10 Enero 2016
La pregunta del congresista a un funcionario del gobierno de Barack Obama fue bastante directa: ¿cuántos extranjeros se quedan después de que vence su visa cada año? La respuesta también fue simple, pero para nada satisfactoria. “No sabemos”, contestó.
El intercambio se produjo entre el representante republicano por Carolina del Norte, Mark Meadows, y Alan Bersin, secretario asistente para relaciones internacionales del Departamento de Seguridad Interna. El diálogo resalta lo que algunas autoridades del orden público llaman una debilidad crítica en el programa estadounidense de visas.
El tema ha adquirido mayor urgencia como parte de un examen amplio de la política de inmigración después del tiroteo en San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas y 22 fueron heridas. A Tashfin Malik, una de los atacantes, se le permitió la entrada a Estados Unidos con una visa K-1, también conocida como la visa de la prometida. Su esposo, Syed Rizwan Faruk, era ciudadano nacido en Estados Unidos. Ambos murieron en una balacera con la Policía. Si bien Malik no se quedó más tiempo del debido, el ataque añadió temores de que un terrorista podría explotar las lagunas del sistema.
Hace casi 20 años, el Congreso aprobó una ley por la cual se ordena al Gobierno federal que elabore un sistema para rastrear a las personas que se quedan más tiempo del autorizado. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se entendía que tener un mecanismo de rastreo de entradas y salidas era una herramienta vital de seguridad nacional y contraterrorismo. Para fortalecer esa posición se mencionó que Satam al Sugami y Nawaf al Hazmi, dos de los secuestradores que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, se quedaron en el país y cometieron el atentado después de vencerse sus visas.
Desde entonces se han gastado millones de dólares en el esfuerzo, pero los funcionarios sólo pueden estimar aproximadamente la cantidad de personas que están ilegalmente en Estados Unidos por quedarse al vencimiento de la visa. Se responsabiliza a la falta de tecnología para realizar la recopilación de datos más avanzada, como el escaneo del iris; a la resistencia de las líneas aéreas y del sector del turismo debido al costo; y a las preguntas sobre la utilidad de rastrear a las personas que salen del país como una medida de contraterrorismo.
Algunos expertos también notan que una cantidad considerable de quienes se han quedado después del vencimiento de la visa son empleados altamente calificados que llegan en el programa H-1B o son estudiantes extranjeros.
A muchos miembros del Congreso y a algunas autoridades les preocupa que los terroristas pudieran explotar el programa de visas porque EEUU no recopila información biométrica en forma rutinaria (huellas digitales, escaneo del iris y fotografías que se pueden usar para el reconocimiento fácil) de las personas que salen del país. Casi tres docenas de países, incluidos muchos de Europa, Asia y África, recopilan esa información.
En un informe de hace tres años de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, se dice que el Departamento de Seguridad Interna tenía más de un millón de expedientes de llegadas “sin par”, es decir, que no podían chequearse contra otra información que mostrara que los individuos habían salido del país.
Los aeropuertos y las aerolíneas se han resistido a un sistema porque les costaría U$S 3.000 millones, según estimaciones de 2013.
El intercambio se produjo entre el representante republicano por Carolina del Norte, Mark Meadows, y Alan Bersin, secretario asistente para relaciones internacionales del Departamento de Seguridad Interna. El diálogo resalta lo que algunas autoridades del orden público llaman una debilidad crítica en el programa estadounidense de visas.
El tema ha adquirido mayor urgencia como parte de un examen amplio de la política de inmigración después del tiroteo en San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas y 22 fueron heridas. A Tashfin Malik, una de los atacantes, se le permitió la entrada a Estados Unidos con una visa K-1, también conocida como la visa de la prometida. Su esposo, Syed Rizwan Faruk, era ciudadano nacido en Estados Unidos. Ambos murieron en una balacera con la Policía. Si bien Malik no se quedó más tiempo del debido, el ataque añadió temores de que un terrorista podría explotar las lagunas del sistema.
Hace casi 20 años, el Congreso aprobó una ley por la cual se ordena al Gobierno federal que elabore un sistema para rastrear a las personas que se quedan más tiempo del autorizado. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se entendía que tener un mecanismo de rastreo de entradas y salidas era una herramienta vital de seguridad nacional y contraterrorismo. Para fortalecer esa posición se mencionó que Satam al Sugami y Nawaf al Hazmi, dos de los secuestradores que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, se quedaron en el país y cometieron el atentado después de vencerse sus visas.
Desde entonces se han gastado millones de dólares en el esfuerzo, pero los funcionarios sólo pueden estimar aproximadamente la cantidad de personas que están ilegalmente en Estados Unidos por quedarse al vencimiento de la visa. Se responsabiliza a la falta de tecnología para realizar la recopilación de datos más avanzada, como el escaneo del iris; a la resistencia de las líneas aéreas y del sector del turismo debido al costo; y a las preguntas sobre la utilidad de rastrear a las personas que salen del país como una medida de contraterrorismo.
Algunos expertos también notan que una cantidad considerable de quienes se han quedado después del vencimiento de la visa son empleados altamente calificados que llegan en el programa H-1B o son estudiantes extranjeros.
A muchos miembros del Congreso y a algunas autoridades les preocupa que los terroristas pudieran explotar el programa de visas porque EEUU no recopila información biométrica en forma rutinaria (huellas digitales, escaneo del iris y fotografías que se pueden usar para el reconocimiento fácil) de las personas que salen del país. Casi tres docenas de países, incluidos muchos de Europa, Asia y África, recopilan esa información.
En un informe de hace tres años de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, se dice que el Departamento de Seguridad Interna tenía más de un millón de expedientes de llegadas “sin par”, es decir, que no podían chequearse contra otra información que mostrara que los individuos habían salido del país.
Los aeropuertos y las aerolíneas se han resistido a un sistema porque les costaría U$S 3.000 millones, según estimaciones de 2013.
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