Por Indalecio Francisco Sanchez
30 Diciembre 2015
DOMINGO EN LA CORTE. El vocal Posse trabaja en el fallo que salvó los comicios. Afuera, una plaza colmada espera la noticia. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)
La Convención Constituyente hiperalperovichista sembró la semilla de la Ley de Acoples, que con los años se convirtió en una gigantesca planta carnívora que casi termina devorando a sus propios creadores.
En esa norma que permite la proliferación de partidos políticos y una guerra despiadada por los cargos electivos hizo foco el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB) para sentar su denuncia de fraude estructural de los comicios del 23 de agosto. Apuntaron a ella como la culpable del clientelismo y del descontrol que -según reclamaron por la vía judicial- conspiró contra su triunfo.
El 16 de septiembre, con base en el pedido de nulidad de las elecciones de los representantes del ApB, los integrantes de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, decretaron la nulidad de las elecciones e instaban al Poder Ejecutivo a llamar a votar otra vez. La sentencia auguraba que se iba a desconocer la voluntad popular que, según el conteo definitivo de la criticada Junta Electoral Provincial, daba ganador a Juan Manzur por sobre José Cano por 491.951 votos contra 380.418. Una diferencia inapelable -en las urnas- de más de 10 puntos. Entre la fecha de los comicios y la del fallo de la Cámara pasaron poco más de 20 días, en los que proliferaron los escraches a Ruiz y López Piossek, las marchas, las críticas y la nacionalización del escándalo. La decisión judicial caldeó más los ánimos. Los militantes oficialistas decidieron salir a la calle. El PJ se organizó, arengó a la tropa y cientos de adeptos acamparon en la plaza de Tribunales para exigir a la Corte que no desoiga el resultado del escrutinio. Tras cinco días de extrema tensión institucional y social, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán convalidó los comicios, tal y como habían demandado los gobiernos provincial y nacional, y el Frente para la Victoria (FpV). Los autores de la nueva sentencia fueron los vocales titulares René Goane y Daniel Posse, y los jueces civiles Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas. Manzur y el resto de los intendentes, legisladores, concejales y comisionados rurales electos aquel 23 de agosto respiraron tranquilos.
Cano y su compañero de fórmula, Domingo Amaya, insistieron por la vía judicial, pero la Corte tucumana se tomó todo el tiempo del mundo para desechar la solicitud de que el máximo tribunal del país revise el caso. Hasta ello, Manzur y compañía ya habían empezado a gobernar.
El escándalo quedó, como el halo de sospecha sobre la legitimidad del triunfo oficialista. Sin embargo, el antecedente y los días de incertidumbre sirvieron para que todo el arco político coincidiera en la necesidad de acotar la incidencia de los acoples en el sistema electoral provincial (en 2007 se inscribieron 100 partidos políticos para los comicios; en 2011 fueron 191 y en 2015, 454). A ello se suma la deuda con el voto electrónico incorporado a la Constitución en la enmienda 2006. Pareciera que ya es una certeza que siempre deberán ser, de ahora en más, los sufragios y no la Justicia la que valide los comicios.
En esa norma que permite la proliferación de partidos políticos y una guerra despiadada por los cargos electivos hizo foco el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB) para sentar su denuncia de fraude estructural de los comicios del 23 de agosto. Apuntaron a ella como la culpable del clientelismo y del descontrol que -según reclamaron por la vía judicial- conspiró contra su triunfo.
El 16 de septiembre, con base en el pedido de nulidad de las elecciones de los representantes del ApB, los integrantes de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, decretaron la nulidad de las elecciones e instaban al Poder Ejecutivo a llamar a votar otra vez. La sentencia auguraba que se iba a desconocer la voluntad popular que, según el conteo definitivo de la criticada Junta Electoral Provincial, daba ganador a Juan Manzur por sobre José Cano por 491.951 votos contra 380.418. Una diferencia inapelable -en las urnas- de más de 10 puntos. Entre la fecha de los comicios y la del fallo de la Cámara pasaron poco más de 20 días, en los que proliferaron los escraches a Ruiz y López Piossek, las marchas, las críticas y la nacionalización del escándalo. La decisión judicial caldeó más los ánimos. Los militantes oficialistas decidieron salir a la calle. El PJ se organizó, arengó a la tropa y cientos de adeptos acamparon en la plaza de Tribunales para exigir a la Corte que no desoiga el resultado del escrutinio. Tras cinco días de extrema tensión institucional y social, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán convalidó los comicios, tal y como habían demandado los gobiernos provincial y nacional, y el Frente para la Victoria (FpV). Los autores de la nueva sentencia fueron los vocales titulares René Goane y Daniel Posse, y los jueces civiles Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas. Manzur y el resto de los intendentes, legisladores, concejales y comisionados rurales electos aquel 23 de agosto respiraron tranquilos.
Cano y su compañero de fórmula, Domingo Amaya, insistieron por la vía judicial, pero la Corte tucumana se tomó todo el tiempo del mundo para desechar la solicitud de que el máximo tribunal del país revise el caso. Hasta ello, Manzur y compañía ya habían empezado a gobernar.
El escándalo quedó, como el halo de sospecha sobre la legitimidad del triunfo oficialista. Sin embargo, el antecedente y los días de incertidumbre sirvieron para que todo el arco político coincidiera en la necesidad de acotar la incidencia de los acoples en el sistema electoral provincial (en 2007 se inscribieron 100 partidos políticos para los comicios; en 2011 fueron 191 y en 2015, 454). A ello se suma la deuda con el voto electrónico incorporado a la Constitución en la enmienda 2006. Pareciera que ya es una certeza que siempre deberán ser, de ahora en más, los sufragios y no la Justicia la que valide los comicios.
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