Un escuadrón de Gendarmería y sumar policías, las prioridades de Regino Amado

Repasa que bajo su responsabilidad se encuentran áreas como la de Gobierno y Justicia, el Registro Civil, el IPLA y las secretarías de Trabajo, de Derechos Humanos y de Transporte. Afirma, sin embargo, que la que lo desvela es una sola: la de Seguridad. Regino Amado está desde hace dos meses a la cabeza del Ministerio más grande del Poder Ejecutivo, el de Gobierno, Justicia y Seguridad. En diálogo con LA GACETA, el funcionario efectuó un balance del tiempo que lleva en el cargo.

“El primer gran desafío era pasar diciembre. Teníamos temores, como los vecinos. Implementamos el programa Felices Fiestas y cumplió con los objetivos. Pasamos las Fiestas sin tensión. Ayudaron los mensajes de diversos sectores para que no haya conflictividad, como los de la Iglesia o del mismo Gobierno. También descomprimió el anuncio de la ayuda extra de $4.000”, consideró. Expresó que las prioridades en materia de seguridad son la lucha contra el narcotráfico y la prevención.

- ¿Qué le diría a los vecinos que sienten miedo por los hechos de inseguridad?

- La seguridad me preocupa y me estoy ocupando, con todo el equipo. Vamos a tratar de que se recupere la confianza en la Policía. Quienes sufren la inseguridad deben denunciar. Detrás de cada denuncia hay un mecanismo que se mueve para planificar y para que la Justicia investigue. Es bueno aclarar que la seguridad no depende sólo de un ministerio ni de la Policía, sino de la interacción con los otros poderes del Estado. Por otro lado, muchas veces damos con quienes delinquen y entran por una puerta y salen por la otra. Eso tiene que ver con la adecuación de las leyes que se necesita y a lo mejor el Poder Judicial necesita leyes más exigentes.

- Había hecho hincapié al asumir en el estado de las comisarías...

- Rige una ley de emergencia edilicia en seguridad, salud y educación. Manzur cuando fue ministro de la Nación nos ayudó mucho en salud y durante el gobierno de Alperovich se hicieron centenas de escuelas. Lo pendiente son las comisarías y el gobernador nos respalda en esta tarea. Estamos haciendo un relevamiento con la Justicia e incorporaremos al arquitecto Franco Morelli para que se haga cargo. La mayoría son casas adaptadas y no reúnen las condiciones. La cárcel, por otro lado, tiene casi 100 años y no recibió el mantenimiento necesario. En junio o julio se terminará una unidad, para 200 internos, y esto descomprimirá los detenidos en comisarías.

- ¿Aún permanecen detenidos en las comisarías? Hay un fallo que advierte sobre esa situación...

- En algunas sí, en las otras no. Necesitamos mayor capacidad en las cárceles. Se pidió a la Nación dos nuevas, una para hombres y otra para mujeres. Con la cantidad de habitantes de Tucumán, necesitaríamos una de 2.500 sólo para hombres. Villa Urquiza pasaría a ser una alcaidía.

- ¿Qué más le pidió a la Nación?

- Tuve reuniones fructíferas con fuerzas nacionales y los resultados se verán a largo plazo. Con Gendarmería avanzamos, y ya comunicamos a la Nación, para que se radique un escuadrón en Capitán Cáceres, Monteros. Por ley, ya se cedió un edificio. La idea es que 150 hombres puedan hacer controles en las rutas nacionales para evitar el tráfico de drogas, vehículos robados y mercadería ilegal. En el Consejo de Seguridad se habló mucho de la lucha contra el narcotráfico. También el Presidente Mauricio Macri hace hincapié en eso. Creemos que si tenemos herramientas y personal capacitado de fuerzas nacionales para estas operaciones, en coordinación con la policía provincial, podría ser mejor la situación. Para actuar se necesita también ordenes de la Justicia federal. Tenemos sólo dos fiscales y una fiscalía general. Es poco, pero existe voluntad de colaboración y de otorgar los permisos de allanamiento cuando la investigación sea seriamente desarrollada.

- ¿Qué Policía quiere?

- Queremos una Policía capacitada, comprometida y con vocación de servicio. No queremos que ingresen personas sólo porque necesitan empleo. No es una tarea cualquiera, exponen sus vidas por proteger bienes y ciudadanos. En mi primer mensaje a la plana mayor, le dije que pueden contar conmigo como uno más del equipo, para escucharlos y solucionar sus problemas. También hay, como en todos lados, quienes no cumplen su tarea con decoro. Esas personas serán separadas y pagarán en la Justicia lo que deban. No hay contemplaciones. La prevención es clave y para eso necesitamos más efectivos. Hay 8.000 y, de acuerdo con la cantidad de habitantes y en comparación con otras provincias, necesitamos de 2.000 a 3.000 incorporaciones en estos cuatro años. Esto va acompañado con la recuperación de vehículos (hay 800 móviles) y la tecnología, porque el tipo de delitos se diversificó.

- ¿Evalúa cambios en Seguridad?

- Por ahora no. Pero siempre estamos observando. Todos estamos trabajando y tratando de hacer lo mejor. Si alguien no lo hace, se tendrá que ir o lo tendremos que desplazar.

- En años anteriores hubo conflictos salariales con la fuerza, ¿cómo abordará esta situación?

- El salario del empleado público en general tuvo una recuperación en los últimos años. No creo que tengamos inconvenientes. Tendremos muy presente lo que se negocie a nivel nacional en los próximos arreglos. Dependemos también de la Coparticipación, porque hubo medidas en la Nación que condicionan la llegada de dinero.

- ¿Cómo prevé que serán las paritarias?

- Hay números que desde distintos gremios se barajan como posibles pedidos. Desde el Gobierno nacional se dice que la inflación rondaría el 25%. Podemos tratar algunos puntos con reivindicaciones locales, pero dependemos de la Nación.

- Los gremios reclaman dos paritarias anuales ¿Es posible?

- Podría ser, dependerá de indicadores como la inflación. Las paritarias estarán entre el 25% el 35%, según los gremios.

Dos proyectos

El ministerio trabaja en dos proyectos de ley. Uno es el de “Alcoholemia 0”, para aportar a la prevención de accidentes por conductores borrachos. Prevé que ya no se permita ni la más mínima ingesta de bebidas si se estará al volante. El otro es el que instalaría controles en estaciones de servicios para que no se venda combustible a motociclistas sin patente, documentación o casco.