Por un conflicto personal, la Corte apercibe a tres juezas

Idéntica sanción recibieron las tres magistradas que protagonizaron la serie de altercados que obligó a practicar la primera permuta de cargos de la historia del Poder Judicial. Como corolario del sumario administrativo que había ordenado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán apercibió a Wendy Kassar, a María del Pilar Prieto y a Alejandra Balcázar, y aplicó un llamado de atención al secretario Miguel Mario Flores. La decisión fue adoptada por los cinco vocales (Antonio Gandur -presidente-, Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse), según consta en la Acordada 1.186 del 9 de noviembre de 2015.

El sumario encargado al ministro público Edmundo Jiménez determinó que el conflicto interpersonal suscitado en la Sala IV de la Cámara Penal había existido: “ello afectó el funcionamiento del tribunal y fue menester recurrir, con el fin de evitar más inconvenientes entre sus integrantes, al traslado de Balcázar a la Sala V”. Previamente e inspirada en esta disputa entre pares del mismo cuerpo colegiado, la Legislatura sancionó la ley que permite la permuta de cargos. El 24 de julio pasado, Emilio Páez de la Torre, que integraba la Sala V, intercambió lugares con Balcázar.

“Los inadecuados modos y relaciones entre las juezas sumariadas trascendieron a la ciudadanía mediante diversas notas periodísticas y comprometieron la prestación de los servicios para los que fueron designadas, investidura que deben honrar dentro y fuera del ámbito del Poder Judicial”, reprochó la Corte. En febrero se supo que Balcázar, que asumió en junio de 2014, había denunciado la existencia de anomalías en el trámite de causas, y develado desavenencias de alto voltaje con Prieto (jueza desde la época del gobernador Fernando Riera) y Kassar (juró como magistrada en abril de 2014). Estas, a su vez, acusaron a Balcázar de hostigar al personal. Pese al esfuerzo de la Corte por acercar a las juezas enfrentadas, la crisis continuó e, incluso, complicó a los funcionarios judiciales Flores, Abel Eduardo López y Guillermo Puig (en un momento, Prieto solicitó el traslado preventivo de todos ellos).

Se llamaron “cagonas” y acosadoras, y dijeron que la disputa ponía en riesgo la integridad física y psíquica del staff del tribunal. Las acusaciones recíprocas y cruzadas caldearon los ánimos hasta el punto de desembocar en la intervención de médicos de emergencia, que el 5 de marzo llegaron en ambulancia al tribunal. La investigación interna determinó que Prieto, Kassar y Balcázar habían incumplido los deberes legales de observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna; de conducirse con diligencia, tacto y cortesía en sus relaciones con la comunidad, como así también respecto de sus superiores y subordinados, y de promover las acciones judiciales que correspondan frente a las imputaciones delictuosas de carácter público.

“Si bien de los antecedentes laborales y académicos de las magistradas no se advierten sanciones disciplinarias y, asimismo, de los testimonios producidos no surge que las juezas sumariadas dispensen un mal trato a sus pares, empleados y letrados litigantes, ello no logra eximirlas de responsabilidad en los hechos que se le imputan”, dijeron Gandur, Sbdar, Goane, Estofán y Posse. Al valorar las pruebas, los vocales del alto tribunal consideraron necesario destacar que Balcázar había realizado numerosas presentaciones que aparecían como un exacerbado ejercicio del derecho de defensa: “se trata de recursos que, lejos de colaborar con el procedimiento sumarial, dilataron la conclusión de este”.

Respecto del secretario Flores, la Corte Suprema sostuvo que, si bien este había obedecido órdenes de Kassar y de Prieto, ello no lo relevaba de su deber como fedatario de la actuación del tribunal. “Lo expresado resulta a todas luces revelador del desorden y descontrol funcional que atravesó la Sala IV debido a los malos tratos y a la falta de comunicación en términos adecuados entre las magistradas”, observó el alto tribunal.