Por Gabriela Baigorrí
22 Diciembre 2015
“Nos aflige mucho la situación en Concepción. Queremos la paz social y la tranquilidad de todos los tucumanos. Se está tratando de respetar las nuevas reglas de juego a partir de que no tenemos Pacto. Respetando la autonomía de cada municipio, como parte de la oposición y de la sociedad pedían”. Hace un mes y medio, estas palabras del entonces flamante ministro del Interior, Miguel Acevedo, pasaron inadvertidas. Las había pronunciado en el contexto del conflicto político-gremial que le había dado una triste bienvenida al radical Roberto Sánchez a la intendencia de Concepción. Amenazas, piquetes, manifestaciones, bombas de estruendo e intimidaciones habían formado parte de la postal con la que se encontró el jefe municipal tras anular una tracalada de designaciones que en los últimos meses de gobierno había efectuado su antecesor, Osvaldo Morelli.
Las nuevas reglas de juego a las que se refería el funcionario eran las relacionadas con la extinción de la herramienta llamada Pacto Social, que implica nada menos que un seguro de que la Provincia pagará los sueldos y concretará obras. Pero una de las condiciones del acuerdo era limitar la planta de personal. Por ello, cuando cesó el Pacto, ex intendentes aprovecharon para hacer designaciones.
La salida de vigencia del acuerdo se tradujo en una relativa recuperación de las autonomías municipales. Ambas cuestiones derivaron en mayor poder de decisión política y, trascartón, en más preocupaciones para los intendentes.
En el manzurismo, hijo del alperovichismo y de sus políticas, están convencidos de que el Pacto- ese acuerdo entre el Gobierno provincial y los municipios para asistencia dineraria que rigió durante casi 15 años- es la mejor manera de mantener el orden económico y social en el interior. Pero saben, sobre todo, que es un instrumento político valiosísimo para mantener disciplinada la tropa en el interior en tiempos en los que, después de una docena de años de liderazgo del alperovichismo, el escenario local se está redefiniendo.
El lado A
En los casi dos meses que Juan Manzur lleva en la Casa de Gobierno, Acevedo, el responsable de las políticas relacionadas con las 19 municipalidades y las 93 comunas de la provincia, ha tenido una ardua tarea. Ha estado abocado a reunirse con todas las autoridades, la mayoría de ellas nuevas. Sucede que tras las elecciones de agosto hubo una gran proporción de recambio: sólo un intendente (el tafinisto Jorge Yapura Astorga) y 21 comisionados comunales fueron reelectos. El tema excluyente en todos los casos fue el pago de salarios. La Provincia se comprometió en apuntalar a las administraciones durante estos primeros meses de gestión. Algunas, inclusive, requirieron que el oxígeno se estire hasta marzo. Esto aún está en discusión.
La incertidumbre por el rumbo de la economía y cómo se planteará la relación entre la Provincia peronista y la Nación macrista es tierra fértil para que brote la propuesta de revivir el Pacto. El asunto estuvo en las conversaciones. La negociación formal con los intendentes comenzará en enero, pero la carta del Pacto ya fue puesta sobre la mesa, junto con las fotos de lo sucedido en Concepción.
La herramienta financiera había sido ideada por el ex mandatario José Alperovich, cuando era ministro de Economía del entonces gobernador Julio Miranda. Estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, día antes del comienzo del año electoral. El acuerdo consiste en que las ciudades ceden sus fondos nacionales al Gobierno y este, a cambio, le asegura el dinero mensual para sueldos de empleados municipales y obras y servicios públicos. Se podía optar por suscribirlo sólo para sueldos o para obras, o el combo completo. En los planes de la Provincia está proponer que se renueve cada seis meses o un año. Dan por descontado que las comunas lo suscribirán, porque así ha sido en los últimos años debido a la debilidad de esas administraciones más pequeñas.
El lado B
Ex intendentes reconocen que el Pacto les permitió comodidad, pero a cambio de resignar autonomía e independencia política. Por lo bajo, durante los últimos años de alperovichismo, las quejas por estos dos últimos puntos eran recurrentes.
Los asuntos financieros y las obras, dos cuestiones clave en las intendencias, quedaron durante 12 años en manos de la Casa de Gobierno. Los montos del Pacto, además, no variaron demasiado con el transcurso de los años. Los jefes municipales debían consultar todo en 25 de Mayo y San Martín. No es casual que los dos intendentes que se alzaron públicamente contra su vigencia fueron dos que se diferenciaron políticamente de Alperovich en algún momento: Domingo Amaya (capital) y José Orellana (Famaillá).
Suscribir el acuerdo no fue obligatorio, pero sí necesario para la subsistencia política de la mayoría de las administraciones.
Los nuevos jefes municipales están divididos. La mayoría de los oficialistas claman porque se reedite. Los opositores no gustan de la mecánica, pero saben, al menos gran parte de ellos, que no tienen el margen económico aún para autofinanciarse. Ambos grupos miran de reojo y escudriñan a Manzur, que aún no ha mostrado todas sus cartas políticas. Hasta aquí, la estrategia del manzurismo ha sido plantearle el difícil contexto político y económico a los intendentes, para que estos deduzcan rápidamente su conveniencia. Aunque, a diferencia de versiones anteriores, el Pacto no sería un documento uniforme, sino que se ajustaría a cada ciudad, según fuentes del Ejecutivo.
De lograr que la mayoría de los municipios lo suscriba, Manzur daría su primer paso político importante en relación al interior, que durante las últimas décadas, ha sido una pieza central de apoyo para el Gobierno.
Las nuevas reglas de juego a las que se refería el funcionario eran las relacionadas con la extinción de la herramienta llamada Pacto Social, que implica nada menos que un seguro de que la Provincia pagará los sueldos y concretará obras. Pero una de las condiciones del acuerdo era limitar la planta de personal. Por ello, cuando cesó el Pacto, ex intendentes aprovecharon para hacer designaciones.
La salida de vigencia del acuerdo se tradujo en una relativa recuperación de las autonomías municipales. Ambas cuestiones derivaron en mayor poder de decisión política y, trascartón, en más preocupaciones para los intendentes.
En el manzurismo, hijo del alperovichismo y de sus políticas, están convencidos de que el Pacto- ese acuerdo entre el Gobierno provincial y los municipios para asistencia dineraria que rigió durante casi 15 años- es la mejor manera de mantener el orden económico y social en el interior. Pero saben, sobre todo, que es un instrumento político valiosísimo para mantener disciplinada la tropa en el interior en tiempos en los que, después de una docena de años de liderazgo del alperovichismo, el escenario local se está redefiniendo.
El lado A
En los casi dos meses que Juan Manzur lleva en la Casa de Gobierno, Acevedo, el responsable de las políticas relacionadas con las 19 municipalidades y las 93 comunas de la provincia, ha tenido una ardua tarea. Ha estado abocado a reunirse con todas las autoridades, la mayoría de ellas nuevas. Sucede que tras las elecciones de agosto hubo una gran proporción de recambio: sólo un intendente (el tafinisto Jorge Yapura Astorga) y 21 comisionados comunales fueron reelectos. El tema excluyente en todos los casos fue el pago de salarios. La Provincia se comprometió en apuntalar a las administraciones durante estos primeros meses de gestión. Algunas, inclusive, requirieron que el oxígeno se estire hasta marzo. Esto aún está en discusión.
La incertidumbre por el rumbo de la economía y cómo se planteará la relación entre la Provincia peronista y la Nación macrista es tierra fértil para que brote la propuesta de revivir el Pacto. El asunto estuvo en las conversaciones. La negociación formal con los intendentes comenzará en enero, pero la carta del Pacto ya fue puesta sobre la mesa, junto con las fotos de lo sucedido en Concepción.
La herramienta financiera había sido ideada por el ex mandatario José Alperovich, cuando era ministro de Economía del entonces gobernador Julio Miranda. Estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, día antes del comienzo del año electoral. El acuerdo consiste en que las ciudades ceden sus fondos nacionales al Gobierno y este, a cambio, le asegura el dinero mensual para sueldos de empleados municipales y obras y servicios públicos. Se podía optar por suscribirlo sólo para sueldos o para obras, o el combo completo. En los planes de la Provincia está proponer que se renueve cada seis meses o un año. Dan por descontado que las comunas lo suscribirán, porque así ha sido en los últimos años debido a la debilidad de esas administraciones más pequeñas.
El lado B
Ex intendentes reconocen que el Pacto les permitió comodidad, pero a cambio de resignar autonomía e independencia política. Por lo bajo, durante los últimos años de alperovichismo, las quejas por estos dos últimos puntos eran recurrentes.
Los asuntos financieros y las obras, dos cuestiones clave en las intendencias, quedaron durante 12 años en manos de la Casa de Gobierno. Los montos del Pacto, además, no variaron demasiado con el transcurso de los años. Los jefes municipales debían consultar todo en 25 de Mayo y San Martín. No es casual que los dos intendentes que se alzaron públicamente contra su vigencia fueron dos que se diferenciaron políticamente de Alperovich en algún momento: Domingo Amaya (capital) y José Orellana (Famaillá).
Suscribir el acuerdo no fue obligatorio, pero sí necesario para la subsistencia política de la mayoría de las administraciones.
Los nuevos jefes municipales están divididos. La mayoría de los oficialistas claman porque se reedite. Los opositores no gustan de la mecánica, pero saben, al menos gran parte de ellos, que no tienen el margen económico aún para autofinanciarse. Ambos grupos miran de reojo y escudriñan a Manzur, que aún no ha mostrado todas sus cartas políticas. Hasta aquí, la estrategia del manzurismo ha sido plantearle el difícil contexto político y económico a los intendentes, para que estos deduzcan rápidamente su conveniencia. Aunque, a diferencia de versiones anteriores, el Pacto no sería un documento uniforme, sino que se ajustaría a cada ciudad, según fuentes del Ejecutivo.
De lograr que la mayoría de los municipios lo suscriba, Manzur daría su primer paso político importante en relación al interior, que durante las últimas décadas, ha sido una pieza central de apoyo para el Gobierno.
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