Opositores piden la emergencia en seguridad para la provincia

La Legislatura está en alerta amarilla por la inseguridad. Representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), del Peronismo del Bicentenario y del PRO plantearon ayer de manera conjunta un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en seguridad en todo el territorio provincial. Según el artículo 1° de la iniciativa, el objetivo es “prevenir y combatir la escalada de delitos que ponen en vilo a los habitantes de Tucumán”.

Entre otros puntos, se insta a la creación de un Comité de Emergencia en Seguridad. El texto prevé que el equipo sea integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo (entre ellos, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad); por magistrados del Poder Judicial y por el Ministerio Público Fiscal y Pupilar; por tres legisladores; por representantes de la Policía Provincial, de la Federal y de Gendarmería Nacional; por autoridades de los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí; y por expertos de la cátedra de Derecho de la UNT.

Ellos deberán abocarse “en forma urgente al estudio y el análisis de los factores que provocan la situación actual”. La idea es que en 60 días el Comité exponga un plan con “medidas concretas” y “establezca los lineamientos destinados a la planificación, coordinación de acciones con otros organismos del Estado y con las otras fuerzas que operan en la provincia”. Está contemplada también la eventual incorporación de organizaciones no gubernamentales que trabajen en el tema y puedan prestar colaboración.

“Los ciudadanos de Tucumán tienen la sensación de que la provincia es una zona liberada a favor de los delincuentes, y de que sus vidas y bienes no están protegidos por el Estado en la medida necesaria. La enorme cantidad de delitos que día a día informan los diarios y otros medios son sólo la punta de un iceberg que en su parte oculta multiplica por miles los hechos delictivos”, expresan los fundamentos del proyecto, que fue firmado por los radicales José Canelada (titular del bloque UCR), Eudoro Aráoz, Adela Estofán y Rubén Chebaia; por los peronistas disidentes Stella Maris Córdoba (jefa del Peronismo del Bicentenario), Christian Rodríguez, Alfredo Toscano y Silvio Bellomío; y por los macristas Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos) y Luis Brodersen (bloque PRO-A). Aunque también forman parte de la bancada radical que preside Canelada, Ariel García (vicepresidente 2° de la Cámara), Raúl Albarracín y Fernando Valdez no se adhirieron a la iniciativa, al menos por ahora.

Pedido de interpelación
Ayer, la Legislatura fue sede de un convenio firmado con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), que en esta etapa estará enfocado en alumnos de la carrera de Ciencias Políticas. Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Cámara, fue consultado por la prensa sobre la inseguridad en ese evento. “Este tema forma parte de nuestra política de Estado. Es donde más se invierte”, señaló Gassenbauer, ayer en ejercicio de la Vicegobernación por las ausencias de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Ante una consulta de este diario, no dio por seguro luego que el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, o el secretario del área, Paul Hofer, sean interpelados en el recinto como pidió la oposición. “Vamos a aportar lo posible. Nos estamos ocupando del tema”, dijo el legislador oficialista.

Javier Pucharras, titular de la comisión de Seguridad de la Cámara, contó que dialogó la semana pasada con Hofer y quedaron de acuerdo para que visite la Cámara con Amado y parte de la cúpula policial. “Quedamos en poner la fecha”, advirtió el oficialista, que lanzó cuenta con la experiencia de haber impulsado la Policía Municipal cuando fue intendente de Tafí Viejo. En ese sentido, advirtió que las medidas deben ser adoptadas en conjunto con el PE. “Se debe bajar un lineamiento político sobre todos los asuntos, que repercuta en el accionar de las fuerzas”, indicó.