07 Enero 2016
El tiempo de conflicto entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad capitalina finalizó. Al menos así lo dejaron entrever en el entorno del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. En el edificio de 9 de Julio y Lavalle aguardan a que se concreten las reuniones para resolver las desavenencias por las deudas cruzadas entre la intendencia y la Provincia, pero con una condición: que el potencial plan de pago no se utilice como una herramienta para condicionar la gestión.
“No le rehuimos al diálogo, pero siempre que sea fructífero y sincero, no una forma de querer reestablecer sistemas de condicionamiento político”, expresó Walter Berarducci, secretario de Gobierno municipal. El funcionario aclaró que es fundamental que se sostengan las reuniones entre equipos técnicos de ambas administraciones para equiparar las deudas y conocer cuáles son las obligaciones de cada parte.
Las deudas entre la Provincia y la Municipalidad fueron uno de los elementos centrales de la ruptura política y posterior enemistad política entre los ex mandatarios José Alperovich (actual senador) y Domingo Amaya (hoy secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación).
Desde el Poder Ejecutivo (PE) promovieron en las últimas semanas una mesa de diálogo con técnicos de ambas administraciones, encabezada por el titular de Interior, Miguel Acevedo. “No hay intención de ahogar financieramente a la Municipalidad. Hay voluntad de arreglo de nuestra parte”, había dicho el ministro de Economía, Eduardo Garvich.
De acuerdo a los cálculos oficiales de la Provincia, la deuda que mantiene la municipalidad con el PE alcanza los $ 500 millones, de los cuales $ 268 millones son exigibles. En 2015, en pleno año electoral, entre febrero y noviembre la Provincia le retuvo $ 35 millones por mes a las arcas municipales para saldar una de las deudas. Desde la Municipalidad habían criticado duramente la medida. A su vez, remarcan que la conciliación de los despachos de economía debe considerar una compensación. Desde la secretaría de Hacienda capitalina sostienen que la provincia le adeuda alrededor de $ 280 millones por el Fondo de Financiamiento Educativo, además de otros $ 10 millones por la Sociedad Aguas de Tucumán.
Berarducci insistió en la importancia de que se acerquen posiciones para discernir la deuda entre las partes, para que el vecino conozca la realidad institucional. “En base a ello, se analizarán las formas de pago, que esperamos que sean igualitarias, sostenidas y sustentables; que no se transforme en otra cosa, como hizo (José) Alperovich, que la convirtió (a la refinanciación) en una herramienta de condicionamiento, para intentar amordazar a una institución”, explicó.
Las expectativas municipales están puestas en lograr un acuerdo para pagar la deuda similar al que la Provincia pactó con la Nación, con una refinanciación a 20 años. “Lo mínimo que le corresponde a la ciudadanía de San Miguel de Tucumán es el trato igualitario que le dio la Nación a la Provincia. No vamos a permitir que el pago de la deuda sea una forma de condicionamiento, ni una mordaza política para la institución municipal”, subrayó.
“No le rehuimos al diálogo, pero siempre que sea fructífero y sincero, no una forma de querer reestablecer sistemas de condicionamiento político”, expresó Walter Berarducci, secretario de Gobierno municipal. El funcionario aclaró que es fundamental que se sostengan las reuniones entre equipos técnicos de ambas administraciones para equiparar las deudas y conocer cuáles son las obligaciones de cada parte.
Las deudas entre la Provincia y la Municipalidad fueron uno de los elementos centrales de la ruptura política y posterior enemistad política entre los ex mandatarios José Alperovich (actual senador) y Domingo Amaya (hoy secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación).
Desde el Poder Ejecutivo (PE) promovieron en las últimas semanas una mesa de diálogo con técnicos de ambas administraciones, encabezada por el titular de Interior, Miguel Acevedo. “No hay intención de ahogar financieramente a la Municipalidad. Hay voluntad de arreglo de nuestra parte”, había dicho el ministro de Economía, Eduardo Garvich.
De acuerdo a los cálculos oficiales de la Provincia, la deuda que mantiene la municipalidad con el PE alcanza los $ 500 millones, de los cuales $ 268 millones son exigibles. En 2015, en pleno año electoral, entre febrero y noviembre la Provincia le retuvo $ 35 millones por mes a las arcas municipales para saldar una de las deudas. Desde la Municipalidad habían criticado duramente la medida. A su vez, remarcan que la conciliación de los despachos de economía debe considerar una compensación. Desde la secretaría de Hacienda capitalina sostienen que la provincia le adeuda alrededor de $ 280 millones por el Fondo de Financiamiento Educativo, además de otros $ 10 millones por la Sociedad Aguas de Tucumán.
Berarducci insistió en la importancia de que se acerquen posiciones para discernir la deuda entre las partes, para que el vecino conozca la realidad institucional. “En base a ello, se analizarán las formas de pago, que esperamos que sean igualitarias, sostenidas y sustentables; que no se transforme en otra cosa, como hizo (José) Alperovich, que la convirtió (a la refinanciación) en una herramienta de condicionamiento, para intentar amordazar a una institución”, explicó.
Las expectativas municipales están puestas en lograr un acuerdo para pagar la deuda similar al que la Provincia pactó con la Nación, con una refinanciación a 20 años. “Lo mínimo que le corresponde a la ciudadanía de San Miguel de Tucumán es el trato igualitario que le dio la Nación a la Provincia. No vamos a permitir que el pago de la deuda sea una forma de condicionamiento, ni una mordaza política para la institución municipal”, subrayó.
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