31 Marzo 2016
EN PLENA CITY BANCARIA. El año pasado, personal de la Legislatura retiraba el dinero del banco en valijas. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
Los millones de pesos que paseaban en valijas de una sede bancaria hasta el espejado edificio de la Legislatura habían sido girados legítimamente por el Gobierno provincial a las cuentas del cuerpo colegiado. Y ante la falta de pruebas de un delito precedente, no es posible avanzar en la hipótesis del lavado de activos mediante el uso de subsidios que manejan legisladores y funcionarios de la Cámara.
El juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, arribó a esas conclusiones en el caso que investigaba un presunto “blanqueo” del dinero destinado a las ayudas sociales legislativas, conocidas en la jerga parlamentaria como “gastos sociales”.
Además, en coincidencia con lo que había considerado en su dictamen el fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, Bejas dictó la incompetencia del fuero federal para entender en la pesquisa.
Por ello, remitió copias de las actuaciones a la Justicia provincial. El expediente será recibido por el fiscal de Instrucción en lo Penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, quien de aceptar la decisión del juez federal, incorporará la documentación a la causa por supuesto fraude y otros delitos en contra de la Administración Pública de Tucumán.
Bejas le dedicó también varios párrafos a la intervención del fiscal federal general, Antonio Gómez. En noviembre de 2015, sobre la base de una serie de publicaciones de LA GACETA sobre la ruta de las valijas, el representante del Ministerio Público había iniciado de oficio las actuaciones preliminares por un presunto lavado de activos. Entre otras observaciones, Bejas señaló que esa investigación inicial debió haber sido realizada por un fiscal federal de primera instancia (en este caso, Camuña). Y justificó su criterio citando fallos recientes de la Cámara Federal de Apelaciones.
Presupuesto ampliado
En septiembre del año pasado, sin darle publicidad a la medida, la Legislatura aprobó una ampliación de su presupuesto, que pasó de $ 959 millones a $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la destinada a “ayudas sociales a personas”, que aumentó el triple: de $ 156 millones a $ 505,6 millones.
Mediante fotos, registros bancarios y otros documentos, LA GACETA evidenció el traslado de esos fondos, en valijas y en un vehículo oficial, desde una sede bancaria hasta la Cámara. En cada maleta cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. En agosto, mes de las elecciones provinciales y de las PASO nacionales, salieron de la cuenta de las “ayudas sociales” más de $ 90 millones. En octubre, cuando se despidió la anterior conformación legislativa (presidida por el hoy gobernador Juan Manzur), el retiro de efectivo con valijas superó los $ 100 millones.
Luego de que este diario publicara las actuaciones preliminares iniciadas por Gómez, el ex vicepresidente 2° de la Legislatura, el peronista Manuel Fernández, se presentó ante Bejas para solicitarle la nulidad del proceso. Bejas rechazó esa parte del planteo, pero sí dispuso que el fiscal federal general le enviara el expediente por considerar que debía intervenir un fiscal federal de primera instancia. Gómez aceptó, pero cuestionó duramente la medida. Finalmente, la causa recayó en el despacho de Camuña, quien estaba de turno cuando tomó estado público la ruta de las valijas.
En diciembre, tras valorar las pruebas y pedir informes, el fiscal federal N° 2 emitió un dictamen en el que descartaba la hipótesis del lavado de activos. “Se trata de dineros aprobados y depositados de acuerdo a una ley de presupuesto, que había sido sancionada con anterioridad”, indicó Camuña. Aunque no desestimó la posible comisión de delitos contra el erario, aconsejó que ese trámite fuera llevado por la Justicia provincial.
Bejas señaló en el fallo que comparte “plenamente” la posición de Camuña respecto de la incompetencia del fuero federal. Dispuso la remisión de lo actuado al fiscal Navarro Dávila.
La Justicia Federal investiga otra causa por la ruta de las valijas. El fiscal federal N° 1, Carlos Brito, estudia una denuncia del peronista disidente Oscar López por una presunta evasión impositiva y otros delitos tributarios. La pesquisa -también bajo la órbita de Bejas- intentará determinar si los legisladores y funcionarios de la Cámara utilizaron los fondos para ayudas sociales a modo de salario, causándole un eventual perjuicio al fisco.
Postura.- En noviembre, tras la publicación en LA GACETA del caso de las valijas, el fiscal general Antonio Gómez abrió actuaciones preliminares por lavado de activos. El ex legislador Manuel Fernández planteó la nulidad del trámite ante el juez federal Bejas, quien negó ese pedido, pero indicó que el proceso debía continuar en manos de un fiscal federal de primera instancia. Gómez entregó el expediente, pero expresó duras críticas contra Bejas. “Celebro la celeridad con la que se actúa ante un planteo nulificante de quien ni siquiera es parte”, ironizó en su dictamen, en alusión a Fernández.
Consideraciones.- “Entiendo pertinente efectuar ciertas consideraciones sobre la actuación desplegada en esta causa por parte del fiscal general”, redactó el Bejas en el fallo- Agregó que cada magistrado debe cumplir un rol. “La presente causa es el ejemplo del inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien emitió en medios periodísticos mensajes poco claros o, al menos, que no se condicen con la realidad del caso que se lleva en el ámbito judicial. Esta postura se encuentra en pugna con principios basales de actuación de todo titular de la acción penal pública: confidencialidad, principio de objetividad, transparencia, ejercicio racional y ponderado del poder punitivo del Estado”.
“No resulta serio”.- “La línea investigativa del fiscal general parece haber partido de la equiparación del ‘uso de valijas cargadas de dinero con el delito de lavado de activos’, extremo que, huelga decir, no resulta serio o suficiente para presentar ese encuadre penal. Tampoco se corresponde con los resultados de los informes requeridos por él para corroborar su hipótesis acusatoria”, añadió.
Complacencia.- Bejas cuestionó que el fiscal general afirmara “que se obstaculizaba su investigación”. “Lo antes expuesto en modo alguno supone obstaculizar y/o impedir la investigación; por el contrario, su sustanciación en el ámbito jurisdiccional correspondiente permite su regularidad procesal”, redactó. E instó a que las conductas del Ministerio Público estén en línea con “las garantías que hacen al debido proceso, y no en la simple complacencia de exigencias sociales sectorizadas”.
El juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, arribó a esas conclusiones en el caso que investigaba un presunto “blanqueo” del dinero destinado a las ayudas sociales legislativas, conocidas en la jerga parlamentaria como “gastos sociales”.
Además, en coincidencia con lo que había considerado en su dictamen el fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, Bejas dictó la incompetencia del fuero federal para entender en la pesquisa.
Por ello, remitió copias de las actuaciones a la Justicia provincial. El expediente será recibido por el fiscal de Instrucción en lo Penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, quien de aceptar la decisión del juez federal, incorporará la documentación a la causa por supuesto fraude y otros delitos en contra de la Administración Pública de Tucumán.
Bejas le dedicó también varios párrafos a la intervención del fiscal federal general, Antonio Gómez. En noviembre de 2015, sobre la base de una serie de publicaciones de LA GACETA sobre la ruta de las valijas, el representante del Ministerio Público había iniciado de oficio las actuaciones preliminares por un presunto lavado de activos. Entre otras observaciones, Bejas señaló que esa investigación inicial debió haber sido realizada por un fiscal federal de primera instancia (en este caso, Camuña). Y justificó su criterio citando fallos recientes de la Cámara Federal de Apelaciones.
Presupuesto ampliado
En septiembre del año pasado, sin darle publicidad a la medida, la Legislatura aprobó una ampliación de su presupuesto, que pasó de $ 959 millones a $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la destinada a “ayudas sociales a personas”, que aumentó el triple: de $ 156 millones a $ 505,6 millones.
Mediante fotos, registros bancarios y otros documentos, LA GACETA evidenció el traslado de esos fondos, en valijas y en un vehículo oficial, desde una sede bancaria hasta la Cámara. En cada maleta cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. En agosto, mes de las elecciones provinciales y de las PASO nacionales, salieron de la cuenta de las “ayudas sociales” más de $ 90 millones. En octubre, cuando se despidió la anterior conformación legislativa (presidida por el hoy gobernador Juan Manzur), el retiro de efectivo con valijas superó los $ 100 millones.
Luego de que este diario publicara las actuaciones preliminares iniciadas por Gómez, el ex vicepresidente 2° de la Legislatura, el peronista Manuel Fernández, se presentó ante Bejas para solicitarle la nulidad del proceso. Bejas rechazó esa parte del planteo, pero sí dispuso que el fiscal federal general le enviara el expediente por considerar que debía intervenir un fiscal federal de primera instancia. Gómez aceptó, pero cuestionó duramente la medida. Finalmente, la causa recayó en el despacho de Camuña, quien estaba de turno cuando tomó estado público la ruta de las valijas.
En diciembre, tras valorar las pruebas y pedir informes, el fiscal federal N° 2 emitió un dictamen en el que descartaba la hipótesis del lavado de activos. “Se trata de dineros aprobados y depositados de acuerdo a una ley de presupuesto, que había sido sancionada con anterioridad”, indicó Camuña. Aunque no desestimó la posible comisión de delitos contra el erario, aconsejó que ese trámite fuera llevado por la Justicia provincial.
Bejas señaló en el fallo que comparte “plenamente” la posición de Camuña respecto de la incompetencia del fuero federal. Dispuso la remisión de lo actuado al fiscal Navarro Dávila.
La Justicia Federal investiga otra causa por la ruta de las valijas. El fiscal federal N° 1, Carlos Brito, estudia una denuncia del peronista disidente Oscar López por una presunta evasión impositiva y otros delitos tributarios. La pesquisa -también bajo la órbita de Bejas- intentará determinar si los legisladores y funcionarios de la Cámara utilizaron los fondos para ayudas sociales a modo de salario, causándole un eventual perjuicio al fisco.
Postura.- En noviembre, tras la publicación en LA GACETA del caso de las valijas, el fiscal general Antonio Gómez abrió actuaciones preliminares por lavado de activos. El ex legislador Manuel Fernández planteó la nulidad del trámite ante el juez federal Bejas, quien negó ese pedido, pero indicó que el proceso debía continuar en manos de un fiscal federal de primera instancia. Gómez entregó el expediente, pero expresó duras críticas contra Bejas. “Celebro la celeridad con la que se actúa ante un planteo nulificante de quien ni siquiera es parte”, ironizó en su dictamen, en alusión a Fernández.
Consideraciones.- “Entiendo pertinente efectuar ciertas consideraciones sobre la actuación desplegada en esta causa por parte del fiscal general”, redactó el Bejas en el fallo- Agregó que cada magistrado debe cumplir un rol. “La presente causa es el ejemplo del inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien emitió en medios periodísticos mensajes poco claros o, al menos, que no se condicen con la realidad del caso que se lleva en el ámbito judicial. Esta postura se encuentra en pugna con principios basales de actuación de todo titular de la acción penal pública: confidencialidad, principio de objetividad, transparencia, ejercicio racional y ponderado del poder punitivo del Estado”.
“No resulta serio”.- “La línea investigativa del fiscal general parece haber partido de la equiparación del ‘uso de valijas cargadas de dinero con el delito de lavado de activos’, extremo que, huelga decir, no resulta serio o suficiente para presentar ese encuadre penal. Tampoco se corresponde con los resultados de los informes requeridos por él para corroborar su hipótesis acusatoria”, añadió.
Complacencia.- Bejas cuestionó que el fiscal general afirmara “que se obstaculizaba su investigación”. “Lo antes expuesto en modo alguno supone obstaculizar y/o impedir la investigación; por el contrario, su sustanciación en el ámbito jurisdiccional correspondiente permite su regularidad procesal”, redactó. E instó a que las conductas del Ministerio Público estén en línea con “las garantías que hacen al debido proceso, y no en la simple complacencia de exigencias sociales sectorizadas”.
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