03 Enero 2016
NUEVA YORK.- El acuerdo climático alcanzado en París el 12 de diciembre de 2015 ha sido elogiado como un hito en el esfuerzo global para reducir las emisiones de gases de invernadero, y bien pudiera resultar serlo.
Pero los elevados objetivos del acuerdo no se alcanzarán sin que las grandes corporaciones hagan cambios importantes. Y aunque muchas compañías han dado la bienvenida al pacto y han prometido voluntariamente reducir las emisiones, las amplias reformas requeridas para evitar un pronunciado aumento en las temperaturas mundiales casi seguramente requerirán nuevas y sustanciales regulaciones gubernamentales.
En Estados Unidos, el objetivo es reducir las emisiones de gases de invernadero en entre 26% y 28% respecto de los niveles de 2005, para 2025. Para lograr eso, el gobierno del presidente Barack Obama está siendo forzado a contar principalmente con varias leyes que ya han sido promulgadas, en vez de buscar nueva regulación.
Eso es porque el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido bloquear cualquier legislación sobre el clima y rescindir las leyes ya en vigor. El senador Mitch McConnell, de Kentucky, líder de la mayoría republicana, dijo recientemente que Obama estaba “haciendo promesas que no puede cumplir”, advirtiendo que el acuerdo de París “está sujeto a ser hecho pedacitos en 13 meses” si la oposición gana la Casa Blanca.
Incluso las leyes con las que cuenta el Presidente enfrentan desafíos. Por ejemplo, el Plan de Energía Limpia de la Agencia de Protección Ambiental es un componente importante de los esfuerzos de Obama. El plan aleja a los generadores de electricidad del carbón y los dirige hacia el gas natural, y ofrece algunos incentivos para la generación de energía renovable. Pudiera tener un efecto importante en las emisiones nacionales de carbono, pero se le están oponiendo varios Estados; el Senado ya ha votado para echarlo por tierra, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda judicial para bloquearlo.
Otro pilar del plan del gobierno es la aplicación de estándares de eficiencia en el uso de combustible cada vez más estrictos. Ya promulgadas por el Congreso, estas reglas obligan a los fabricantes de autos a producir vehículos que usen progresivamente menos naftas. También se requiere que los manufactureros industriales produzcan electrodomésticos que usen progresivamente menos energía. Pero los declinantes precios del combustible fósil y la renovada popularidad de los vehículos utilitarios y deportivos menos eficientes han mitigado las ganancias en la eficiencia en el uso de combustibles.
El efecto de la política sobre estas medidas se vio subrayado cuando recientemente los miembros del Congreso acordaron un pacto que puso fin a una prohibición sobre las exportaciones de petróleo (ayudando a la industria de los combustibles fósiles), pero también extendió los créditos fiscales para las industrias eólica y solar. Se espera que esta medida dé un enorme impulso a las industrias de energía renovable.
Los esfuerzos locales, como las leyes sobre el clima más estrictas de California, y la Iniciativa Regional sobre Gases de Invernadero de varios Estados del noreste, también son esenciales para frenar las emisiones en general. Estos programas están teniendo efectos medibles.
Pero estas iniciativas afectan solo a unas cuantas industrias, principalmente empresas de servicios públicos, fabricantes de autos y, en menor grado, compañías industriales. Por ejemplo, los grandes fabricantes de bienes de consumo podrían enfrentar costos energéticos más altos en los próximos años, pero en su mayor parte están siendo excluidos de cualquier nueva regulación climática por ahora.
Ni siquiera está claro que estos esfuerzos sean suficientes para cumplir las metas de reducción de carbono de Obama. En un artículo reciente, el investigador del clima George David Banks argumenta que las reducciones de emisiones posibles a través de las propuestas actuales se quedarán muy cortas de lo que se necesita para lograr la pauta de reducción en las emisiones: para que se alcancen los objetivos del gobierno, bien podrían necesitarse nuevas regulaciones nacionales. “EEUU necesitaría regular las nuevas fuentes y sectores de la economía estadounidense, particularmente la manufactura estadounidense, si se desea cumplir la meta del presidente”, escribió Banks.
Un enfoque que pudiera ofrecer ganancias significativas, y ser introducido a escala nacional y en todas las industrias, es un impuesto al carbono, o un sistema de tope e intercambio de carbono, lo cual establecería un precio para las emisiones. California tiene un programa de tope e intercambio, como un creciente número de otros países. Pero los esfuerzos nacionales no han cobrado impulso en el Congreso.
Para muchos grupos empresariales, el estancamiento político que evita nuevas leyes climáticas está muy bien. La Asociación Nacional de Manufactureros expreso su “gran preocupación” por las políticas que tendrán que ser introducidas por Estados Unidos para cumplir con el acuerdo de París.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, un activista de las grandes empresas, restó importancia a las metas establecidas en París. “Ninguno de los compromisos hechos, incluidos los de EEUU, son obligatorios, y muchos ni siquiera están completos -señaló el grupo en una declaración-. Además, el Congreso debe asignar los fondos que el gobierno de Obama ha prometido”.
El gobierno ha establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de invernadero en los próximos años, y bien podría hacer algún progreso con las leyes que ya han sido promulgadas. Pero, en tanto el Congreso y la Casa Blanca choquen en cuanto a la política climática, es probable que las regulaciones que producirían reformas en las empresas estadounidenses sigan siendo un sueño.
Pero los elevados objetivos del acuerdo no se alcanzarán sin que las grandes corporaciones hagan cambios importantes. Y aunque muchas compañías han dado la bienvenida al pacto y han prometido voluntariamente reducir las emisiones, las amplias reformas requeridas para evitar un pronunciado aumento en las temperaturas mundiales casi seguramente requerirán nuevas y sustanciales regulaciones gubernamentales.
En Estados Unidos, el objetivo es reducir las emisiones de gases de invernadero en entre 26% y 28% respecto de los niveles de 2005, para 2025. Para lograr eso, el gobierno del presidente Barack Obama está siendo forzado a contar principalmente con varias leyes que ya han sido promulgadas, en vez de buscar nueva regulación.
Eso es porque el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido bloquear cualquier legislación sobre el clima y rescindir las leyes ya en vigor. El senador Mitch McConnell, de Kentucky, líder de la mayoría republicana, dijo recientemente que Obama estaba “haciendo promesas que no puede cumplir”, advirtiendo que el acuerdo de París “está sujeto a ser hecho pedacitos en 13 meses” si la oposición gana la Casa Blanca.
Incluso las leyes con las que cuenta el Presidente enfrentan desafíos. Por ejemplo, el Plan de Energía Limpia de la Agencia de Protección Ambiental es un componente importante de los esfuerzos de Obama. El plan aleja a los generadores de electricidad del carbón y los dirige hacia el gas natural, y ofrece algunos incentivos para la generación de energía renovable. Pudiera tener un efecto importante en las emisiones nacionales de carbono, pero se le están oponiendo varios Estados; el Senado ya ha votado para echarlo por tierra, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda judicial para bloquearlo.
Otro pilar del plan del gobierno es la aplicación de estándares de eficiencia en el uso de combustible cada vez más estrictos. Ya promulgadas por el Congreso, estas reglas obligan a los fabricantes de autos a producir vehículos que usen progresivamente menos naftas. También se requiere que los manufactureros industriales produzcan electrodomésticos que usen progresivamente menos energía. Pero los declinantes precios del combustible fósil y la renovada popularidad de los vehículos utilitarios y deportivos menos eficientes han mitigado las ganancias en la eficiencia en el uso de combustibles.
El efecto de la política sobre estas medidas se vio subrayado cuando recientemente los miembros del Congreso acordaron un pacto que puso fin a una prohibición sobre las exportaciones de petróleo (ayudando a la industria de los combustibles fósiles), pero también extendió los créditos fiscales para las industrias eólica y solar. Se espera que esta medida dé un enorme impulso a las industrias de energía renovable.
Los esfuerzos locales, como las leyes sobre el clima más estrictas de California, y la Iniciativa Regional sobre Gases de Invernadero de varios Estados del noreste, también son esenciales para frenar las emisiones en general. Estos programas están teniendo efectos medibles.
Pero estas iniciativas afectan solo a unas cuantas industrias, principalmente empresas de servicios públicos, fabricantes de autos y, en menor grado, compañías industriales. Por ejemplo, los grandes fabricantes de bienes de consumo podrían enfrentar costos energéticos más altos en los próximos años, pero en su mayor parte están siendo excluidos de cualquier nueva regulación climática por ahora.
Ni siquiera está claro que estos esfuerzos sean suficientes para cumplir las metas de reducción de carbono de Obama. En un artículo reciente, el investigador del clima George David Banks argumenta que las reducciones de emisiones posibles a través de las propuestas actuales se quedarán muy cortas de lo que se necesita para lograr la pauta de reducción en las emisiones: para que se alcancen los objetivos del gobierno, bien podrían necesitarse nuevas regulaciones nacionales. “EEUU necesitaría regular las nuevas fuentes y sectores de la economía estadounidense, particularmente la manufactura estadounidense, si se desea cumplir la meta del presidente”, escribió Banks.
Un enfoque que pudiera ofrecer ganancias significativas, y ser introducido a escala nacional y en todas las industrias, es un impuesto al carbono, o un sistema de tope e intercambio de carbono, lo cual establecería un precio para las emisiones. California tiene un programa de tope e intercambio, como un creciente número de otros países. Pero los esfuerzos nacionales no han cobrado impulso en el Congreso.
Para muchos grupos empresariales, el estancamiento político que evita nuevas leyes climáticas está muy bien. La Asociación Nacional de Manufactureros expreso su “gran preocupación” por las políticas que tendrán que ser introducidas por Estados Unidos para cumplir con el acuerdo de París.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, un activista de las grandes empresas, restó importancia a las metas establecidas en París. “Ninguno de los compromisos hechos, incluidos los de EEUU, son obligatorios, y muchos ni siquiera están completos -señaló el grupo en una declaración-. Además, el Congreso debe asignar los fondos que el gobierno de Obama ha prometido”.
El gobierno ha establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de invernadero en los próximos años, y bien podría hacer algún progreso con las leyes que ya han sido promulgadas. Pero, en tanto el Congreso y la Casa Blanca choquen en cuanto a la política climática, es probable que las regulaciones que producirían reformas en las empresas estadounidenses sigan siendo un sueño.
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