21 Marzo 2016
La crisis por la que atraviesa el Poder Judicial tucumano volverá a merodear por los despachos nacionales. Esta tarde, a las 18, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, recibirá a una comitiva de esta provincia encabezada por Alberto Lebbos.
El padre de Paulina, la joven asesinada hace 10 años y cuyo crimen permanece impune, se entrevistará con el funcionario de Mauricio Macri en compañía de Roxana Teves, imputada en una causa que lleva su apellido. La fiscala Adriana Giannoni imputó a Teves, a dos de sus hijos y a su nuera, y a Miguel Albarracín por los delitos que estos supuestamente perpetraron en contra de Augusto Severini, empresario fallecido en septiembre de 2009. La causa había generado en los tribunales un conflicto institucional, y derivado en una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre los expedientes del jubilado fiscal Guillermo Herrera que había objetado el Colegio de Abogados, entre ellos, “Teves-Albarracín”. Esa fiscalización, ratificada en su momento por Juana Prieto, fiscala de Cámara a cargo de instruir un sumario contra Herrera, detectó abundantes irregularidades en el trámite de la causa.
Por este conflicto, antes Garavano ya había recibido a Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital); al ministro público Edmundo Jiménez y a vocales de la Corte Suprema de Justicia. También la senadora nacional por Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, había planteado ante el ministro su preocupación por la crisis judicial tucumana. “Vengo a pedirle que sus ojos se posen allí, que lo ponga dentro de su agenda y que ayude para que esto se pueda resolver a la brevedad”, le había planteado la radical a Garavano durante una audiencia en el Congreso nacional.
El padre de Paulina, la joven asesinada hace 10 años y cuyo crimen permanece impune, se entrevistará con el funcionario de Mauricio Macri en compañía de Roxana Teves, imputada en una causa que lleva su apellido. La fiscala Adriana Giannoni imputó a Teves, a dos de sus hijos y a su nuera, y a Miguel Albarracín por los delitos que estos supuestamente perpetraron en contra de Augusto Severini, empresario fallecido en septiembre de 2009. La causa había generado en los tribunales un conflicto institucional, y derivado en una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre los expedientes del jubilado fiscal Guillermo Herrera que había objetado el Colegio de Abogados, entre ellos, “Teves-Albarracín”. Esa fiscalización, ratificada en su momento por Juana Prieto, fiscala de Cámara a cargo de instruir un sumario contra Herrera, detectó abundantes irregularidades en el trámite de la causa.
Por este conflicto, antes Garavano ya había recibido a Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital); al ministro público Edmundo Jiménez y a vocales de la Corte Suprema de Justicia. También la senadora nacional por Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, había planteado ante el ministro su preocupación por la crisis judicial tucumana. “Vengo a pedirle que sus ojos se posen allí, que lo ponga dentro de su agenda y que ayude para que esto se pueda resolver a la brevedad”, le había planteado la radical a Garavano durante una audiencia en el Congreso nacional.
Lo más popular
