El Concejo Deliberante de Yerba Buena da marcha atrás y no subirá los gastos sociales

Fue una sesión caliente por donde se la sienta. Primero, porque la sala de reuniones del Concejo Deliberante de Yerba Buena parecía un sauna, pues su único equipo de aire acondicionado no conseguía refrescar a unas 100 personas que transpiraban ahí, entre concejales y oyentes. Y segundo, porque en el temario habían incluido una cuestión que acaloraba los ánimos: la intención de establecer una suma fija para sus gastos políticos y asistenciales. Envueltos en ese estado de sopor, los concejales aprobaron, con los votos de siete de los 10, una resolución para aumentarse su planta de personal, y dieron marcha atrás con ese dictamen sobre los gastos de bloque.

La iniciativa que obtuvo el visto bueno de la mayoría establece que los ediles contarán con un presupuesto equivalente a la sumatoria de siete sueldos básicos de la categoría 15 del escalafón municipal, destinado al personal. En 2011, el ex intendente Daniel Toledo había reducido el número de colaboradores, de siete a dos. Con esta modificación, el reglamento quedará redactado como estaba antes del retoque toledista.

Con respecto a los gastos de funcionamiento, finalmente resolvieron archivar lo que habían pergeñado en las últimas semanas. Actualmente, la norma fija que ese dinero puede ser hasta un sueldo de un concejal. Iban a quitarle la palabra “hasta”, con el objetivo de que cada uno de ellos recibiera el equivalente a un sueldo básico extra, cada mes.

Ambos dictámenes se impusieron con los votos favorables de los radicales Benjamín Zelaya, Lisandro Argiró y Lucas Cerúsico; del macrista Pedro Albornoz Piossek; de los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz; y del presidente del cuerpo, Javier Jantus, del bloque Unidos por Yerba Buena. El radical Maximiliano García estuvo ausente.

Se sabe que les costó llegar a esa mayoría. Hasta unas horas antes de que comenzara el cónclave -el jueves último-, estuvieron reunidos en sus oficinas. Trascendió que Jantus encabezó unas conversaciones, que se asemejaron a pulseadas, con el objetivo de que los defensores de aumentar y de regular esas partidas depusieran su actitud.

“Fue un tema difícil. Estuvo en la prensa y costó poner claridad. Hemos conversado entre nosotros y vimos que no es oportuno insistir. En los últimos años, hubo un manejo espurio de los fondos públicos. Primero, deberíamos transparentarlos. Así que archivamos el expediente”, reconoció el abogado oriundo de Tigre.

Hubo un segundo dictamen (que no prosperó), que había sido ideado por José Macome y por Marcelo Rojas -electos por un partido municipal-. Si bien ellos coincidían con el resto en que es necesario adecuar los cargos con los que cuentan los concejales, consideraron que los fondos para necesidades asistenciales, políticas o de funcionamiento “no deberían existir”. Por eso, pidieron que, directamente, se derogaran esas partidas.

Actualmente, el presupuesto del Concejo yerbabuenense es de $ 15 millones anuales. En ese cálculo, se destinaron más de $ 11 millones para sueldos, y otros más de $ 3 para bienes y servicios. El básico de un concejal rondaría los $ 15.000. Si la regulación y el incremento de los gastos sociales hubiese quedado firme, habría implicado alrededor de $ 2 millones más, anuales, para ese ítem.