El ciclo vicioso de la violencia

Lucía Cid Ferreyra - Socióloga

Este viernes 26 de febrero la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, de Tucumán, junto a todos aquellos que han comprendido la importancia  de la lucha contra un grave mal que nos afecta, salen a manifestarse una vez más  al cumplirse 10 años del asesinato impune de la joven madre y estudiante universitaria Paulina Lebbos.

Este “mal” se llama impunidad; pero no se trata de una enfermedad que puede remediarse con un tratamiento específico. Se trata de un fenómeno propio de una estructura social caracterizada por una gran desigualdad social que en su lógico y regresivo desarrollo derivó, en nuestro tiempo, en una notable degradación de las instituciones sociales.

A propósito de las instituciones, una encuesta probabilística domiciliaria efectuada a 200 habitantes de San Miguel de Tucumán realizada en el año pasado (en el marco de un proyecto financiado por el Infojus – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) muestra altísimos niveles de desconfianza de los ciudadanos hacia ellas.

Consultados sobre cuánta confianza les genera las siguientes instituciones a nivel local, y pudiendo optar entre “total confianza”, “mucha”, “algo”, “poca” o “ninguna confianza”, encontramos que tienen  “poca” o “ninguna confianza” en la Legislatura el 70,5% de los entrevistados, en la policía el 72%, en el gobierno provincial el 73% y en la Justicia el 74%. La categoría “ninguna confianza”  no baja de 40% en ninguna de estas instituciones, siendo la Justicia la que menos confianza genera: 47,5% manifiesta tener “ninguna confianza” en ella.

Estos datos son algo peores a los encontrados 10 años antes (2005) mediante otra encuesta que abarcó 800 casos en esta ciudad.¿Cómo convive el ciudadano con esta degradación institucional? ¿Cómo conviven las víctimas con la impunidad? La respuesta no parece difícil: se vive, o se sobrevive, con sufrimiento. También se muere prematuramente, en medio al dolor.  La ausencia de justicia nos devuelve un problema básico de la convivencia social: el del ciclo vicioso de la venganza (o de la violencia) que ha caracterizado algunas sociedades primitivas.

La civilización ha creado un sistema de justicia que vino a cumplir la función de racionalizar la venganza, impidiendo que se desate la violencia interminable. Remplazando la venganza privada, el sistema judicial pasa a tener el monopolio de la violencia liberando a las víctimas o sus parientes del deber y ansias de venganza. El sistema de justicia canaliza así el conflicto hacia una solución definitiva y satisfactoria. ¿Pero qué ocurre cuando no se arriba a esa solución? ¿Cómo sanar el dolor por el daño sufrido?Investigaciones recientes en el campo de la neurobiología han demostrado que la agresividad no es un instinto natural del ser humano, contrariamente a lo que se ha creído durante largo tiempo.

Se ha demostrado que la agresividad es un programa de conducta reactivo ante el dolor, el cual puede ser tanto físico como psíquico. Las injusticias, las humillaciones sociales y la desigualdad causan dolor psíquico cuya respuesta neuronal es la agresividad; y esta última tiene la facultad de desplazarse de su objetivo originario a otros objetivos. O sea, la etiología de la agresividad y la violencia hay que buscarla no en el alma humana, sino en los sistemas sociales donde reina el egoísmo, la desigualdad, la injusticia y la impunidad.

Entonces, frente a la ineficacia y descaso del Estado ante el sufrimiento de las víctimas, o frente al incumplimiento del derecho humano de protección judicial, la reacción puede derivar en venganza privada (desatando la violencia) como ha ocurrido en casos de linchamientos y de justicia por mano propia. O puede asumir la forma de lucha colectiva y organizada, que es la respuesta más saludable y promisoria, la que permite vislumbrar la posibilidad de un cambio en medio de una sociedad que muchas veces se habitúa a tolerar lo intolerable. El sufrimiento psíquico, si no es canalizado en forma constructiva y superadora, como en la movilización colectiva organizada, deviene en agresividad destructiva o tal vez autodestructiva.

Por último y no menos importante es aclarar que el reclamo por impunidad no implica una deriva punitivista, que sólo puede generar más injusticia y violencia. Muy por el contario, el sistema judicial, y toda la sociedad, deben luchar por la efectivización de todos los derechos humanos -económicos, sociales, culturales, políticos y civiles (que incluye  el derecho a la protección judicial y acceso a la justicia)- a fin de lograr una convivencia social mucho más armoniosa. Para ello se requiere también de la creación de dispositivos legítimos de control, por parte de los ciudadanos, sobre el funcionamiento de todas las instituciones sociales.