31 Enero 2016
El hallazgo de marihuana en una camioneta conducida por el legislador Emiliano Vargas Aignasse hizo resurgir el reclamo por el cumplimiento de la Ley N° 7240. Referentes del peronismo disidente exigieron a las autoridades provinciales que apliquen la norma, que establece como condición para ocupar cargos de relevancia en los tres poderes del Estado la realización de un estudio de detección de drogas.
“Por razones jamás explicadas, esa normativa no se ejecuta. Tener la certeza de que el gobernador y su Gabinete, los legisladores, los jueces y las fuerzas de seguridad no son consumidores de drogas generaría la cohesión necesaria para tener mejores posibilidades de terminar con el flagelo del narcotráfico”, aseveraron mediante un comunicado Julio Díaz Lozano, Oscar Sarrulle, Florencio Aceñolaza, José del Pero, José Nadef, Mario Saracho, Edgardo Rocha, Rubén Palacio y Eduardo Yocca.
La llamada “Ley de Rinoscopías” fue sancionada en 2001 y promulgada en 2002. Fija como requisito para la permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública “el carecer de adicción a las drogas”. Sin embargo, nunca fue aplicada.
En abril de 2014, el ex legislador José Páez (Democracia Cristiana) acudió a la Justicia debido a la mora del Poder Ejecutivo en su cumplimiento. En esa oportunidad, parlamentarios de la oposición y del oficialismo se realizaron -en forma particular- el estudio de detección de drogas en la orina (DDO).
En septiembre de ese año, en tanto, los entonces legisladores Gerónimo Vargas Aignasse (Frente Renovador) y Raúl Hadla (PJ) se retaron públicamente a mostrar su patrimonio y el resultado de un test antidrogas.
Detención y polémica
Durante la madrugada del martes, el peronista Vargas Aignasse intentó evadir un control caminero en Santiago del Estero y fue detenido tras una persecución. En la camioneta Hilux blanca que manejaba, los policías encontraron 40 gramos de marihuana. Según fuentes judiciales, el legislador aseguró que la droga era para consumo personal.
El incidente policial generó la reacción de distintas bancadas enfrentadas al peronismo, desde donde se exigió que la Cámara sancione al hermano de la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.
Los referentes peronistas del Grupo Convicciones consideraron grave que Vargas Aignasse haya admitido que consume drogas, debido a que implica un supuesto vínculo entre él y traficantes de drogas.
“Existe una verdad irrefutable: no se puede combatir el tráfico de drogas con funcionarios que, por complicidad o vulnerabilidad por ser adictos, son complacientes con el tráfico de estupefacientes. Es natural preguntarse: ¿un consumidor a quién le compra? Detrás del adicto está siempre un integrante de la cadena de narcotráfico”, aseveraron.
“No es la primera vez que se prueba la connivencia de funcionarios públicos, con importantes responsabilidades en los poderes del Estado, con este tipo de actividades”, agregaron.
“Por razones jamás explicadas, esa normativa no se ejecuta. Tener la certeza de que el gobernador y su Gabinete, los legisladores, los jueces y las fuerzas de seguridad no son consumidores de drogas generaría la cohesión necesaria para tener mejores posibilidades de terminar con el flagelo del narcotráfico”, aseveraron mediante un comunicado Julio Díaz Lozano, Oscar Sarrulle, Florencio Aceñolaza, José del Pero, José Nadef, Mario Saracho, Edgardo Rocha, Rubén Palacio y Eduardo Yocca.
La llamada “Ley de Rinoscopías” fue sancionada en 2001 y promulgada en 2002. Fija como requisito para la permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública “el carecer de adicción a las drogas”. Sin embargo, nunca fue aplicada.
En abril de 2014, el ex legislador José Páez (Democracia Cristiana) acudió a la Justicia debido a la mora del Poder Ejecutivo en su cumplimiento. En esa oportunidad, parlamentarios de la oposición y del oficialismo se realizaron -en forma particular- el estudio de detección de drogas en la orina (DDO).
En septiembre de ese año, en tanto, los entonces legisladores Gerónimo Vargas Aignasse (Frente Renovador) y Raúl Hadla (PJ) se retaron públicamente a mostrar su patrimonio y el resultado de un test antidrogas.
Detención y polémica
Durante la madrugada del martes, el peronista Vargas Aignasse intentó evadir un control caminero en Santiago del Estero y fue detenido tras una persecución. En la camioneta Hilux blanca que manejaba, los policías encontraron 40 gramos de marihuana. Según fuentes judiciales, el legislador aseguró que la droga era para consumo personal.
El incidente policial generó la reacción de distintas bancadas enfrentadas al peronismo, desde donde se exigió que la Cámara sancione al hermano de la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.
Los referentes peronistas del Grupo Convicciones consideraron grave que Vargas Aignasse haya admitido que consume drogas, debido a que implica un supuesto vínculo entre él y traficantes de drogas.
“Existe una verdad irrefutable: no se puede combatir el tráfico de drogas con funcionarios que, por complicidad o vulnerabilidad por ser adictos, son complacientes con el tráfico de estupefacientes. Es natural preguntarse: ¿un consumidor a quién le compra? Detrás del adicto está siempre un integrante de la cadena de narcotráfico”, aseveraron.
“No es la primera vez que se prueba la connivencia de funcionarios públicos, con importantes responsabilidades en los poderes del Estado, con este tipo de actividades”, agregaron.
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