Por Irene Benito
30 Diciembre 2015
La Justicia luchó contra un 2015 impiadoso. En el frente externo lidió con la judicialización extrema de los comicios de agosto. Fue toda una metáfora que el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que anuló las elecciones, coincidiese con un movimiento sísmico antológico: en el tembladeral institucional casi sucumbe la Justicia entera. El oficialismo aplicó una presión explícita y obtuvo lo que pedía. La revocación de la sentencia trajo alivio, pero el riesgo de intervención siguió latiendo (y latente) en los Tribunales.
Ocurre que, más allá de los conflictos ajenos que golpean las puertas del Palacio de Justicia (a los emblemáticos casos “Lebbos” y “Verón”, que siguen abiertos, se sumó el “Valijagate” de la Legislatura), contenciosos complejos y ostensibles desafían el frente interno. Una de esas contiendas se libra en el fuero penal y ya acabó con la carrera de Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción N°10 nombrado “a dedo” por el ex gobernador José Alperovich. En la cúspide del conflicto batallan el ministro público Edmundo Jiménez y Antonio Gandur, presidente reelegido de la Corte. Pero otros actores tensaron la cuerda o contribuyeron a deshilacharla: el Colegio de Abogados de la Capital (denunciante de Herrera); el fiscal Diego López Ávila (pidió la investigación penal del ex fiscal y de hijos de Jiménez) y, últimamente, el camarista Enrique Pedicone. Según su criterio, el ministro público forma parte de un esquema de impunidad en el que intervienen jueces, fiscales y abogados.
La fractura interior repercutió en la Asociación de Magistrados de Tucumán, que perdió al menos 40 asociados tras alzarse contra los auditores que complicaron a Herrera. Un año así de hostil no podía terminar pacíficamente. La enésima manifestación de la crisis judicial ocurrió en el seno de la Corte, que a duras penas renovó autoridades. El reemplazo de René Goane por Claudia Sbdar como “número dos” potenció las diferencias. Y a las situaciones inauditas mencionadas, Antonio Estofán y Goane añadieron la pretensión de someter el diferendo a “magistrados imparciales”. La renuncia de Sbdar como vocal decana no disuadió a sus detractores y el escenario judicial parece más que nunca librado a las inclemencias inescrutables de la litigiosidad.
Ocurre que, más allá de los conflictos ajenos que golpean las puertas del Palacio de Justicia (a los emblemáticos casos “Lebbos” y “Verón”, que siguen abiertos, se sumó el “Valijagate” de la Legislatura), contenciosos complejos y ostensibles desafían el frente interno. Una de esas contiendas se libra en el fuero penal y ya acabó con la carrera de Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción N°10 nombrado “a dedo” por el ex gobernador José Alperovich. En la cúspide del conflicto batallan el ministro público Edmundo Jiménez y Antonio Gandur, presidente reelegido de la Corte. Pero otros actores tensaron la cuerda o contribuyeron a deshilacharla: el Colegio de Abogados de la Capital (denunciante de Herrera); el fiscal Diego López Ávila (pidió la investigación penal del ex fiscal y de hijos de Jiménez) y, últimamente, el camarista Enrique Pedicone. Según su criterio, el ministro público forma parte de un esquema de impunidad en el que intervienen jueces, fiscales y abogados.
La fractura interior repercutió en la Asociación de Magistrados de Tucumán, que perdió al menos 40 asociados tras alzarse contra los auditores que complicaron a Herrera. Un año así de hostil no podía terminar pacíficamente. La enésima manifestación de la crisis judicial ocurrió en el seno de la Corte, que a duras penas renovó autoridades. El reemplazo de René Goane por Claudia Sbdar como “número dos” potenció las diferencias. Y a las situaciones inauditas mencionadas, Antonio Estofán y Goane añadieron la pretensión de someter el diferendo a “magistrados imparciales”. La renuncia de Sbdar como vocal decana no disuadió a sus detractores y el escenario judicial parece más que nunca librado a las inclemencias inescrutables de la litigiosidad.
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