10 Marzo 2016
Carlos Albaca
Así como fue uno de los fiscales con más experiencia, con el correr de los años Carlos Albaca se transformó en un investigador que generaba polémica. Desarrolló su trabajo durante más de 20 años al frente de la fiscalía II de Instrucción Penal.
Albaca fue designado durante el Gobierno de Ramón Ortega para integrar el plantel de investigadores que debía poner en marcha el entonces modernísimo Código Procesal Penal, sancionado en 1991. Presentó su renuncia en diciembre de 2013, acorralado por las denuncias y por un pedido de juicio político, acusado de mal desempeño en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
En sus primeros tiempos, los policías lo recuerdan como un fiscal decidido y corajudo. “Muchas veces él encabezaba los allanamientos. No tenía problemas en ‘patear’ la puerta de los ranchos cuando estábamos en un caso picante”, recuerda un ex jefe de la Dirección General de Investigaciones que pidió que su nombre se mantuviera en reserva.
“Carli” o “Charls”, como lo llamaban en los pasillos de Tribunales, siempre esquivó el contacto con la prensa. Le gustaba mantener el perfil bajo, sobre todo en los casos complejos, como el de Paulina Lebbos.
También es recordado por no haber encontrado a un culpable por el crimen del policía Juan Andrés Salinas, ocurrido en 1993. El oficial fue acribillado por desconocidos cuando se encontraba en su auto particular charlando con Ángel “Mono” Ale. La causa, por su inacción, terminó prescribiendo.
Otro caso polémico fue la denuncia del legislador Ariel García contra Sergio Mansilla. Lo acusó de no haber controlado el envío de balances correspondientes al año 2006 en el 90% de las comunas de la provincia. Albaca recibió la causa de manos de otro ex fiscal, Guillermo Herrera, y no citó a ningún funcionario.
Sus pares, que se negaron hacer declaraciones sobre su situación procesal, lo describieron como una persona humilde, siempre dispuesto a dar consejos y ofrecer su casa de Raco para que Antonio Estofán cocinara una paella para todos los investigadores. Esa fue una sede habitual para las reuniones informales.
En medio de la polémica, seis meses después de haber renunciado, Albaca recibió una buena noticia: la Anses le había concedido la jubilación con el 82% móvil.
Albaca fue designado durante el Gobierno de Ramón Ortega para integrar el plantel de investigadores que debía poner en marcha el entonces modernísimo Código Procesal Penal, sancionado en 1991. Presentó su renuncia en diciembre de 2013, acorralado por las denuncias y por un pedido de juicio político, acusado de mal desempeño en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
En sus primeros tiempos, los policías lo recuerdan como un fiscal decidido y corajudo. “Muchas veces él encabezaba los allanamientos. No tenía problemas en ‘patear’ la puerta de los ranchos cuando estábamos en un caso picante”, recuerda un ex jefe de la Dirección General de Investigaciones que pidió que su nombre se mantuviera en reserva.
“Carli” o “Charls”, como lo llamaban en los pasillos de Tribunales, siempre esquivó el contacto con la prensa. Le gustaba mantener el perfil bajo, sobre todo en los casos complejos, como el de Paulina Lebbos.
También es recordado por no haber encontrado a un culpable por el crimen del policía Juan Andrés Salinas, ocurrido en 1993. El oficial fue acribillado por desconocidos cuando se encontraba en su auto particular charlando con Ángel “Mono” Ale. La causa, por su inacción, terminó prescribiendo.
Otro caso polémico fue la denuncia del legislador Ariel García contra Sergio Mansilla. Lo acusó de no haber controlado el envío de balances correspondientes al año 2006 en el 90% de las comunas de la provincia. Albaca recibió la causa de manos de otro ex fiscal, Guillermo Herrera, y no citó a ningún funcionario.
Sus pares, que se negaron hacer declaraciones sobre su situación procesal, lo describieron como una persona humilde, siempre dispuesto a dar consejos y ofrecer su casa de Raco para que Antonio Estofán cocinara una paella para todos los investigadores. Esa fue una sede habitual para las reuniones informales.
En medio de la polémica, seis meses después de haber renunciado, Albaca recibió una buena noticia: la Anses le había concedido la jubilación con el 82% móvil.
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