16 Marzo 2016
EN LA MIRA. La charla fue grabada por el juez Sérgio Moro, quien coordina los procesos vinculados al caso de corrupción en Petrobras.
CURITIBA Y BRASILIA.- Un audio dado a conocer por la Justicia brasileña sugiere que la presidenta, Dilma Rousseff, podría haber nombrado como ministro a su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva para evitar que sea arrestado.
En un diálogo que mantuvieron ayer y que fue grabado con autorización del juez Sérgio Moro, quien coordina los procesos vinculados al caso de corrupción en Petrobras, la mandataria le dice a Lula que le enviará el documento oficial (acta) en el que lo designa ministro, lo que le confiere el privilegio de los fueros, para que “lo use en caso de necesidad” si es que la Policía se presenta a detenerlo.
“Te estoy enviando (...) un papel para que lo tengas y lo uses solo en caso de necesidad, es el ‘término de posesión’”, le dice Rousseff al ex mandatario.
El “término de posesión” es el documento que oficializa la designación de una persona para un cargo público, en este caso, hace oficial la nominación de Lula.
Con ese fuero, Lula, investigado por corrupción dentro de la Operación Lava Jato (Petrobras), sólo puede ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, en vez de por el juez Moro, su enemigo declarado.
Pinchadura
La filtración de la llamada telefónica cayó como una bomba en Brasil, porque indica que la decisión de incluir a Lula en el equipo de Gobierno era una forma de protegerlo de los embates de la Justicia. Rousseff aseguró que el nombramiento era una decisión exclusivamente política.
La charla entre los dos políticos del Partido de los Trabajadores (PT) tuvo lugar a las 13:30 del miércoles (hora Brasilia).
Apenas 20 minutos después, el Palacio del Planalto anunció oficialmente el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil (un puesto similar al de primer ministro o superministro).
La filtración de la llamada constituye una dura ofensiva de los investigadores de la Operación Lava Jato contra el Gobierno. Es también una señal de que la guerra política en Brasil se recrudece. El abogado de Lula ha acusado a los investigadores de provocar una “convulsión social”.
Las sospechas Lula está denunciado penalmente por la Fiscalía del Estado de San Pablo por los delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero, vinculados a un inmueble que habría recibido como pago por “favores” hechos a una constructora vinculada a los fraudes en Petrobras. Los fiscales de San Pablo solicitaron, además, la prisión preventiva del ex presidente.
En un diálogo que mantuvieron ayer y que fue grabado con autorización del juez Sérgio Moro, quien coordina los procesos vinculados al caso de corrupción en Petrobras, la mandataria le dice a Lula que le enviará el documento oficial (acta) en el que lo designa ministro, lo que le confiere el privilegio de los fueros, para que “lo use en caso de necesidad” si es que la Policía se presenta a detenerlo.
“Te estoy enviando (...) un papel para que lo tengas y lo uses solo en caso de necesidad, es el ‘término de posesión’”, le dice Rousseff al ex mandatario.
El “término de posesión” es el documento que oficializa la designación de una persona para un cargo público, en este caso, hace oficial la nominación de Lula.
Con ese fuero, Lula, investigado por corrupción dentro de la Operación Lava Jato (Petrobras), sólo puede ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, en vez de por el juez Moro, su enemigo declarado.
Pinchadura
La filtración de la llamada telefónica cayó como una bomba en Brasil, porque indica que la decisión de incluir a Lula en el equipo de Gobierno era una forma de protegerlo de los embates de la Justicia. Rousseff aseguró que el nombramiento era una decisión exclusivamente política.
La charla entre los dos políticos del Partido de los Trabajadores (PT) tuvo lugar a las 13:30 del miércoles (hora Brasilia).
Apenas 20 minutos después, el Palacio del Planalto anunció oficialmente el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil (un puesto similar al de primer ministro o superministro).
La filtración de la llamada constituye una dura ofensiva de los investigadores de la Operación Lava Jato contra el Gobierno. Es también una señal de que la guerra política en Brasil se recrudece. El abogado de Lula ha acusado a los investigadores de provocar una “convulsión social”.
Las sospechas Lula está denunciado penalmente por la Fiscalía del Estado de San Pablo por los delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero, vinculados a un inmueble que habría recibido como pago por “favores” hechos a una constructora vinculada a los fraudes en Petrobras. Los fiscales de San Pablo solicitaron, además, la prisión preventiva del ex presidente.
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