04 Diciembre 2015
Días antes de que se produzca un nuevo encuentro para analizar el estado del sistema, un legislador oficialista pateó el tablero al pedir que a través de una Ley se declare la emergencia carcelaria durante 180 días y que durante ese tiempo se suspendan las detenciones contravencionales.
Marcelo Caponio presentó este proyecto para descomprimir la situación que complica a todo el sistema desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó en agosto al Gobierno que no haya más presos con prisión preventiva encerrados en las comisarías.
El fallo respondió al pedido de habeas corpus presentado por los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila. La presentación se realizó luego del motín ocurrido en junio en la Brigada Norte, en Yerba Buena, que dejó el saldo de dos reclusos muertos.
El proyecto presentado por Caponio pide claramente que se “suspendan las detenciones por contravenciones establecidas en la Ley 5.140 hasta tanto se determine con certeza dónde alojar a tales infractores en las condiciones adecuadas, revocándose a la Policía la atribución de detención de un ciudadano ante las infracciones reguladas por la norma”.
Según las estimaciones que realizaron los fiscales, durante un turno de 14 días, las detenciones ordenadas por un magistrado pueden llegar a 90, mientras la de los alojados por haber cometido contravenciones puede ser de hasta 360 en ese mismo lapso de tiempo.
Otra reunión
Más allá de la segura polémica que generará el proyecto de Caponio, hoy en Tribunales se volverán a reunir los miembros de la Corte, representantes del Gobierno y los fiscales que pidieron el habeas corpus para analizar los trabajos que se están realizando para mejorar el sistema carcelario.
Según coincidieron fuentes judiciales, Gianonni y López Ávila, en base a los informes que elaboraron peritos técnicos, sugerirían al menos la inmediata clausura de los calabozos de las seccionales 10ª y 5ª. Siempre de acuerdo a trascendidos, las celdas de ambas dependencias no contarían con las más mínimas condiciones de seguridad e higiene, lo que no sólo pondría en peligro la vida de los reclusos, sino la de los mismos policías y vecinos.
En la reunión los demandantes, en principio, dirán que están conformes con los trabajos de ampliación que se están desarrollando en el penal de Villa Urquiza. En ese planteo también tiene mucho que ver que encontraron mayor predisposición de hacer los cambios en los funcionarios este Gobierno que el anterior.
Los fiscales, además de la cuestión edilicia, están preocupados por otros puntos que también fueron planteados en el habeas corpus: la alimentación y las tareas que realizan los reclusos en el penal.
Al parecer, el Departamento de Producción de Institutos Penales está funcionando en su mínima expresión. Según los datos que maneja la Justicia, menos del 10% de la población carcelaria trabaja en los talleres.
Marcelo Caponio presentó este proyecto para descomprimir la situación que complica a todo el sistema desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó en agosto al Gobierno que no haya más presos con prisión preventiva encerrados en las comisarías.
El fallo respondió al pedido de habeas corpus presentado por los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila. La presentación se realizó luego del motín ocurrido en junio en la Brigada Norte, en Yerba Buena, que dejó el saldo de dos reclusos muertos.
El proyecto presentado por Caponio pide claramente que se “suspendan las detenciones por contravenciones establecidas en la Ley 5.140 hasta tanto se determine con certeza dónde alojar a tales infractores en las condiciones adecuadas, revocándose a la Policía la atribución de detención de un ciudadano ante las infracciones reguladas por la norma”.
Según las estimaciones que realizaron los fiscales, durante un turno de 14 días, las detenciones ordenadas por un magistrado pueden llegar a 90, mientras la de los alojados por haber cometido contravenciones puede ser de hasta 360 en ese mismo lapso de tiempo.
Otra reunión
Más allá de la segura polémica que generará el proyecto de Caponio, hoy en Tribunales se volverán a reunir los miembros de la Corte, representantes del Gobierno y los fiscales que pidieron el habeas corpus para analizar los trabajos que se están realizando para mejorar el sistema carcelario.
Según coincidieron fuentes judiciales, Gianonni y López Ávila, en base a los informes que elaboraron peritos técnicos, sugerirían al menos la inmediata clausura de los calabozos de las seccionales 10ª y 5ª. Siempre de acuerdo a trascendidos, las celdas de ambas dependencias no contarían con las más mínimas condiciones de seguridad e higiene, lo que no sólo pondría en peligro la vida de los reclusos, sino la de los mismos policías y vecinos.
En la reunión los demandantes, en principio, dirán que están conformes con los trabajos de ampliación que se están desarrollando en el penal de Villa Urquiza. En ese planteo también tiene mucho que ver que encontraron mayor predisposición de hacer los cambios en los funcionarios este Gobierno que el anterior.
Los fiscales, además de la cuestión edilicia, están preocupados por otros puntos que también fueron planteados en el habeas corpus: la alimentación y las tareas que realizan los reclusos en el penal.
Al parecer, el Departamento de Producción de Institutos Penales está funcionando en su mínima expresión. Según los datos que maneja la Justicia, menos del 10% de la población carcelaria trabaja en los talleres.
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