14 Diciembre 2015
El ritmo de la obra pública en las provincias decreció en el año electoral, y los empresarios de la construcción no están conformes con la mora en el pago de los certificados de trabajo. Pero Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), dio las explicaciones oficiales respecto de este conflicto.
Según el funcionario, recientemente ratificado en el cargo por el gobernador Juan Luis Manzur, la Nación le adeuda a la Provincia unos $ 180 millones. “Obviamente que si hubiésemos dispuesto de ese dinero no estaríamos en la situación actual”, remarcó Durán.
Si bien calificó como “entendible” el malestar de los empresarios, aclaró que todas las firmas contratadas por el Estado acataron una normativa según la cual resignaban sus derechos a iniciar acciones o reclamos en el marco de los proyectos de obras. “(En abril de este año se aprobó) la ley N° 8.768, donde se reconvinieron los plazos de obra y casi todas las empresas adhirieron a la misma”, señaló el interventor del Ipvdu. Y agregó: “el artículo 2º de la ley exige que en el convenio se incluya la renuncia explicita e irrevocable de toda acción y derecho de carácter resarcitorio y/o indemnizatorio, como asimismo el compromiso de retirar y/o desistir de los reclamos administrativos y/o judiciales iniciados vinculados a la temática de la norma”.
Además, aclaró que sólo se adeudan los certificados de obra correspondientes a julio, agosto y septiembre. “Los fondos para saldar los compromisos aludidos son de origen nacional, que la Provincia gestiona en tiempo y forma pero que dejaron de llegar a partir de las certificaciones del mes de septiembre. Esto generó un acumulado de $ 180 millones que la Nación debe a Tucumán”, agregó.
Remarcó más tarde que las firmas constructoras son conscientes de la situación. “La propuesta empresarial de pagar con fondos de la Provincia hasta tanto llegan las remesas nacionales es de imposible cumplimiento. No obstante, el Gobierno, en reuniones entre las cámaras de la Construcción con el actual ministro de Economía (Eduardo Garvich), está estudiando el pago de intereses por mora”, remarcó. Y detalló que, para ello, sería necesario sancionar una ley y reconvenir los plazos de ejecución “para no seguir generando deuda hasta tanto las remesas nacionales se normalicen”. “Siempre surgen inconvenientes en las obras públicas que van modificando y condicionando su marcha normal, como la falta de materiales o insumos”, insistió. Y afirmó que el conflicto “se da en todas las provincias”.
Durán envió un comunicado a raíz del Enfoque del Domingo de LA GACETA (“Al ritmo del ‘tic-tac’”, por Federico Van Mameren), en el que se señaló que el atraso de pago era de 150 días. Según el interventor del Ipvdu, la mora es de 90 días. “Se me atribuye un récord del cual ni la Provincia ni yo somos responsables. Pero en mi gestión sí se ha logrado el récord de 25.000 viviendas y de casi 40.000 mejoramientos, generando más de 10.000 puestos de trabajo”, afirmó.
Según el funcionario, recientemente ratificado en el cargo por el gobernador Juan Luis Manzur, la Nación le adeuda a la Provincia unos $ 180 millones. “Obviamente que si hubiésemos dispuesto de ese dinero no estaríamos en la situación actual”, remarcó Durán.
Si bien calificó como “entendible” el malestar de los empresarios, aclaró que todas las firmas contratadas por el Estado acataron una normativa según la cual resignaban sus derechos a iniciar acciones o reclamos en el marco de los proyectos de obras. “(En abril de este año se aprobó) la ley N° 8.768, donde se reconvinieron los plazos de obra y casi todas las empresas adhirieron a la misma”, señaló el interventor del Ipvdu. Y agregó: “el artículo 2º de la ley exige que en el convenio se incluya la renuncia explicita e irrevocable de toda acción y derecho de carácter resarcitorio y/o indemnizatorio, como asimismo el compromiso de retirar y/o desistir de los reclamos administrativos y/o judiciales iniciados vinculados a la temática de la norma”.
Además, aclaró que sólo se adeudan los certificados de obra correspondientes a julio, agosto y septiembre. “Los fondos para saldar los compromisos aludidos son de origen nacional, que la Provincia gestiona en tiempo y forma pero que dejaron de llegar a partir de las certificaciones del mes de septiembre. Esto generó un acumulado de $ 180 millones que la Nación debe a Tucumán”, agregó.
Remarcó más tarde que las firmas constructoras son conscientes de la situación. “La propuesta empresarial de pagar con fondos de la Provincia hasta tanto llegan las remesas nacionales es de imposible cumplimiento. No obstante, el Gobierno, en reuniones entre las cámaras de la Construcción con el actual ministro de Economía (Eduardo Garvich), está estudiando el pago de intereses por mora”, remarcó. Y detalló que, para ello, sería necesario sancionar una ley y reconvenir los plazos de ejecución “para no seguir generando deuda hasta tanto las remesas nacionales se normalicen”. “Siempre surgen inconvenientes en las obras públicas que van modificando y condicionando su marcha normal, como la falta de materiales o insumos”, insistió. Y afirmó que el conflicto “se da en todas las provincias”.
Durán envió un comunicado a raíz del Enfoque del Domingo de LA GACETA (“Al ritmo del ‘tic-tac’”, por Federico Van Mameren), en el que se señaló que el atraso de pago era de 150 días. Según el interventor del Ipvdu, la mora es de 90 días. “Se me atribuye un récord del cual ni la Provincia ni yo somos responsables. Pero en mi gestión sí se ha logrado el récord de 25.000 viviendas y de casi 40.000 mejoramientos, generando más de 10.000 puestos de trabajo”, afirmó.
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