04 Diciembre 2015
BUENOS AIRES. - El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó a favor del sobreseimiento del presidente electo, Mauricio Macri, en la causa por las supuestas escuchas telefónicas ilegales desde el Gobierno porteño entre 2008 y 2010.
Fuentes judiciales informaron que el pronunciamiento del funcionario del Ministerio Público se inclina por desvincular de la causa al próximo jefe de Estado, que había estado procesado en 2012.
Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello había dado por cerrada la instrucción, y consultó a la fiscalía y a las querellas para que se expidan, antes de que asuma la Presidencia, si Macri debe seguir imputado o es sobreseído.
Ya en 2012, el entonces jefe de Gobierno opinó que esta causa había sido armada por el Gobierno nacional. “Es un invento hecho por el kirchnerismo”, había dicho. En aquella ocasión, había contestado con un “claramente” cuando se le preguntó si creía que la presidenta Cristina Fernández la impulsaba. En cuanto Macri ganó el balotaje, sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, plantearon a Casanello que dictara el sobreseimiento “porque las pruebas no habían permitido disipar las dudas”.
Casanello había pedido a la Justicia de Estados Unidos un informe sobre la contratación de la empresa Ackerman, supuestamente utilizada para espiar al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, quien por entonces estaba en pareja con Sandra Macri. El padre de Macri, Franco, declaró, a lo largo de la causa, que había sido él quien contrató a la empresa, porque estaba preocupado por la suerte de su hija.
El juez recibió semanas atrás un informe de la Justicia de Estados Unidos en la que encontró pocas precisiones, y una suerte de tácito anuncio de que no habría mayor información.
Uno de los querellantes, Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, requirió que Macri vaya a juicio oral junto al resto de los procesados y aún falta la decisión de Leonardo. Cuando Casanello tenga todos los pronunciamientos adoptará una resolución final que, cualquiera fuera, es apelable en por lo menos dos instancias más y podría llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
En la causa se investiga una red de espionaje que se montó en distintas órbitas del Gobierno porteño para intervenir teléfonos con ordenes judiciales de empresarios y dirigentes. Por la causa que empezó en 2009, serán juzgados varios funcionarios a partir del 5 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5. (DyN)
Fuentes judiciales informaron que el pronunciamiento del funcionario del Ministerio Público se inclina por desvincular de la causa al próximo jefe de Estado, que había estado procesado en 2012.
Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello había dado por cerrada la instrucción, y consultó a la fiscalía y a las querellas para que se expidan, antes de que asuma la Presidencia, si Macri debe seguir imputado o es sobreseído.
Ya en 2012, el entonces jefe de Gobierno opinó que esta causa había sido armada por el Gobierno nacional. “Es un invento hecho por el kirchnerismo”, había dicho. En aquella ocasión, había contestado con un “claramente” cuando se le preguntó si creía que la presidenta Cristina Fernández la impulsaba. En cuanto Macri ganó el balotaje, sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, plantearon a Casanello que dictara el sobreseimiento “porque las pruebas no habían permitido disipar las dudas”.
Casanello había pedido a la Justicia de Estados Unidos un informe sobre la contratación de la empresa Ackerman, supuestamente utilizada para espiar al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, quien por entonces estaba en pareja con Sandra Macri. El padre de Macri, Franco, declaró, a lo largo de la causa, que había sido él quien contrató a la empresa, porque estaba preocupado por la suerte de su hija.
El juez recibió semanas atrás un informe de la Justicia de Estados Unidos en la que encontró pocas precisiones, y una suerte de tácito anuncio de que no habría mayor información.
Uno de los querellantes, Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, requirió que Macri vaya a juicio oral junto al resto de los procesados y aún falta la decisión de Leonardo. Cuando Casanello tenga todos los pronunciamientos adoptará una resolución final que, cualquiera fuera, es apelable en por lo menos dos instancias más y podría llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
En la causa se investiga una red de espionaje que se montó en distintas órbitas del Gobierno porteño para intervenir teléfonos con ordenes judiciales de empresarios y dirigentes. Por la causa que empezó en 2009, serán juzgados varios funcionarios a partir del 5 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5. (DyN)
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