Por Fernando Stanich
30 Diciembre 2015
LA VERGÜENZA. Lejos de llevar calma a la población que se había congregado en la plaza, la Policía reprimió esa noche de manera brutal a los manifestantes. la gaceta / fotos de diego aráoz - florencia zurita
No hubo tucumano que no advirtiera que el domingo 23 de agosto no iba a ser un día normal. Nunca podría haberlo sido porque el día en que los tucumanos eligieron a sus autoridades para los próximos cuatro años llegó precedido de malos antecedentes.
El primer mal augurio lo dieron los números: el sistema de acoples, utilizado de manera exagerada por Juan Manzur y por José Cano para potenciar sus postulaciones, derivó en que unos 25.000 tucumanos aparecieran en las listas de candidatos. O que se llegara al bochorno de que, en Tafí Viejo, las mesas de los cuartos oscuros estuvieran cubiertas por casi 150 nóminas de postulantes a 12 bancas de concejales. El segundo mal presagio vino de la mano de las decisiones caprichosas del oficialismo. Por ejemplo, la de postular dirigentes que ya habían cumplido dos elecciones como candidatos a la Legislatura, como Sergio Mansilla y Susana Díaz. De hecho Mansilla, aunque resultó electo, aún no pudo ocupar su banca por el tironeo judicial abierto. Y el tercer mal pronóstico germinó en las entrañas mismas de la Junta Electoral. El órgano, que se supone debía garantizar orden, transparencia y transmitir seguridad a los votantes, se caracterizó en este año por todo lo contrario. La enumeración podría ser mucho más larga, pero basta un resumen para dimensionar la gravedad institucional de lo acontecido: Antonio Gandur, presidente de la Junta, estuvo enfrascado en una lucha administrativa y judicial con el otro representante judicial en la JEP, Edmundo Jiménez. Sobre el ministro fiscal pesaban impugnaciones de la oposición por haber sido durante 11 años ministro de Gobierno del alperovichismo. Luego de un extenso tironeo, con excusaciones de fiscales de por medio, Jiménez fue apartado el viernes previo a los comicios de ese organismo. Algo similar ocurrió con la integrante en la Junta por la Legislatura, Beatriz Bordinaro. La oficialista fue separada. Sólo el cargo de Jiménez fue cubierto a las apuradas el sábado 22: en su lugar asumió la fiscala Ana María Rosa Paz. Así, Gandur y Paz debieron cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de conducir un proceso electoral viciado desde los escritorios.
El domingo en que debían ir a las urnas, los tucumanos asistieron azorados a una kermés política. Miles de autos alquilados para transportar votantes en las calles y taponando los accesos a las escuelas; mesas que tardaron en habilitarse porque, en promedio, había 20 fiscales partidarios acreditados; bolsones con mercadería que iban y venían; incidentes entre punteros; robo de boletas en las escuelas; urnas quemadas y hasta agresiones a periodistas y camarógrafos terminaron de completar una jornada caótica. Ese día acabó con los comicios suspendidos en Sargento Moya, en Los Ralos, en San Ignacio y en San Pablo. A última hora, la Junta Electoral dispuso frenar el escrutinio provisorio, en medio de las denuncias de irregularidades.
Si la noche del domingo había sido escandalosa, la del lunes estuvo a un paso de ser trágica. Indignados por el bochorno vivido, miles de tucumanos se concentraron el día después frente a la plaza Independencia. De pronto, llegó lo inesperado: la brutal represión policial para contrarrestar a los manifestantes que habían copado las escalinatas de la Casa de Gobierno. Hubo niños, mujeres y jóvenes golpeados por las fuerzas de seguridad. En lugar de calmar los ánimos, la represión acabó por potenciar la serie de protestas que trascendieron al mundo como el “#Tucumanazo”.
El primer mal augurio lo dieron los números: el sistema de acoples, utilizado de manera exagerada por Juan Manzur y por José Cano para potenciar sus postulaciones, derivó en que unos 25.000 tucumanos aparecieran en las listas de candidatos. O que se llegara al bochorno de que, en Tafí Viejo, las mesas de los cuartos oscuros estuvieran cubiertas por casi 150 nóminas de postulantes a 12 bancas de concejales. El segundo mal presagio vino de la mano de las decisiones caprichosas del oficialismo. Por ejemplo, la de postular dirigentes que ya habían cumplido dos elecciones como candidatos a la Legislatura, como Sergio Mansilla y Susana Díaz. De hecho Mansilla, aunque resultó electo, aún no pudo ocupar su banca por el tironeo judicial abierto. Y el tercer mal pronóstico germinó en las entrañas mismas de la Junta Electoral. El órgano, que se supone debía garantizar orden, transparencia y transmitir seguridad a los votantes, se caracterizó en este año por todo lo contrario. La enumeración podría ser mucho más larga, pero basta un resumen para dimensionar la gravedad institucional de lo acontecido: Antonio Gandur, presidente de la Junta, estuvo enfrascado en una lucha administrativa y judicial con el otro representante judicial en la JEP, Edmundo Jiménez. Sobre el ministro fiscal pesaban impugnaciones de la oposición por haber sido durante 11 años ministro de Gobierno del alperovichismo. Luego de un extenso tironeo, con excusaciones de fiscales de por medio, Jiménez fue apartado el viernes previo a los comicios de ese organismo. Algo similar ocurrió con la integrante en la Junta por la Legislatura, Beatriz Bordinaro. La oficialista fue separada. Sólo el cargo de Jiménez fue cubierto a las apuradas el sábado 22: en su lugar asumió la fiscala Ana María Rosa Paz. Así, Gandur y Paz debieron cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de conducir un proceso electoral viciado desde los escritorios.
El domingo en que debían ir a las urnas, los tucumanos asistieron azorados a una kermés política. Miles de autos alquilados para transportar votantes en las calles y taponando los accesos a las escuelas; mesas que tardaron en habilitarse porque, en promedio, había 20 fiscales partidarios acreditados; bolsones con mercadería que iban y venían; incidentes entre punteros; robo de boletas en las escuelas; urnas quemadas y hasta agresiones a periodistas y camarógrafos terminaron de completar una jornada caótica. Ese día acabó con los comicios suspendidos en Sargento Moya, en Los Ralos, en San Ignacio y en San Pablo. A última hora, la Junta Electoral dispuso frenar el escrutinio provisorio, en medio de las denuncias de irregularidades.
Si la noche del domingo había sido escandalosa, la del lunes estuvo a un paso de ser trágica. Indignados por el bochorno vivido, miles de tucumanos se concentraron el día después frente a la plaza Independencia. De pronto, llegó lo inesperado: la brutal represión policial para contrarrestar a los manifestantes que habían copado las escalinatas de la Casa de Gobierno. Hubo niños, mujeres y jóvenes golpeados por las fuerzas de seguridad. En lugar de calmar los ánimos, la represión acabó por potenciar la serie de protestas que trascendieron al mundo como el “#Tucumanazo”.
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