29 Marzo 2016
CONSEJO SUPERIOR. Imagen de la sesión del martes pasado. LA GACETA / NATALIA VIOLA
Hoy, a partir de las 17, los miembros de las tres comisiones que conforman el Consejo Superior de la UNT analizarán un documento elaborado por un estudio de abogados, que trata sobre la conveniencia de que la Universidad asuma el rol de querellante en la Justicia Federal.
Este texto es un informe que realizó el estudio de abogados de Buenos Aires, Díaz Cantón, Sgro y asociados el año pasado. Fue a raíz de un pedido del rectorado. El documento de 24 páginas hace un repaso por la causa que se investiga en la Justicia Federal desde 2009 sobre el manejos de fondos provenientes de la empresa interestadual, YMAD.
"En dicha causa se investigan las conductas que habrían podido afectar el patrimonio estatal en virtud de las contrataciones por obras de infraestructura edilicia y servicios en la facultad de Derecho y de Filosofía y Letras, tramitadas por la Dirección General de Construcciones (...) financiadas con recursos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (Ymad)", contextualiza el informe.
Durante la primera sesión del Consejo Superior, el martes pasado. Se decidió enviar este texto para que las comisiones lo analizaran en conjunto y emitieran un dictamen. Ese dictamen marcará los pasos a seguir por el rectorado. Alicia Bardón, rectora de la UNT, dejó en claro durante la sesión que acataría lo que el Consejo Superior decidiera. Este órgano de gobierno tiene la facultad de decidir la asunción del rol de querellante en procesos penales (artículo 11, inciso 25 del Estatuto universitario).
En unos días, los seis imputados en la causa deberán prestar declaración ante el juez federal N°2, Fernando Poviña. Los delitos van desde desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública hasta malversación de fondos. Los acusados son: Alberto Cerisola, ex rector de la UNT y actual representante ante el directorio de YMAD; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado por la UCR; Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias (continúa trabajando en la UNT, pero en otra área); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. Entre las conclusiones, los abogados opinaron que al menos uno de los delitos "justifica suficientemente imputar a las ex autoridades señaladas".
Este texto es un informe que realizó el estudio de abogados de Buenos Aires, Díaz Cantón, Sgro y asociados el año pasado. Fue a raíz de un pedido del rectorado. El documento de 24 páginas hace un repaso por la causa que se investiga en la Justicia Federal desde 2009 sobre el manejos de fondos provenientes de la empresa interestadual, YMAD.
"En dicha causa se investigan las conductas que habrían podido afectar el patrimonio estatal en virtud de las contrataciones por obras de infraestructura edilicia y servicios en la facultad de Derecho y de Filosofía y Letras, tramitadas por la Dirección General de Construcciones (...) financiadas con recursos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (Ymad)", contextualiza el informe.
Durante la primera sesión del Consejo Superior, el martes pasado. Se decidió enviar este texto para que las comisiones lo analizaran en conjunto y emitieran un dictamen. Ese dictamen marcará los pasos a seguir por el rectorado. Alicia Bardón, rectora de la UNT, dejó en claro durante la sesión que acataría lo que el Consejo Superior decidiera. Este órgano de gobierno tiene la facultad de decidir la asunción del rol de querellante en procesos penales (artículo 11, inciso 25 del Estatuto universitario).
En unos días, los seis imputados en la causa deberán prestar declaración ante el juez federal N°2, Fernando Poviña. Los delitos van desde desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública hasta malversación de fondos. Los acusados son: Alberto Cerisola, ex rector de la UNT y actual representante ante el directorio de YMAD; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado por la UCR; Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias (continúa trabajando en la UNT, pero en otra área); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. Entre las conclusiones, los abogados opinaron que al menos uno de los delitos "justifica suficientemente imputar a las ex autoridades señaladas".
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