06 Enero 2016
El primer cimbronazo en el cambio de mando en las intendencias y comunas ocurrió en Concepción: 470 empleados que habían sido cesanteados por la gestión del intendente Roberto Sánchez (ApB) sitiaron la sede de la Intendencia durante el 9 y 10 de noviembre. A causa del sitio, Sánchez y varios de sus funcionarios permanecieron la noche en vela en el segundo piso de la Municipalidad.
La crisis se había generado luego de que ex el intendente Osvaldo Morelli, en sus últimos meses de gestión, nombrara por decreto a casi 500 empleados en planta permanente. Al asumir, Sánchez procedió a anular los decretos argumentando que éstos, de acuerdo a informes de la dirección Recursos Humanos, Contaduría General y el Departamento de Asesoría Letrada, no tenían acreditado los requisitos legales exigidos. La decisión generó malestar y un grueso grupo de manifestantes se convocó para quemar cubiertas en la principal paseo céntrico.
En el segundo día de protestas, desde Casa de Gobierno se brindó apoyo para con el ex legislador: acudieron a la Perla del Sur el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana, Regino Amado, junto con el secretario de Seguridad, Paul Hofer, el jefe de policía, Dante Bustamante, y el titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge Jiménez.
Finalmente, esa noche, voceros de los trabajadores y funcionarios de Casa de Gobierno acordaron una salida al conflicto. El convenio contemplaba que 110 empleados (con más de seis años de antigüedad) fueran incorporados a planta permanente de Concepción, mientras que otros 110 trabajadores serían incorporados a diferentes dependencias provinciales. En tanto, los restantes 220 empleados pasarían a desempeñarse con contratos temporarios o como monotributistas.
La Justicia había ordenado la detención de 11 manifestantes, por pedido del fiscal Jorge Echayde.
La crisis se había generado luego de que ex el intendente Osvaldo Morelli, en sus últimos meses de gestión, nombrara por decreto a casi 500 empleados en planta permanente. Al asumir, Sánchez procedió a anular los decretos argumentando que éstos, de acuerdo a informes de la dirección Recursos Humanos, Contaduría General y el Departamento de Asesoría Letrada, no tenían acreditado los requisitos legales exigidos. La decisión generó malestar y un grueso grupo de manifestantes se convocó para quemar cubiertas en la principal paseo céntrico.
En el segundo día de protestas, desde Casa de Gobierno se brindó apoyo para con el ex legislador: acudieron a la Perla del Sur el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana, Regino Amado, junto con el secretario de Seguridad, Paul Hofer, el jefe de policía, Dante Bustamante, y el titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge Jiménez.
Finalmente, esa noche, voceros de los trabajadores y funcionarios de Casa de Gobierno acordaron una salida al conflicto. El convenio contemplaba que 110 empleados (con más de seis años de antigüedad) fueran incorporados a planta permanente de Concepción, mientras que otros 110 trabajadores serían incorporados a diferentes dependencias provinciales. En tanto, los restantes 220 empleados pasarían a desempeñarse con contratos temporarios o como monotributistas.
La Justicia había ordenado la detención de 11 manifestantes, por pedido del fiscal Jorge Echayde.
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