03 Enero 2016
CONTRA SU PREDECESOR. El radical Salazar hoy es intendente; antes fue edil. la gaceta / foto de maría silvia granarqa
El municipio de Bella Vista es otro de los que atravesó una transición traumática tras las elecciones del 23 de agosto.
Un grupo de vecinos protestó en los últimos días frente a la sede municipal, reclamando la continuidad de sus puestos de trabajo. Según trascendió, son unas 250 personas las afligidas por su precaria relación laboral con el Departamento Ejecutivo local (DEM).
El intendente Sebastián Salazar (Acuerdo para el Bicentenario) aseguró en diálogo con LA GACETA que está en conversaciones con el Gobierno provincial para tratar de resolver el conflicto de manera definitiva. Y aseguró que el problema se originó porque su predecesor, el manzurista Luis Espeche, firmó decretos con más de 400 designaciones (contratos con características de ayuda social) poco antes de finalizar su gestión.
“La Casa de Gobierno afrontará unos 150 cargos”, relató Salazar. Agregó que la nómina de beneficiarios ya fue elevada por el oficialista Espeche. Y aclaró que “el resto de la gente no quedará afuera, sino que se les ha pagado incluso diciembre de manera anticipada”. “Sí es necesario que hagamos un parate administrativo. En febrero vamos a revisar caso por caso. Tenemos que hacer una reestructuración financiera del municipio y estamos manejando algunas alternativas”, expresó el radical.
Tras los comicios
Espeche ocupó al Intendencia de Bella Vista hasta fines de octubre pasado, cuando debió ceder la conducción del DEM al radical Salazar. El opositor triunfó en los comicios del 23 de agosto, ganándole a la esposa de Espeche, la ex concejal Cristina Romano, y al ex legislador Manuel Fernández.
Salazar afirma que su predecesor dejó una planta permanente de 487 empleados. La cifra tuvo un incremento, según relató, luego de los comicios provinciales. “Fueron tres decretos. El primero era por 147 jornalizados, que después incrementó a más de 200. Luego, otras 100 personas más por una ordenanza de hijos de padres fallecidos y de hijos de padres jubilados. Y así sucesivamente”, explicó el intendente radical, que contabiliza unos 400 contratos precarios.
Destacó que, una vez obtenida la ayuda de la Casa de Gobierno para 150 beneficiarios, quedó pendiente de resolución qué sucederá con el resto de las personas.
“Hemos buscado una figura de cooperativas, por una ley que aprobó la Legislatura. Ese sistema puede resultar ideal”, contó Salazar. El jefe municipal aludió a la creación del programa “Tucumán manos a la obra”, impulsado por el bloque oficialista de la Cámara en la última sesión de 2015.
Según se explicó en el recinto, este programa buscará insertar laboralmente a los beneficiarios mediante la capacitación en diferentes oficios. Para que pueda ser aplicado en los municipios, el respectivo Concejo Deliberante deberá aprobar una ordenanza para adherir a la ley provincial.
“Estamos abiertos al diálogo. Hemos conversado mucho con el Gobierno provincial y con los vecinos. Los fondos que nos corresponden por coparticipación no alcanzan siquiera para pagar la planta permanente del municipio. Además, ya no rige el Pacto Social. Así que estamos analizando todas las alternativas. Eso sí: yo no voy a tener empleados en negro, como lo hacía Espeche”, insistió Salazar.
Un grupo de vecinos protestó en los últimos días frente a la sede municipal, reclamando la continuidad de sus puestos de trabajo. Según trascendió, son unas 250 personas las afligidas por su precaria relación laboral con el Departamento Ejecutivo local (DEM).
El intendente Sebastián Salazar (Acuerdo para el Bicentenario) aseguró en diálogo con LA GACETA que está en conversaciones con el Gobierno provincial para tratar de resolver el conflicto de manera definitiva. Y aseguró que el problema se originó porque su predecesor, el manzurista Luis Espeche, firmó decretos con más de 400 designaciones (contratos con características de ayuda social) poco antes de finalizar su gestión.
“La Casa de Gobierno afrontará unos 150 cargos”, relató Salazar. Agregó que la nómina de beneficiarios ya fue elevada por el oficialista Espeche. Y aclaró que “el resto de la gente no quedará afuera, sino que se les ha pagado incluso diciembre de manera anticipada”. “Sí es necesario que hagamos un parate administrativo. En febrero vamos a revisar caso por caso. Tenemos que hacer una reestructuración financiera del municipio y estamos manejando algunas alternativas”, expresó el radical.
Tras los comicios
Espeche ocupó al Intendencia de Bella Vista hasta fines de octubre pasado, cuando debió ceder la conducción del DEM al radical Salazar. El opositor triunfó en los comicios del 23 de agosto, ganándole a la esposa de Espeche, la ex concejal Cristina Romano, y al ex legislador Manuel Fernández.
Salazar afirma que su predecesor dejó una planta permanente de 487 empleados. La cifra tuvo un incremento, según relató, luego de los comicios provinciales. “Fueron tres decretos. El primero era por 147 jornalizados, que después incrementó a más de 200. Luego, otras 100 personas más por una ordenanza de hijos de padres fallecidos y de hijos de padres jubilados. Y así sucesivamente”, explicó el intendente radical, que contabiliza unos 400 contratos precarios.
Destacó que, una vez obtenida la ayuda de la Casa de Gobierno para 150 beneficiarios, quedó pendiente de resolución qué sucederá con el resto de las personas.
“Hemos buscado una figura de cooperativas, por una ley que aprobó la Legislatura. Ese sistema puede resultar ideal”, contó Salazar. El jefe municipal aludió a la creación del programa “Tucumán manos a la obra”, impulsado por el bloque oficialista de la Cámara en la última sesión de 2015.
Según se explicó en el recinto, este programa buscará insertar laboralmente a los beneficiarios mediante la capacitación en diferentes oficios. Para que pueda ser aplicado en los municipios, el respectivo Concejo Deliberante deberá aprobar una ordenanza para adherir a la ley provincial.
“Estamos abiertos al diálogo. Hemos conversado mucho con el Gobierno provincial y con los vecinos. Los fondos que nos corresponden por coparticipación no alcanzan siquiera para pagar la planta permanente del municipio. Además, ya no rige el Pacto Social. Así que estamos analizando todas las alternativas. Eso sí: yo no voy a tener empleados en negro, como lo hacía Espeche”, insistió Salazar.
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