03 Enero 2016
El caso de las valijas quedaría en manos sólo de la Justicia provincial
El año pasado, la Legislatura destinó más de $ 500 millones a la partida “ayudas sociales a personas”. El fiscal federal Camuña emitió un dictamen aconsejándole al juez Bejas que declare la incompetencia en la materia, debido al origen provincial de los recursos. Instó a la remisión del expediente a Navarro Dávila
EN PLENA “CITY”. Dos policías escoltan a empleados de la Legislatura, y ayudan a cargar las valijas con millones para gastos sociales en la camioneta oficial. la gaceta / foto de inés quinteros orio (archivo)
La causa sobre los más de $ 500 millones de pesos que llegaron en valijas desde un banco a la Legislatura, destinados a supuestos gastos sociales, cumplió dos meses de vida en la Justicia federal. Pero todo indica que no tiene demasiado futuro en los Tribunales de calle Las Piedras y pasaje 2 de Abril.
El fiscal federal Pablo Camuña, quien lleva adelante la pesquisa, le elevó un dictamen al juez federal Daniel Bejas, a cargo del expediente, para indicarle que, según su criterio, se debe de declarar la incompetencia del fuero federal en el caso. El representante del Ministerio Público fundamentó su opinión en que los fondos usados para “ayudas sociales a personas” son remitidos a las cuentas bancarias de la Cámara desde el erario de la Provincia. “La simple lectura del análisis realizado permite concluir que no se evidencia en ningún momento la manipulación de fondos de origen ilícito para reconvertirlos en lícitos. Por el contrario, se trata de dineros aprobados y depositados de acuerdo a una Ley de Presupuesto que había sido sancionada con anterioridad”, redactó el fiscal federal en el dictamen, al que accedió LA GACETA.
Camuña aclaró que la incompetencia del fuero federal no implica que deba clausurarse la pesquisa por una presunta malversación de fondos. Incluso, aconsejó la remisión de la documentación obtenida al fiscal de Instrucción de la V Nominación del Centro Judicial Capital, Washington Navarro Dávila. En ese despacho de la sede penal de Tribunales se tramita, en paralelo, una demanda formulada por el ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente.
El juez federal Bejas debe resolver si declara la incompetencia “en razón de la materia”, como lo prevé el artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación.
El origen, de oficio
El expediente fue iniciado de oficio por el fiscal federal general Antonio Gómez. A raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA (iniciada el 1 de noviembre) sobre la ruta de las valijas, abrió la actuación preliminar N° 277/15, caratulada “Fiscalía General sobre Investigación por Lavado de Activos - Legislatura de Tucumán”.
Gómez le solicitó diversos informes al Poder Legislativo. Entre ellos, los números de las cuentas bancarias. En primer momento, la Cámara informó sólo sobre cuatro de sus “cajas” en el Banco Tucumán-Grupo Macro: la “cuenta sueldos”, “cuenta dietas”, “cuenta gastos y funcionamiento” y “cuenta honorarios profesionales”. Luego, dio aviso sobre la existencia de la “cuenta Ley N° 6.930 (excedentes financieros)”. Allí fueron a parar, en una atípica transferencia bancaria, $ 25 millones de la caja para “ayudas sociales a personas” el 29 de octubre, día en que asumieron Manzur y Osvaldo Jaldo.
Esa suma, aunque resulte abultada para el lector común, representa el 5% de lo que usó la Legislatura para gastos sociales sólo en octubre: $ 103,5 millones.
El presupuesto anual original en 2015 para esos fondos de uso discrecional y rendición secreta era de $ 156 millones. El 9 de septiembre pasado, sin dejar constancia en el orden del día, la anterior conformación del cuerpo colegiado triplicó esa partida y la llevó a $ 505,6 millones. Para finales de ese mes, quedaban en esa caja $ 15 millones. Al parecer, la nueva configuración legislativa debió realizar ajustes presupuestarios para poder afrontar los gastos sociales parlamentarios de noviembre y diciembre. Por otro lado, en la gestión de Manzur se elevó el presupuesto general de la Legislatura a $ 1.529 millones. La cifra prácticamente duplica lo gastado en 2014, cuando el actual gobernador se desempeñaba como ministro de Salud de Cristina Fernández.
LA GACETA reveló parte de la operatoria de esos fondos mediante fotos, documentos y testimonios.
A menudo, un empleado de Tesorería de la Cámara (oficina que tenía a su cargo el hoy secretario Pérez) se presentaba en la sucursal de calle San Martín al 700 del banco Tucumán-Grupo Macro. Allí extraía sumas millonarias de la cuenta N° 20098043/8, destinada a gastos sociales y de funcionamiento (compra de insumos para limpieza, computación, etcétera). El dinero era llevado en valijas -en cada una cabían $ 6 millones, en billetes de $ 100-. El traslado era efectuado en una camioneta oficial y el viaje culminaba en el edificio legislativo de calle Muñecas 951.
El fiscal federal general Gómez no superó la veintena de días a cargo de la causa. El ex legislador Manuel Fernández, ex vicepresidente segundo de la Cámara, se presentó de manera espontánea ante Bejas a mediados de noviembre para pedirle que declarara la nulidad de las actuaciones preliminares. Según el dirigente peronista, no correspondía que un representante del Ministerio Público avanzara sin la supervisión de un juez. Bejas le dio la razón en parte al ex legislador Fernández, ya que dispuso la remisión del expediente al fiscal federal Camuña -allí cayó por fecha del hecho-, pero entendió que no se debían anular las pruebas y documentos colectados.
Ahora, todos esos elementos podrían ser girados a la Justicia provincial para que sean analizados por Navarro Dávila. “Continuar una investigación en este fuero podría implicar una violación al principio ne bis in idem (N. de la R.: refiere a que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho a una misma persona) y en consecuencia una afectación al debido proceso”, indicó Camuña en el dictamen que le envió a Bejas el mes pasado, antes de la feria judicial. El fiscal federal se ocupó de aclarar que sólo tenía certezas sobre la incompetencia. “Lo hasta aquí expuesto no obsta a que eventualmente deba investigarse el destino de esas cuantiosas sumas de dinero”, marcó, aludiendo al fuero provincial.
El fiscal federal Pablo Camuña, quien lleva adelante la pesquisa, le elevó un dictamen al juez federal Daniel Bejas, a cargo del expediente, para indicarle que, según su criterio, se debe de declarar la incompetencia del fuero federal en el caso. El representante del Ministerio Público fundamentó su opinión en que los fondos usados para “ayudas sociales a personas” son remitidos a las cuentas bancarias de la Cámara desde el erario de la Provincia. “La simple lectura del análisis realizado permite concluir que no se evidencia en ningún momento la manipulación de fondos de origen ilícito para reconvertirlos en lícitos. Por el contrario, se trata de dineros aprobados y depositados de acuerdo a una Ley de Presupuesto que había sido sancionada con anterioridad”, redactó el fiscal federal en el dictamen, al que accedió LA GACETA.
Camuña aclaró que la incompetencia del fuero federal no implica que deba clausurarse la pesquisa por una presunta malversación de fondos. Incluso, aconsejó la remisión de la documentación obtenida al fiscal de Instrucción de la V Nominación del Centro Judicial Capital, Washington Navarro Dávila. En ese despacho de la sede penal de Tribunales se tramita, en paralelo, una demanda formulada por el ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente.
El juez federal Bejas debe resolver si declara la incompetencia “en razón de la materia”, como lo prevé el artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación.
El origen, de oficio
El expediente fue iniciado de oficio por el fiscal federal general Antonio Gómez. A raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA (iniciada el 1 de noviembre) sobre la ruta de las valijas, abrió la actuación preliminar N° 277/15, caratulada “Fiscalía General sobre Investigación por Lavado de Activos - Legislatura de Tucumán”.
Gómez le solicitó diversos informes al Poder Legislativo. Entre ellos, los números de las cuentas bancarias. En primer momento, la Cámara informó sólo sobre cuatro de sus “cajas” en el Banco Tucumán-Grupo Macro: la “cuenta sueldos”, “cuenta dietas”, “cuenta gastos y funcionamiento” y “cuenta honorarios profesionales”. Luego, dio aviso sobre la existencia de la “cuenta Ley N° 6.930 (excedentes financieros)”. Allí fueron a parar, en una atípica transferencia bancaria, $ 25 millones de la caja para “ayudas sociales a personas” el 29 de octubre, día en que asumieron Manzur y Osvaldo Jaldo.
Esa suma, aunque resulte abultada para el lector común, representa el 5% de lo que usó la Legislatura para gastos sociales sólo en octubre: $ 103,5 millones.
El presupuesto anual original en 2015 para esos fondos de uso discrecional y rendición secreta era de $ 156 millones. El 9 de septiembre pasado, sin dejar constancia en el orden del día, la anterior conformación del cuerpo colegiado triplicó esa partida y la llevó a $ 505,6 millones. Para finales de ese mes, quedaban en esa caja $ 15 millones. Al parecer, la nueva configuración legislativa debió realizar ajustes presupuestarios para poder afrontar los gastos sociales parlamentarios de noviembre y diciembre. Por otro lado, en la gestión de Manzur se elevó el presupuesto general de la Legislatura a $ 1.529 millones. La cifra prácticamente duplica lo gastado en 2014, cuando el actual gobernador se desempeñaba como ministro de Salud de Cristina Fernández.
LA GACETA reveló parte de la operatoria de esos fondos mediante fotos, documentos y testimonios.
A menudo, un empleado de Tesorería de la Cámara (oficina que tenía a su cargo el hoy secretario Pérez) se presentaba en la sucursal de calle San Martín al 700 del banco Tucumán-Grupo Macro. Allí extraía sumas millonarias de la cuenta N° 20098043/8, destinada a gastos sociales y de funcionamiento (compra de insumos para limpieza, computación, etcétera). El dinero era llevado en valijas -en cada una cabían $ 6 millones, en billetes de $ 100-. El traslado era efectuado en una camioneta oficial y el viaje culminaba en el edificio legislativo de calle Muñecas 951.
El fiscal federal general Gómez no superó la veintena de días a cargo de la causa. El ex legislador Manuel Fernández, ex vicepresidente segundo de la Cámara, se presentó de manera espontánea ante Bejas a mediados de noviembre para pedirle que declarara la nulidad de las actuaciones preliminares. Según el dirigente peronista, no correspondía que un representante del Ministerio Público avanzara sin la supervisión de un juez. Bejas le dio la razón en parte al ex legislador Fernández, ya que dispuso la remisión del expediente al fiscal federal Camuña -allí cayó por fecha del hecho-, pero entendió que no se debían anular las pruebas y documentos colectados.
Ahora, todos esos elementos podrían ser girados a la Justicia provincial para que sean analizados por Navarro Dávila. “Continuar una investigación en este fuero podría implicar una violación al principio ne bis in idem (N. de la R.: refiere a que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho a una misma persona) y en consecuencia una afectación al debido proceso”, indicó Camuña en el dictamen que le envió a Bejas el mes pasado, antes de la feria judicial. El fiscal federal se ocupó de aclarar que sólo tenía certezas sobre la incompetencia. “Lo hasta aquí expuesto no obsta a que eventualmente deba investigarse el destino de esas cuantiosas sumas de dinero”, marcó, aludiendo al fuero provincial.
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