20 Diciembre 2015
La reunión había sido pedida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para tratar, entre otros temas, la situación inaudita expuesta por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán. Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, le puso fecha y hora: el martes 28 de diciembre a las 16. Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, anticipó que asistirá a la reunión con el funcionario del presidente Mauricio Macri junto con el titular de la FACA, Eduardo Massot, y el dirigente profesional tucumano Antonio Bustamante.
“En el Colegio hemos empezado a hablar ya, directamente, del ‘pirinchismo’ para caracterizar al grupo de jueces y fiscales que responde al ministro público Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez”, explicó García Posse, que añadió que no había logrado aún ser recibido -para hablar de este tema- ni por Osvaldo Jaldo, presidente de la Legislatura de Tucumán, ni por Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la gestión del gobernador Juan Manzur. Tanto la entidad de García Posse como la FACA habían llamado la atención sobre la gravedad institucional implicada en el proyecto de voto que Pedicone había elevado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ese camarista dijo que le habían impedido cumplir su deber de juzgar en una causa que involucra al ex fiscal Guillermo Herrera, y que Jiménez ponía en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía. Según Pedicone, el ministro público, la jueza Mirta Lenis de Vera, el fiscal Carlos Sale y Tomás Robert, abogado que renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez, operaron para lograr la impunidad del ex fiscal.
A posteriori, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, solicitó el expediente en cuestión a Eudoro Albo, el camarista que, frente a la pretensión de Pedicone de revisar lo ocurrido, había resuelto remitir el caso a Lenis de Vera. Gandur luego desestimó los planteos de Herrera, quien dijo que el voto fallido de Pedicone era un mamarracho.
“En el Colegio hemos empezado a hablar ya, directamente, del ‘pirinchismo’ para caracterizar al grupo de jueces y fiscales que responde al ministro público Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez”, explicó García Posse, que añadió que no había logrado aún ser recibido -para hablar de este tema- ni por Osvaldo Jaldo, presidente de la Legislatura de Tucumán, ni por Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la gestión del gobernador Juan Manzur. Tanto la entidad de García Posse como la FACA habían llamado la atención sobre la gravedad institucional implicada en el proyecto de voto que Pedicone había elevado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ese camarista dijo que le habían impedido cumplir su deber de juzgar en una causa que involucra al ex fiscal Guillermo Herrera, y que Jiménez ponía en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía. Según Pedicone, el ministro público, la jueza Mirta Lenis de Vera, el fiscal Carlos Sale y Tomás Robert, abogado que renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez, operaron para lograr la impunidad del ex fiscal.
A posteriori, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, solicitó el expediente en cuestión a Eudoro Albo, el camarista que, frente a la pretensión de Pedicone de revisar lo ocurrido, había resuelto remitir el caso a Lenis de Vera. Gandur luego desestimó los planteos de Herrera, quien dijo que el voto fallido de Pedicone era un mamarracho.
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