el recurso de apelación que había interpuesto el fiscal Diego López Ávila contra una decisión de Lenis de Vera favorable a Herrera. Al respecto, Albo manifestó que la posición de Sale cerraba toda discusión en la Cámara de Apelaciones. Jiménez, por su parte, dijo que Pedicone “hacía política” con esta causa.