A menos que una eventual apelación prospere, Carlos Albaca será juzgado por los presuntos delitos que perpetró mientras debía investigar el homicidio impune de Paulina Lebbos. La decisión de someter a juicio a un ex miembro del Ministerio Público fue adoptada por Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción N°4, el viernes pasado. Ese magistrado imputó al ex fiscal N°2 la posible comisión de los delitos de incumplimiento del deber de promover la represión en 10 oportunidades y de encubrimiento agravado respecto de sus actos en “Lebbos”, caso que controló entre el 20 de abril de 2006 y el 5 de junio de 2013. El juzgamiento era reclamado por Alberto Lebbos, padre de la víctima, a quien Albaca impidió todo acceso al expediente.
La resolución del juez Pérez acoge el requerimiento de elevación a juicio que había formulado Juana Prieto de Sólimo, fiscala de Cámara N°3. Y rechaza los planteos de recusación y nulidad; la oposición al pedido de Prieto de Sólimo y la solicitud de sobreseimiento que había deducido el defensor Manuel Pedernera. “Esta causa tiene origen en la Acordada 412/2014 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, donde, por el voto de la mayoría (Antonio Gandur, René Goane y Antonio Estofán), requiere el inicio de la investigación jurisdiccional para determinar la responsabilidad de Albaca”, recordó el magistrado (José Cano, entonces diputado nacional de la UCR, también había radicado una denuncia). En ese momento, Albaca todavía era titular de la Fiscalía N°2 de esta capital, pero ya había presentado la renuncia que le permitió jubilarse con el beneficio del 82% móvil el 31 de julio de 2014. Junto con él y también alcanzado por las críticas por el manejo del caso “Lebbos”, se jubiló con el mismo régimen Luis De Mitri, ex jefe de los fiscales y defensores oficiales.
Pérez manifestó que la Acordada 412/14 era consecuencia del sumario administrativo abierto por la Corte y cuya instrucción estuvo en manos de Marta Jerez de Rivadeneira, fiscala de Cámara N°2. Esta investigación interna se remonta, a su vez, al informe crítico que elaboró Bernardo Lobo Bugeau en su carácter de abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Gracias a la intervención de Lobo Bugeau, Albaca fue sustituido por el fiscal Diego López Ávila (N°4) y Alberto Lebbos pudo por fin tomar contacto con el expediente que tramitaba en secreto en la Fiscalía N°2.
El juez relató el desarrollo de la investigación de Prieto de Sólimo, que contrastó con López Ávila las deficiencias señaladas por la Corte y advertidas en el expediente principal. El 19 de noviembre, el ex fiscal N°2 regresó a los Tribunales para declarar como imputado.
Pérez consideró que el trabajo de Prieto de Sólimo estaba ajustado a derecho. Esta fiscala cuestionó 11 acciones y omisiones de Albaca. Entre ellos, describió pruebas técnicas y estudios científicos que no habrían sido practicados; sospechosos que no habrían sido indagados y pistas que habrían sido dejadas de lado. Respecto de la imputación de encubrimiento, Prieto de Sólimo dijo que Albaca “a sabiendas y conscientemente no había realizado durante siete años los estudios de ADN” de los cabellos encontrados en el cuerpo de Paulina y que esto habría coadyuvado a la pérdida de material importante para detectar perfiles genéticos. Pese a que durante el sumario Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinada y se refirió a su intrepidez sexual, ayer prefirió guardar silencio. El defensor Pedernera anticipó que apelará la resolución de Pérez.
El fracaso de la prueba de ADN fue determinante para el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador José Alperovich, y de Sergio Kaleñuk, hijo de Juan Alberto Kaleñuk, quien fue secretario privado del mandatario mencionado y falleció en enero. La semana pasada y en paralelo al caso “Albaca”, Carlos Sale, fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones, terminó de desvincular a Alperovich (h) y a Kaleñuk respecto del encubrimiento de la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
El expediente principal también está a un paso de ser sometido a juicio. La acusación de López Ávila alcanza al ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; al ex subjefe de Policía, Luis Nicolás Barrera; al ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella y al policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. Roberto Gómez, el único imputado en prisión preventiva, “cayó” porque habría usado el celular de la víctima luego de que esta desapareciese.
LOS OTROS FISCALES
ALEJANDRO NOGUERA
Fue el primer fiscal que investigó el crimen de Paulina Lebbos. Sin embargo, quedó apartado de la causa poco tiempo después, el 20 de abril de 2006. Ese día LA GACETA publicó una fotografía donde se lo veía saliendo de la casa del entonces gobernador, José Alperovich, la noche anterior.
DIEGO LÓPEZ ÁVILA
En 2013, la Nación le encargó a Bernardo Lobo Bugeau que revisara la causa. El informe final fue lapidario y, cuando se hizo público, Albaca renunció. El caso pasó a manos de López Ávila, quien pidió que los encargados de la seguridad de la Provincia fueran juzgados por el encubrimiento del crimen.
Respuestas para entender el caso
¿Cómo llegó la causa “Lebbos” a Albaca?
En marzo de 2006, la Corte lo designó para que dirigiera la investigación luego de que separara a su par Alejandro Noguera de la causa.
¿Cuánto tiempo investigó el caso?
Albaca estuvo al frente de la investigación poco más de siete años. Fue desplazado en junio de 2013 luego de que Bernardo Lobo Bugeau cuestionase su trabajo.
¿Logró avances en la causa?
Para esclarecer el caso, no. Pidió colaboración al FBI y recurrió a imágenes satelitales, pero jamás consiguió ni siguió una pista firme.
¿Nunca hizo nada por el expediente?
Lo único destacado fue haber enviado a juicio a los policías de Raco por encubrimiento y por haber fraguado las actas del hallazgo del cuerpo de Paulina.
¿Cómo se calificó su trabajo?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de un informe de Lobo Bugeau, dijo que tuvo una “morosidad escandalosa”.
¿Qué pasó después?
Albaca fue acorralado por las denuncias penales y los pedidos de destitución. Se jubiló en 2014, pero no pudo evitar ser investigado por su labor en el caso.
¿Quién sale beneficiado con este fallo?
Alberto Lebbos sin lugar a dudas. Sumó una prueba más de que existieron maniobras que impidieron el esclarecimiento del crimen de su hija.