Quieren investigar el estado de los internos del Roca

Un intento de motín en el Instituto Roca que no pasó a mayores desnudó las falencias que existen en el lugar donde son alojados los menores en conflicto con la Ley. La fiscala Adriana Giannoni, que se encuentra de turno, realizó una inspección en el lugar y no se descarta que en los próximos días, junto al fiscal Diego López Ávila, soliciten a la Corte que el centro de detención también sea incorporado al habeas corpus que dictó por el estado del sistema carcelario de la provincia.

Ese planteo se agrega a un nuevo reclamo que decidieron realizar Aurora Díaz Argañaraz, Claudia López, Mercedes Juárez y José Del Río, entre otros abogados que desde hace por lo menos dos años vienen realizando planteos para que se cambie el sistema de detención de los menores que allí se encuentran.

El miércoles por la noche, un grupo de adolescentes prendió fuego unas colchas, pero las llamas no se extendieron porque en los calabozos existen colchones ignífugos. Fuentes judiciales explicaron a LA GACETA que el motivo del motín fue hacer escuchar una lista de reclamos como mejoras en las celdas, en la alimentación y que se les faciliten controles remotos para que puedan observar sin problemas la televisión.

Gianonni visitó el lugar y mantuvo entrevistas con varios de los menores. En líneas generales, los adolescentes coincidieron a la hora de reclamos, por lo que la fiscala decidió inspeccionar el Roca.

Según trascendió, pese a que había varios matafuegos vencidos, el establecimiento cuenta con sistema para sofocar incendios. Sobre el estado de los calabozos, trascendió que eran aceptables y se encontraban en mejor estado que el de las comisarías cuestionadas por los fiscales.

La otra cara

“Nos parece fabuloso que los fiscales hayan decidido investigar el estado de encierro de los chicos. Hemos pasado de las 16 pastillas diarias, a recibir educación, tener actividad física que les hacía muy bien, a tenerlos encerrados como si fueran gorilas en un calabozo”, se quejó Díaz Argañaraz.

La abogada, que actuó de vocero de los profesionales que están gestionando mejoras, se lamentó por el estado de abandono que sufren los adolescentes en conflicto con la Ley. “Los chicos, por las condiciones de encierro, salen enfermos de odio”, aseguró. “No se trata tampoco de entregarlos a las familias porque no pueden hacerse cargo, sino de darles contención. Y la más importante, sin lugar a dudas, es que no reciben un tratamiento por su problema de adicción”, espeficó.

“La gente debe recordar que ninguna familia tucumana está exenta de este flagelo de la droga. Por eso, entre todos debemos luchar contra ella”, concluyó Díaz Argañaraz.