05 Marzo 2016
A la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) no le sentó bien que Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, defendiese el dictamen que emitió en la causa “Brito”. “No sé qué es lo que no entiende Noguera. Si no sabe qué son los sobreprecios de obras; las facturas truchas; los choripaneros empresarios; las empresas fantasmas y los trabajos no realizados, con gusto le puedo preparar unas diapositivas y explicárselo”, retrucó la parlamentaria de Cambiemos y denunciante de Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) del Gobierno de José Alperovich.
Elías de Pérez reprochó que Noguera se haya opuesto -su opinión no es vinculante- a elevar a juicio oral y público la causa “Brito” (la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción tramita desde hace un año y medio el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia que envió el caso al debate). “El fiscal dictaminó que el pedido de enjuiciamiento penal no era un relato sencillo y de fácil comprensión. Yo no tengo problema de explicar a Noguera cuáles de todas las pruebas acumuladas en la causa configuran un delito. Es más, podemos hacer que los alumnos de primer año de Derecho se lo expliquen”, insistió.
El jueves, Noguera se comunicó con este diario para recordar que él había rechazado el sobreseimiento de Brito y para defender su posición. Según el dictamen que emitió hace un año, no había pruebas para desincriminar al ex director de la DAU, pero la causa tampoco estaba en condiciones de ser elevada a juicio oral y público (sería el primer debate de supuestos hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Alperovich). El representante del Ministerio Público había sostenido la necesidad de que el caso regresase a la Fiscalía de Arnoldo Suasnábar para que se investigue la presunta red de cómplices de Brito.
A finales del mes pasado, trascendió que la Cámara de Apelaciones se aprestaba a definir la situación del ex funcionario alperovichista y bussista. Integran ese tribunal los jueces Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone. La filtración de detalles sobre el trámite del proceso generó incluso un conflicto interno en la Cámara, que dio pie a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a solicitar un informe relativo al manejo de los tiempos. Previamente y en aras de constatar las fechas de los pasos procesales, Albo había exigido al secretario Mario Visuara (fedatario) que tomara declaración testimonial a David Cohen, el relator que había trabajado en el caso “Brito”. Esa orden irritó a Pedicone, quien sostuvo que era irrazonable, autoritaria e ilegítima, y que Albo no tenía ni competencia ni potestad para disponerla.
Elías de Pérez reprochó que Noguera se haya opuesto -su opinión no es vinculante- a elevar a juicio oral y público la causa “Brito” (la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción tramita desde hace un año y medio el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia que envió el caso al debate). “El fiscal dictaminó que el pedido de enjuiciamiento penal no era un relato sencillo y de fácil comprensión. Yo no tengo problema de explicar a Noguera cuáles de todas las pruebas acumuladas en la causa configuran un delito. Es más, podemos hacer que los alumnos de primer año de Derecho se lo expliquen”, insistió.
El jueves, Noguera se comunicó con este diario para recordar que él había rechazado el sobreseimiento de Brito y para defender su posición. Según el dictamen que emitió hace un año, no había pruebas para desincriminar al ex director de la DAU, pero la causa tampoco estaba en condiciones de ser elevada a juicio oral y público (sería el primer debate de supuestos hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Alperovich). El representante del Ministerio Público había sostenido la necesidad de que el caso regresase a la Fiscalía de Arnoldo Suasnábar para que se investigue la presunta red de cómplices de Brito.
A finales del mes pasado, trascendió que la Cámara de Apelaciones se aprestaba a definir la situación del ex funcionario alperovichista y bussista. Integran ese tribunal los jueces Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone. La filtración de detalles sobre el trámite del proceso generó incluso un conflicto interno en la Cámara, que dio pie a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a solicitar un informe relativo al manejo de los tiempos. Previamente y en aras de constatar las fechas de los pasos procesales, Albo había exigido al secretario Mario Visuara (fedatario) que tomara declaración testimonial a David Cohen, el relator que había trabajado en el caso “Brito”. Esa orden irritó a Pedicone, quien sostuvo que era irrazonable, autoritaria e ilegítima, y que Albo no tenía ni competencia ni potestad para disponerla.
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