23 Diciembre 2015
La Legislatura aprobó por unanimidad la partición en dos de la estratégica Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Se trata de una reforma significativa para la organización judicial, que durante 12 años encomendó la tarea delicada de revisar la investigación penal preparatoria de toda la provincia a un tribunal único de tres miembros. En virtud de la ley sancionada ayer, el Estado creará una réplica de la Cámara de Apelaciones en Concepción para la atención de las causas radicadas en los Tribunales del sur. El tribunal existente en la capital revisará las investigaciones de esta jurisdicción.
La división de la Cámara de Apelaciones se inscribe en la histórica ampliación del centro judicial de Concepción que la Legislatura avaló en la última sesión de 2015 (ver producciones de la página 6). En total, esa sede del Poder Judicial local incorporará ocho órganos nuevos: I) el tribunal mencionado; II) la Sala III de la Cámara Penal; III) el Juzgado Civil y Comercial Nº3; IV) el Juzgado de Familia y Sucesiones Nº4; V) el Juzgado de Cobros y Apremios Nº2; VI) el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº3; VII) el Juzgado de Conciliación y Trámite Nº3, y VIII) la Defensoría Penal Nº3.
Todos los cargos habían sido incluidos en el presupuesto que había elaborado la Justicia para 2016. Sólo faltaban las leyes de creación. El compromiso de aprobarlas fue sellado el jueves pasado durante la reunión en la Casa de Gobierno que sostuvieron Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el gobernador Juan Manzur. En esa oportunidad, Gandur entregó a sus interlocutores una copia del informe que elaboró la Junta Electoral Provincial sobre las controvertidas elecciones del 23 de agosto pasado. El documento contiene críticas y sugerencias, y se propone aportar información para la reforma política auspiciada por el Gobierno mediante el ciclo “Tucumán Dialoga”.
El debut del gobernador
José Alperovich llevaba 48 horas como titular del Poder Ejecutivo provincial cuando promulgó la Ley 7.312. Junto a él firmó Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia alperovichista hasta agosto de 2014, cuando asumió la jefatura de los fiscales y defensores oficiales. La norma, que había sido promovida por Jiménez durante la transición entre el Gobierno de Julio Miranda y el de Alperovich, dejaba atrás un sistema de apelación instituido en 1999 en el que participaba el conjunto de las salas de la Cámara Penal. A partir de la Ley 7.312, esta tarea quedó en manos del tribunal que entonces integraban Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro; Eudoro Albo y Liliana Vitar. En junio de este año, Enrique Pedicone juró en el ex despacho de Elva Jiménez, quien se jubiló en 2013. Con el tiempo, surgieron opiniones contrarias a la concentración de la apelación de las decisiones de los jueces de Instrucción de toda la provincia en un tribunal único. El principal reproche era la demora. Pero también se objetaba el superpoder del estrado en un departamento judicial crítico: el fuero penal.
La cobertura de los nuevos despachos de Concepción no será inmediata puesto que, primero, el Consejo Asesor de la Magistratura ha de sustanciar los respectivos concursos. La creación de estos ocho órganos adicionales implica añadir 11 procesos a los 28 en trámite. En total, estos equivalen a casi el 20% de las oficinas de camaristas, jueces, fiscales y defensores existentes en la provincia.
La división de la Cámara de Apelaciones se inscribe en la histórica ampliación del centro judicial de Concepción que la Legislatura avaló en la última sesión de 2015 (ver producciones de la página 6). En total, esa sede del Poder Judicial local incorporará ocho órganos nuevos: I) el tribunal mencionado; II) la Sala III de la Cámara Penal; III) el Juzgado Civil y Comercial Nº3; IV) el Juzgado de Familia y Sucesiones Nº4; V) el Juzgado de Cobros y Apremios Nº2; VI) el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº3; VII) el Juzgado de Conciliación y Trámite Nº3, y VIII) la Defensoría Penal Nº3.
Todos los cargos habían sido incluidos en el presupuesto que había elaborado la Justicia para 2016. Sólo faltaban las leyes de creación. El compromiso de aprobarlas fue sellado el jueves pasado durante la reunión en la Casa de Gobierno que sostuvieron Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el gobernador Juan Manzur. En esa oportunidad, Gandur entregó a sus interlocutores una copia del informe que elaboró la Junta Electoral Provincial sobre las controvertidas elecciones del 23 de agosto pasado. El documento contiene críticas y sugerencias, y se propone aportar información para la reforma política auspiciada por el Gobierno mediante el ciclo “Tucumán Dialoga”.
El debut del gobernador
José Alperovich llevaba 48 horas como titular del Poder Ejecutivo provincial cuando promulgó la Ley 7.312. Junto a él firmó Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia alperovichista hasta agosto de 2014, cuando asumió la jefatura de los fiscales y defensores oficiales. La norma, que había sido promovida por Jiménez durante la transición entre el Gobierno de Julio Miranda y el de Alperovich, dejaba atrás un sistema de apelación instituido en 1999 en el que participaba el conjunto de las salas de la Cámara Penal. A partir de la Ley 7.312, esta tarea quedó en manos del tribunal que entonces integraban Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro; Eudoro Albo y Liliana Vitar. En junio de este año, Enrique Pedicone juró en el ex despacho de Elva Jiménez, quien se jubiló en 2013. Con el tiempo, surgieron opiniones contrarias a la concentración de la apelación de las decisiones de los jueces de Instrucción de toda la provincia en un tribunal único. El principal reproche era la demora. Pero también se objetaba el superpoder del estrado en un departamento judicial crítico: el fuero penal.
La cobertura de los nuevos despachos de Concepción no será inmediata puesto que, primero, el Consejo Asesor de la Magistratura ha de sustanciar los respectivos concursos. La creación de estos ocho órganos adicionales implica añadir 11 procesos a los 28 en trámite. En total, estos equivalen a casi el 20% de las oficinas de camaristas, jueces, fiscales y defensores existentes en la provincia.
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