12 Diciembre 2015
El clima de tensión entre dirigentes locales de la Asociación Bancaria y un sector de la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) fue una constante en los últimos años de gestión de José Alperovich. Y todo indica que los cruces entre ambas partas continuarán, al menos en este primer tiempo de gobierno de Juan Manzur.
José César Díaz y Juan Andrés Robles, abogados del sindicato bancario, realizaron diversas denuncias en el fuero federal en contra de autoridades de la CPA, en las que consignaron una supuesta retención indebida de aportes de seguridad social y de tributos. “(La Caja) no ha hecho efectivo el pago a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y del impuesto a las Ganancias que se retiene de la remuneración que deben percibir los trabajadores”, señala un escrito firmado por Díaz en la causa. La acusación estaba dirigida, entre otros, al interventor del ente crediticio, Armando Cortalezzi.
El fiscal federal general Antonio Gómez recibió el expediente y elaboró el dictamen N° 2.289/2015. Allí valoró los elementos de prueba y el pedido del abogado Díaz para gestionar un allanamiento en la sede de la CPA, en San Martín al 400. “Este Ministerio Público considera que debe el señor juez hacer lugar a la medida solicitada, a fin de evitar una eventual destrucción de la prueba y siendo la única manera de tener acceso irrestricto a toda la documentación necesaria para una verificación contable”, escribió Gómez hace 12 días en el dictamen, dirigido al juez federal N° 2 Fernando Luis Poviña.
El magistrado contestó el pedido el jueves pasado y rechazó hacer lugar a la medida. Recordó que la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación disponen garantías, como la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de un motivo “para presumir que en determinado lugar existiesen cosas vinculadas a la investigación de un delito”. Luego, Poviña recordó que en cada caso particular “los jueces deben valorar las constancias obrantes en las solicitudes y verificar qué cuestiones se plantean y si realmente tiene la validez para excepcionar la garantía constitucional mencionada”. Tras considerar que el pedido del fiscal general no reunía los requisitos, rechazó el allanamiento.
Cortalezzi, por su parte, afirmó que la denuncia de la Bancaria fue “infundada”. “La AFIP hizo constataciones en la Caja y se concluyó que no había anomalías”, señaló.
José César Díaz y Juan Andrés Robles, abogados del sindicato bancario, realizaron diversas denuncias en el fuero federal en contra de autoridades de la CPA, en las que consignaron una supuesta retención indebida de aportes de seguridad social y de tributos. “(La Caja) no ha hecho efectivo el pago a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y del impuesto a las Ganancias que se retiene de la remuneración que deben percibir los trabajadores”, señala un escrito firmado por Díaz en la causa. La acusación estaba dirigida, entre otros, al interventor del ente crediticio, Armando Cortalezzi.
El fiscal federal general Antonio Gómez recibió el expediente y elaboró el dictamen N° 2.289/2015. Allí valoró los elementos de prueba y el pedido del abogado Díaz para gestionar un allanamiento en la sede de la CPA, en San Martín al 400. “Este Ministerio Público considera que debe el señor juez hacer lugar a la medida solicitada, a fin de evitar una eventual destrucción de la prueba y siendo la única manera de tener acceso irrestricto a toda la documentación necesaria para una verificación contable”, escribió Gómez hace 12 días en el dictamen, dirigido al juez federal N° 2 Fernando Luis Poviña.
El magistrado contestó el pedido el jueves pasado y rechazó hacer lugar a la medida. Recordó que la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación disponen garantías, como la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de un motivo “para presumir que en determinado lugar existiesen cosas vinculadas a la investigación de un delito”. Luego, Poviña recordó que en cada caso particular “los jueces deben valorar las constancias obrantes en las solicitudes y verificar qué cuestiones se plantean y si realmente tiene la validez para excepcionar la garantía constitucional mencionada”. Tras considerar que el pedido del fiscal general no reunía los requisitos, rechazó el allanamiento.
Cortalezzi, por su parte, afirmó que la denuncia de la Bancaria fue “infundada”. “La AFIP hizo constataciones en la Caja y se concluyó que no había anomalías”, señaló.
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