Dudas por el alcance del boleto estudiantil

Con el ciclo lectivo finalizado, funcionarios de la Municipalidad y empresarios de transporte comenzaron a dar los primeros pasos para implementar el boleto educativo, una de las promesas de campaña del intendente Germán Alfaro. Sin embargo, en paralelo surgieron los primeros reparos desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) a las primeras estimaciones.

“Tuvimos una reunión con el intendente por el boleto estudiantil. La idea que nos plantearon es instalarlo desde el próximo ciclo lectivo. Nos parece viable y una buena decisión”, explicó Daniel Orell, presidente de Aetat. No obstante, tras ese cónclave parece haber surgido la primera disidencia: el número de estudiantes que buscarían acceder a los pasajes gratuitos.

La Municipalidad toma como base de cálculo la cantidad de alumnos que solicitaron el abono escolar (unos 40.000). Además, aún analizan si el proyecto se implementará o no por etapas (comenzaría para primarios y luego se incorporarían estudiantes secundarios). Los empresarios, por su parte, advierten que muchos usuarios que no tramitaron el descuento escolar se volcarán al boleto estudiantil, por ser gratuito.

Según datos de la Dirección de Planeamiento y Estadística del Ministerio de Educación, la matrícula pública de San Miguel de Tucumán alcanza los 97.224 alumnos, incluyendo los niveles inicial, primario y secundario.

“El número de abonados no nos parece relevante. Se debe analizar en profundidad. Todo el que pueda acceder al boleto estudiantil lo gestionará: desde padres que llevan a sus hijos en moto, a veces viajando con tres o más niños por vehículo, hasta papás que pagan el transporte escolar”, alertó Orell. Aclaró que los transportistas tomaron la propuesta de la Intendencia con buenos ojos, y que en Aetat entienden que los costos se cubrirán con fondos de la Municipalidad. Según la central empresaria, resulta fundamental garantizar la sustentabilidad del beneficio escolar en el tiempo.

Para el sector empresario, junto con el análisis del beneficio escolar debe tratarse el pedido de aumento de la tarifa. Los dueños de las 14 líneas de urbanas de la capital piden llevar el precio del viaje de $ 4,83 a $ 8,90, debido a que el último ajuste fue en diciembre de 2014. “A nuestra preocupación por el desfasaje de la tarifa, que lleva a que el sector se encuentre en crisis, se le suma esta devaluación del 40%. Una unidad con aire acondicionado costaba $ 1.800.000, con el dólar a $ 15 se va a las nubes”, reclamó.

Orell manifestó que además del pedido de aumento es necesario que el municipio plantee una política de transporte urbano. “Al transporte público en el mundo le dan un lugar de preferencia. El aumento que pedimos es considerable, pero se puede aplicar una tarifa menor, si nos favorecen con quitas de impuestos o con subsidios provinciales y municipales”, dijo.

La crisis del sector, explicó, involucra la diferencia de subsidios que reciben las empresas de Buenos Aires con las del resto del país. “Por cada peso que tenemos de subsidio, las empresas de Buenos Aires reciben $ 1,70. Es una inequidad. ¿Dónde está el federalismo?, finalizó.