Seis horas duró la primera sesión del año del Consejo Superior (HCS) de la UNT que fue presidida por la rectora, Alicia Bardón. Desde las 17.15 hasta pasadas las 23 los consejeros abordaron la orden del día y los asuntos entrados, muchos de los cuales generaron roces, acusaciones verbales y mucho malestar. Los fondos de YMAD, el llamado a indagatoria al ex rector, Alberto Cerisola y el convenio por el cual en 2008 la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades mineras sirvieron para que no se resolviera lo que para un sector de los consejeros debía ser el núcleo central de la sesión: definir si la UNT debe actuar como querellante -o no- en la Justicia federal.
La votación inicial que determinó que la mayor parte de los asuntos entrados se tratara al final fue clave. Hubo cruces entre los que insistían que eran temas de relevancia institucional, por lo tanto debían discutirse al comienzo. “¡Es escandaloso! Usted debe defender los intereses de la UNT”, se escuchó decir a la decana de Derecho, Adela Seguí, dirigiéndose a la rectora. Muchos habían sido presentados por el consejero del estamento de egresados, Ricardo Cisneros, y abordaban la cuestión de YMAD. Pero recién comenzaron a debatirse después de las 20, cuando los ánimos ya no eran los mismos.
El primer asunto fue un proyecto de resolución presentado por Cisneros, a quien se le achacó la extensión y las pretensiones de la iniciativa. Incluía el pedido para que Bardón se expresara sobre la necesidad de concurrir o no a la Justicia; un pedido para que informe las acciones llevadas a cabo por el Rectorado acerca de la pretensión de recuperar el 20% de las utilidades mineras; y otro para conocer cómo se controló que lo recibido desde 2006 haya cumplido con el porcentaje estipulado por la ley, entre otros puntos.
¡Con este proyecto te esmerás en quedarte sin quórum!, lo increpó desde la otra punta de la mesa, la decana de Bioquímica, Silvia González. Las intervenciones de ese tenor fueron constantes, algunos hasta terminaron de pie.
Comprensión de textos
Gran parte del debate dio vueltas alrededor del artículo 3 de la resolución 2.162 presentado en octubre del año pasado, que ya había pasado por el Consejo. Este resolvía que la rectora debía iniciar “sin demoras” las tratativas antes el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ante YMAD para informarles que habían declarado “irregular” el convenio firmado por el ex rector Cerisola.
Este acuerdo data de enero de 2008 y fue a través del cual la UNT dejó de recibir el 20% de las utilidades mineras y se daba por concluida la Ciudad Universitaria. El plazo establecido en el artículo 3 era de 120 días, por lo que uno de los consejeros entendió que como ya se habían cumplido, el paso siguiente era definir si se iba a la Justicia federal o no.
Pero la rectora se aferró a una parte del artículo que decía que de esas tratativas debían participar representantes del Consejo Superior y de Asuntos Jurídicos. Como la comisión no se había constituido, entonces, no había nada que reclamarle.
Entre quejas, se terminó votando quiénes acompañarían a Bardón: los tres presidentes de las comisiones, la decana de Derecho y un representante del estamento estudiantil. La presencia de Seguí incomodó a un grupo de decanos y a la propia rectora. La decana viene batallando contra el rectorado por los puntos docentes y, además, es una de las que sostiene que la UNT debe querellar porque es la principal afectada en las causas que se tramitan en la Justicia federal. Con más de cuatro horas encima no había espacio para eufemismos. “La realidad es gravísima. ¿Cómo puede ser que quiera seguir dilatando y que no vaya a la Justicia? No lo quiere hacer porque fue vicerrectora de Cerisola”, le dijo Seguí a Bardón. Bardón se defendió diciendo que si el Consejo Superior lo decidía, ella estaba dispuesta a ir, pero que habría que contemplar el gasto que eso significaría para la Universidad.
Querella: sí o no
Seis horas no fueron suficientes para definir esto. La rectora recordó que a fines de 2015 contrató al estudio Díaz Cantón, Sgro y asociados, de Buenos Aires para que se expresara sobre la conveniencia de ser o no querellantes. La conclusión fue que era conveniente que lo hiciera y que la decisión estaba en manos del Consejo Superior.
Para un grupo la noticia de la existencia de este informe fue una novedad, pese a que había pasado por una de las comisiones y parte ya había sido publicado por LA GACETA. Pero se acordó que sería remitido a todos los consejeros. Desde un sector de la mesa, un consejero gritó que lo sucedido era un tomada de pelos.
Cerca de las 22.30 recién el estamento estudiantil pudo plantear sus reclamos. Pero a esa altura, la mayoría de los consejeros ya había dado por finalizada su participación, así que el debate no prosperó. Tampoco, entonces, se resolvió si la UNT será querellante en la causa judicial por los fondos mineros.
Reclamo estudiantil
No hubo quórum para discutir los proyectos presentados sobre tablas
El estamento estudiantil, representado por sus consejeros, se quedó sin quórum para tratar cuatro temas que presentaron sobre tablas: el otorgamiento de las becas estudiantiles de 2015, el funcionamiento del comedor universitario, la actualización de los haberes de los becarios y un pedido de informe sobre las acciones que la UNT está llevando a cabo para reparar el pasivo ambiental en esta etapa de cierre de la explotación de Minera Alumbrera. Según manifestaron, el año pasado la UNT abrió la convocatoria para becas, seleccionó a los beneficiarios pero nunca depositó el dinero. “No hay plata”, fue una de las respuestas que la rectora le dio a Facundo Arias, consejero estudiantil.
Canal 10
Un consejero presentó un proyecto para que la UNT reclame el 30% expropiado
La conmemoración del golpe de Estado del 76 no estuvo ausente durante la primera sesión. Como homenaje, al comienzo, con un minuto de silencio y unas palabras de la rectora. Se podría decir que fue el único instante de paz que tuvo la sesión. Luego se lo abordó a raíz de un proyecto de resolución del consejero del estamento de egresados, Ricardo Cisneros, que versaba acerca de la expropiación del 30% de canal 10 a manos de la provincia durante el proceso y el pedido de que la UNT reclamara ese porcentaje. “Queremos demostrar que la expropiación fue para encubrir crímenes de lesa humanidad”, dijo. El tema fue apoyado por el estamento estudiantil, pero se votó que pasara a Asuntos Jurídicos para su análisis.