27 Marzo 2016
López y Luna, en LA GACETA.
El municipio turístico de Tafí del Valle está abocado a los festejos por Semana Santa, con el intendente Manuel Jorge Yapura Astorga (FPV) a la cabeza. Según el dirigente Sebastián Luna (titular del partido Valles Calchaquíes) y el abogado Oscar López (ex candidato a legislador por el peronismo disidente), el jefe municipal no debería estar ejerciendo el cargo, a partir de la citación de la Justicia Provincial para una nueva indagatoria de Yapura Astorga por presunto enriquecimiento ilícito.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito penal, su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en auto la existencia de semiplena prueba de responsabilidad”, expresa la primera parte del artículo 44 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (N° 5.529/1983). Y agrega: “en caso de dictarse sentencia condenatoria, y una vez que esta quede firme, la destitución del Intendente procederá de pleno derecho”.
Luna, autor de la demanda contra Yapura Astorga -en conjunto con el edil Daniel Arnedo-, y López, abogado de ambos, sostienen que esa norma es suficiente para que el intendente sea separado momentáneamente. “No es necesario que el Concejo Deliberante ni organismo alguno efectúe alguna medida. Entendemos que se producen estos efectos de pleno derecho, en forma automática”, indicó el abogado y dirigente peronista.
Ambos visitaron ayer LA GACETA y aportaron documentos referidos a la nueva instancia procesal. Luna, que no fue candidato en las elecciones pasadas pero dirige un partido municipal, relató que sus sospechas comenzaron en 2012, al año siguiente del arribo de Yapura Astorga a la Intendencia.
Según relató, en ese entonces su padre, Ramón Luna, trabajaba en el Concejo Deliberante, y él le prestaba colaboración. “Empezamos a ver diferentes maniobras en la Municipalidad con respecto a compras e informes que no eran compatibles con las rendiciones que llegaban al Concejo. Las planillas presupuestarias que recibíamos cada trimestre contenían montos muy elevados. Entonces empezamos a sospechar que algo no andaba bien”, relató Luna.
Aseguró que, a lo largo de los años, fueron recolectando documentación que sirvió de indicio para la demanda contra el intendente. “Por ejemplo, averiguamos que el miniservice ‘Floppy III’, de Nerina Mustafá, pasó de tener una facturación de $ 20.000 a $ 1 millón mensual. Y en un lugar como Tafí del Valle es imposible mantener ese volumen de ventas en un almacén”, señaló. Y agregó: “ella empezó a adquirir campos; el hijo del intendente, Jorge Yapura Astorga, compró un Mercedes Benz C250 Blue. Todo eso fue quedando a la vista de los vecinos. Pero entiendo que no muchos quieran hablar. No es fácil denunciar a un intendente”.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito penal, su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en auto la existencia de semiplena prueba de responsabilidad”, expresa la primera parte del artículo 44 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (N° 5.529/1983). Y agrega: “en caso de dictarse sentencia condenatoria, y una vez que esta quede firme, la destitución del Intendente procederá de pleno derecho”.
Luna, autor de la demanda contra Yapura Astorga -en conjunto con el edil Daniel Arnedo-, y López, abogado de ambos, sostienen que esa norma es suficiente para que el intendente sea separado momentáneamente. “No es necesario que el Concejo Deliberante ni organismo alguno efectúe alguna medida. Entendemos que se producen estos efectos de pleno derecho, en forma automática”, indicó el abogado y dirigente peronista.
Ambos visitaron ayer LA GACETA y aportaron documentos referidos a la nueva instancia procesal. Luna, que no fue candidato en las elecciones pasadas pero dirige un partido municipal, relató que sus sospechas comenzaron en 2012, al año siguiente del arribo de Yapura Astorga a la Intendencia.
Según relató, en ese entonces su padre, Ramón Luna, trabajaba en el Concejo Deliberante, y él le prestaba colaboración. “Empezamos a ver diferentes maniobras en la Municipalidad con respecto a compras e informes que no eran compatibles con las rendiciones que llegaban al Concejo. Las planillas presupuestarias que recibíamos cada trimestre contenían montos muy elevados. Entonces empezamos a sospechar que algo no andaba bien”, relató Luna.
Aseguró que, a lo largo de los años, fueron recolectando documentación que sirvió de indicio para la demanda contra el intendente. “Por ejemplo, averiguamos que el miniservice ‘Floppy III’, de Nerina Mustafá, pasó de tener una facturación de $ 20.000 a $ 1 millón mensual. Y en un lugar como Tafí del Valle es imposible mantener ese volumen de ventas en un almacén”, señaló. Y agregó: “ella empezó a adquirir campos; el hijo del intendente, Jorge Yapura Astorga, compró un Mercedes Benz C250 Blue. Todo eso fue quedando a la vista de los vecinos. Pero entiendo que no muchos quieran hablar. No es fácil denunciar a un intendente”.
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