22 Marzo 2016
Con la crisis judicial y la impunidad como principales temas en la agenda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, recibió ayer a Alberto Lebbos. Entre otras solicitudes, el referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán le pidió al funcionario nacional que realice gestiones para que la causa por el asesinato de su hija Paulina llegue a juicio oral.
“Le pedí ayuda para que no pasen otros 10 años y la causa quede impune. Que intervenga para que avance el caso, sin violar las garantías y derechos de los imputados”, afirmó Lebbos, quien estuvo acompañado de Roxana Teves, imputada en la causa penal que derivó en la renuncia del ex fiscal Guillermo Herrera. En la reunión también estuvo el titular del Plan Belgrano, el tucumano José Cano.
Tanto Lebbos como Teves le manifestaron al ministro que son víctimas del vínculo entre el poder político y un sector del fuero penal. En especial, apuntaron contra el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
“Garavano se mostró altamente preocupado por el deterioro institucional que hay en la provincia y, en especial, en la Justicia penal”, indicó el padre de Paulina, estudiante de Ciencias de la Comunicación que fue asesinada en febrero del 2006 y cuyo crimen permanece impune. Además, agregó: “el recibimiento del ministro nos llena de expectativas ya que en anteriores ocasiones sólo recibimos desprecio y malos tratos. Estuvimos 10 años golpeando puertas sin que nos atendieran”.
Una de las propuestas que surgió en la reunión, según contó Juan Andrés Robles, abogado defensor de Teves, es la creación de una Oficina de Lucha por la Calidad Institucional en Tucumán. “La nueva dependencia surgiría a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Plan Belgrano”, explicó.
Garavano también se comprometió en gestionar ante el Gobierno de Juan Manzur para que se reglamenten y pongan en vigencia las leyes de Protección de Testigos (N° 7.860) y de Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones (N° 8.267).
“Le pedí ayuda para que no pasen otros 10 años y la causa quede impune. Que intervenga para que avance el caso, sin violar las garantías y derechos de los imputados”, afirmó Lebbos, quien estuvo acompañado de Roxana Teves, imputada en la causa penal que derivó en la renuncia del ex fiscal Guillermo Herrera. En la reunión también estuvo el titular del Plan Belgrano, el tucumano José Cano.
Tanto Lebbos como Teves le manifestaron al ministro que son víctimas del vínculo entre el poder político y un sector del fuero penal. En especial, apuntaron contra el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
“Garavano se mostró altamente preocupado por el deterioro institucional que hay en la provincia y, en especial, en la Justicia penal”, indicó el padre de Paulina, estudiante de Ciencias de la Comunicación que fue asesinada en febrero del 2006 y cuyo crimen permanece impune. Además, agregó: “el recibimiento del ministro nos llena de expectativas ya que en anteriores ocasiones sólo recibimos desprecio y malos tratos. Estuvimos 10 años golpeando puertas sin que nos atendieran”.
Una de las propuestas que surgió en la reunión, según contó Juan Andrés Robles, abogado defensor de Teves, es la creación de una Oficina de Lucha por la Calidad Institucional en Tucumán. “La nueva dependencia surgiría a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Plan Belgrano”, explicó.
Garavano también se comprometió en gestionar ante el Gobierno de Juan Manzur para que se reglamenten y pongan en vigencia las leyes de Protección de Testigos (N° 7.860) y de Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones (N° 8.267).
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