16 Febrero 2016
CRITICADO. El Colegio de Abogados pide auditorias en el Ministerio. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)
La crisis por la que atraviesa el Poder Judicial tucumano deriva en inseguridad jurídica y en inseguridad personal. Así lo afirmó el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Edmundo Jiménez.
El magistrado tiene previsto viajar a Buenos Aires para reunirse el jueves con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en el marco de la convocatoria realizada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina.
“Seguramente se analizará la crisis y la situación de cada provincia, porque cada uno de los representantes hará la exposición de rigor. De todos modos, lo más importante no pasa sólo por el diagnóstico y análisis de la situación, sino por trabajar y buscar el apoyo de la nación, y así acercar a nuestra provincia los elementos necesarios; software por ejemplo, para optimizar nuestro trabajo”, afirmó.
El ex funcionario de José Alperovich afronta severos cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Capital y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidades que solicitaron a la Corte una auditoría en el Ministerio Público para investigar supuestas irregularidades expuestas por el camarista Enrique Pedicone en una causa penal que implica al ex fiscal Guillermo Herrera.
Jiménez admitió ayer en un contacto con la prensa que existe una crisis en la Justicia. “La conocen todos, los abogados, los litigantes y la sociedad en general. Se traduce en una inseguridad jurídica, por un lado, y en una inseguridad personal, por otro. Es una cuestión que siempre nos está marcando el camino y las necesidades que tenemos, como así también las tares que debemos realizar. Por eso, buscamos acercar propuestas, proyectos y tareas comunes para que salgamos de esta situación. Esta es la propuesta desde el Ministerio Público: trabajemos porque la gente necesita respuestas”, expresó.
De todas formas, el ministro público aseveró que esta situación no es patrimonio exclusivo del fuero penal. “Desde hace siete años están en emergencia los fueros laboral, contencioso administrativo, civil, de documentos y locaciones. Las Salas fueron declaradas en emergencia. Hoy, en los fueros civiles tenemos ocho jueces y nueve camaristas. Así es imposible atender el reclamo y la atención. A esta crisis la padecen todos. Los abogados están quedando sin fuentes de trabajo. Me decía un colega abogado que son pocos los que quedan en la profesión y que muchos están buscando otras alternativas”, graficó
En Buenos Aires, mañana será el turno de la reunión de los consejos nacionales y, el jueves a las 11, con Garavano. “Hay que ser optimistas. Si trabajamos juntos vamos a revertir esta situación y vamos a poner la justicia como se merece. Vamos a darle una respuesta a la sociedad. Por eso estoy convocando a todos a que aunemos esfuerzos y acerquemos ideas”, cerró.
El magistrado tiene previsto viajar a Buenos Aires para reunirse el jueves con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en el marco de la convocatoria realizada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina.
“Seguramente se analizará la crisis y la situación de cada provincia, porque cada uno de los representantes hará la exposición de rigor. De todos modos, lo más importante no pasa sólo por el diagnóstico y análisis de la situación, sino por trabajar y buscar el apoyo de la nación, y así acercar a nuestra provincia los elementos necesarios; software por ejemplo, para optimizar nuestro trabajo”, afirmó.
El ex funcionario de José Alperovich afronta severos cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Capital y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidades que solicitaron a la Corte una auditoría en el Ministerio Público para investigar supuestas irregularidades expuestas por el camarista Enrique Pedicone en una causa penal que implica al ex fiscal Guillermo Herrera.
Jiménez admitió ayer en un contacto con la prensa que existe una crisis en la Justicia. “La conocen todos, los abogados, los litigantes y la sociedad en general. Se traduce en una inseguridad jurídica, por un lado, y en una inseguridad personal, por otro. Es una cuestión que siempre nos está marcando el camino y las necesidades que tenemos, como así también las tares que debemos realizar. Por eso, buscamos acercar propuestas, proyectos y tareas comunes para que salgamos de esta situación. Esta es la propuesta desde el Ministerio Público: trabajemos porque la gente necesita respuestas”, expresó.
De todas formas, el ministro público aseveró que esta situación no es patrimonio exclusivo del fuero penal. “Desde hace siete años están en emergencia los fueros laboral, contencioso administrativo, civil, de documentos y locaciones. Las Salas fueron declaradas en emergencia. Hoy, en los fueros civiles tenemos ocho jueces y nueve camaristas. Así es imposible atender el reclamo y la atención. A esta crisis la padecen todos. Los abogados están quedando sin fuentes de trabajo. Me decía un colega abogado que son pocos los que quedan en la profesión y que muchos están buscando otras alternativas”, graficó
En Buenos Aires, mañana será el turno de la reunión de los consejos nacionales y, el jueves a las 11, con Garavano. “Hay que ser optimistas. Si trabajamos juntos vamos a revertir esta situación y vamos a poner la justicia como se merece. Vamos a darle una respuesta a la sociedad. Por eso estoy convocando a todos a que aunemos esfuerzos y acerquemos ideas”, cerró.
Lo más popular
