05 Enero 2016
BUENOS AIRES.- La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, decretó ayer la baja de 2.035 designaciones políticas que realizó su antecesor en el Senado, Amado Boudou, y creó una comisión revisora especial de máximo nivel que analizará en un plazo máximo de 120 días la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones del último año.
“El objetivo de la medida es garantizar el pago de los salarios, ya que si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de $ 570 millones”, precisa un comunicado.
A su vez, el escrito resalta: “el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores y puso en crisis, además, el presupuesto para 2016”.
Michetti, que además del comunicado oficial del Senado difundió la decisión por las redes sociales, efectuó la baja a través de un decreto. Las designaciones políticas decididas por su antecesor habían sido tomadas a través de tres decretos, dos del 26 de enero y uno del 3 de noviembre de 2015.
Comisión revisora
La medida tomada por Michetti se complementa con la creación de una comisión revisora especial integrada por el senador Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
Esta comisión analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión del ex vicepresidente, Julio Cobos, explica el comunicado, que añade que la baja de los más de 2.000 contratos cuenta con el apoyo de las distintas bancadas.
“Una barbaridad”
En tanto, el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, afirmó ayer que es una barbaridad la decisión de la vicepresidenta Michetti y advirtió que el sindicato que representa va a luchar hasta las últimas consecuencias para que no se concreten los despidos.
“Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de 2.000 familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir”, enfatizó el dirigente sindical.
Di Próspero sostuvo que es un gran error de la política de Estado del oficialismo y pidió al Gobierno nacional que se saque la careta.
“Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión, donde no figura ninguno de los gremios, para investigar si hay gente que trabajo o no y dan de baja estos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan”, afirmó.
Además, Di Próspero sostuvo: “tienen que tener fundamentos para decir que en el Senado hay 2.000 ñoquis. Hace dos días, la vicepresidenta le pagó a los más de 2.000 compañeros despedidos, cuando lo que tendría que haber hecho era denunciarlos a la justicia si realmente son ñoquis”.
“Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias”, remató el dirigente.
Además, Di Próspero anticipó que recurrirán a la Justicia para frenar la decisión de rescindir los contratos firmados por su antecesor, Boudou, entre enero y noviembre del año pasado.
“Lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”, reveló Di Próspero. Según el secretario general de APL, el gremio más numeroso de los tres que representan a los trabajadores legislativos junto con ATE y UPCN, hay que ver los fundamentos del decreto. La vicepresidenta ya había avisado el mes pasado que iba a reducir la planta de personal, pero no sin antes consultar con los líderes de las diferentes bancadas. (DyN-Télam)
“El objetivo de la medida es garantizar el pago de los salarios, ya que si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de $ 570 millones”, precisa un comunicado.
A su vez, el escrito resalta: “el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores y puso en crisis, además, el presupuesto para 2016”.
Michetti, que además del comunicado oficial del Senado difundió la decisión por las redes sociales, efectuó la baja a través de un decreto. Las designaciones políticas decididas por su antecesor habían sido tomadas a través de tres decretos, dos del 26 de enero y uno del 3 de noviembre de 2015.
Comisión revisora
La medida tomada por Michetti se complementa con la creación de una comisión revisora especial integrada por el senador Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
Esta comisión analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión del ex vicepresidente, Julio Cobos, explica el comunicado, que añade que la baja de los más de 2.000 contratos cuenta con el apoyo de las distintas bancadas.
“Una barbaridad”
En tanto, el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, afirmó ayer que es una barbaridad la decisión de la vicepresidenta Michetti y advirtió que el sindicato que representa va a luchar hasta las últimas consecuencias para que no se concreten los despidos.
“Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de 2.000 familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir”, enfatizó el dirigente sindical.
Di Próspero sostuvo que es un gran error de la política de Estado del oficialismo y pidió al Gobierno nacional que se saque la careta.
“Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión, donde no figura ninguno de los gremios, para investigar si hay gente que trabajo o no y dan de baja estos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan”, afirmó.
Además, Di Próspero sostuvo: “tienen que tener fundamentos para decir que en el Senado hay 2.000 ñoquis. Hace dos días, la vicepresidenta le pagó a los más de 2.000 compañeros despedidos, cuando lo que tendría que haber hecho era denunciarlos a la justicia si realmente son ñoquis”.
“Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias”, remató el dirigente.
Además, Di Próspero anticipó que recurrirán a la Justicia para frenar la decisión de rescindir los contratos firmados por su antecesor, Boudou, entre enero y noviembre del año pasado.
“Lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”, reveló Di Próspero. Según el secretario general de APL, el gremio más numeroso de los tres que representan a los trabajadores legislativos junto con ATE y UPCN, hay que ver los fundamentos del decreto. La vicepresidenta ya había avisado el mes pasado que iba a reducir la planta de personal, pero no sin antes consultar con los líderes de las diferentes bancadas. (DyN-Télam)
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