30 Noviembre 2015
En la justicia provincial y en el fuero federal podría haber novedades esta semana en las dos causas vinculadas al manejo de los denominados “gastos sociales”, un ítem que benefició este año a los legisladores con más de $ 500 millones para uso discrecional.
La demanda que se tramita en la Justicia provincial fue presentada por Oscar López, ex candidato a legislador. Lo hizo raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA por las que se develó que desde una sede del Banco Tucumán-Grupo Macro, entre enero y septiembre pasado, fueron extraídos $ 490 millones de la partida “ayudas sociales a personas”.
Ayer se publicó otro dato más: el 29 de octubre (día del acto de asunción de Juan Manzur) fueron transferidos $ 25 millones desde esa misma cuenta. Esa cantidad de dinero no fue acreditada en ninguna otra cuenta bancaria de la Legislatura. La causa de las valijas recayó en la fiscalía de Washington Navarro Dávila, pero días más tarde López presentó una recusación con causa para solicitar que pasara al despacho de Diego López Ávila (IV Nominación). Esta semana debería definirse qué fiscal entenderá en la denuncia penal.
Por otra parte, el ciudadano Carlos Duguech, puso en tela de juicio la actuación del Tribunal de Cuentas en el control de los gastos sociales. Duguech también había presentado una denuncia cuando se publicaron las notas en el diario y, según manifestó, desde el organismo de control le respondieron que no era posible determinar el monto total de los gastos sociales. ¿La razón? “La rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto, la que, tal como dijimos, es devuelta a origen una vez intervenida por este Tribunal de Cuentas”, señala la nota que lleva la firma de Miguel Chaibén Terraf, presidente del tribunal. Según Duguech, esto va en contra del artículo 144 de la Ley Nº 6.970 de Administración Financiera, que determina que “... Cuando la documentación que se acompañare fuere incompleta, el Jefe del Departamento de Rendición de Cuentas podrá otorgar un plazo de hasta diez (10) días al presentante para completarla”. “Vale decir, en definitiva, que rastrear el monto (y aplicación documentada) de los así llamados ‘gastos sociales’ es imposible, en palabras de la máxima autoridad del organismo constitucional de control de las cuentas de los dineros públicos”, se quejó Duguech.
En paralelo, el fiscal federal general Gustavo Gómez inició una causa de oficio por presunto lavado de activos. Pero un ex legislador oficialista, Manuel Fernández, presentó un recurso para que se archive la causa. Finalmente, el expediente pasó al fiscal federal Pablo Camuña por decisión del juez federal Daniel Bejas.
La demanda que se tramita en la Justicia provincial fue presentada por Oscar López, ex candidato a legislador. Lo hizo raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA por las que se develó que desde una sede del Banco Tucumán-Grupo Macro, entre enero y septiembre pasado, fueron extraídos $ 490 millones de la partida “ayudas sociales a personas”.
Ayer se publicó otro dato más: el 29 de octubre (día del acto de asunción de Juan Manzur) fueron transferidos $ 25 millones desde esa misma cuenta. Esa cantidad de dinero no fue acreditada en ninguna otra cuenta bancaria de la Legislatura. La causa de las valijas recayó en la fiscalía de Washington Navarro Dávila, pero días más tarde López presentó una recusación con causa para solicitar que pasara al despacho de Diego López Ávila (IV Nominación). Esta semana debería definirse qué fiscal entenderá en la denuncia penal.
Por otra parte, el ciudadano Carlos Duguech, puso en tela de juicio la actuación del Tribunal de Cuentas en el control de los gastos sociales. Duguech también había presentado una denuncia cuando se publicaron las notas en el diario y, según manifestó, desde el organismo de control le respondieron que no era posible determinar el monto total de los gastos sociales. ¿La razón? “La rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto, la que, tal como dijimos, es devuelta a origen una vez intervenida por este Tribunal de Cuentas”, señala la nota que lleva la firma de Miguel Chaibén Terraf, presidente del tribunal. Según Duguech, esto va en contra del artículo 144 de la Ley Nº 6.970 de Administración Financiera, que determina que “... Cuando la documentación que se acompañare fuere incompleta, el Jefe del Departamento de Rendición de Cuentas podrá otorgar un plazo de hasta diez (10) días al presentante para completarla”. “Vale decir, en definitiva, que rastrear el monto (y aplicación documentada) de los así llamados ‘gastos sociales’ es imposible, en palabras de la máxima autoridad del organismo constitucional de control de las cuentas de los dineros públicos”, se quejó Duguech.
En paralelo, el fiscal federal general Gustavo Gómez inició una causa de oficio por presunto lavado de activos. Pero un ex legislador oficialista, Manuel Fernández, presentó un recurso para que se archive la causa. Finalmente, el expediente pasó al fiscal federal Pablo Camuña por decisión del juez federal Daniel Bejas.
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