“No permanecemos inmunes frente al reclamo de justicia de la comunidad”, dijo Gandur

Jueces, políticos, abogados y amigos pasan a saludar, llaman o envían sus felicitaciones a Antonio Gandur, presidente reelecto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El homenajeado no da abasto para atender a todos los que lo requieren. Una conocida suya espera un rato largo sólo para dejarle un obsequio: una fotografía pequeña y desgastada de Gandur con amigos, todos veinteañeros taciturnos. “Mire, mire, todavía usábamos pantalones cortos”, observa el magistrado, que a los 81 desmiente que esté barajando jubilarse, como se comenta en los pasillos del Palacio de Justicia. “Sólo pienso en lo que tengo por delante”, zanja convencido.

Al votar por sí mismo en las dos elecciones internas fallidas que celebró el alto tribunal en octubre, Gandur había dejado claro que quería permanecer otros dos años en el despacho más amplio de los Tribunales. El miércoles, por fin, ese deseo recibió el respaldo de sus pares Claudia Sbdar y Daniel Posse. Los tres formaron la mayoría que destrabó la votación del presidente del cuerpo; ungió vocal decana o vicepresidenta a Sbdar en reemplazo de René Goane, quien había desempeñado esa función históricamente, y avaló el regreso de Posse al Consejo Asesor de la Magistratura. Goane y el vocal Antonio Estofán disintieron con el cambio respecto de la vicepresidencia: según su criterio, la designación de Sbdar viola la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este proceso de renovación de autoridades insumió 50 días hábiles. En el ínterin y ante el hecho de que ninguno de los vocales reunía tres votos para ser presidente, la Corte tomó la decisión inédita de prorrogar los mandatos vencidos hasta el 30 de noviembre. Como ese término iba camino a expirar y el bloqueo persistía, comenzaron a encenderse las alertas de una acefalía susceptible de desembocar en la intervención de la institución. Un tira y afloja parecido había tenido lugar en 2013, pero Gandur les quita importancia a estas vicisitudes y asegura que sigue al mando del navío judicial con dos objetivos: jerarquizar el acceso a la justicia por medio de los jueces de Paz letrados y garantizar la vigencia de los derechos humanos. “Con respecto a los juicios, la Corte está al día. Por lo demás, el fuero de Documentos y Locaciones sigue siendo un reloj suizo: es la joya de la abuela. Mejoraron bastante los juzgados de Cobros y Apremios, y el fuero Civil y Comercial se acerca a los tiempos razonables: la Cámara salió del estado de emergencia -suponía un cupo de sentencias por mes- y vamos a proveerle tres relatores más”, pasa revista.

-¿Y los otros fueros?

-Las fiscalías de Instrucción siempre están con serias dificultades. Hay carencias técnicas que intentamos suplir. El Ministerio Público escapa a nosotros pero es positivo el hecho de que, entre 2013 y 2015, dos fiscales sumamente cuestionados hayan cesado (Carlos Albaca y Guillermo Herrera). El Poder Judicial se hizo eco de los reclamos de la comunidad. Las demás oficinas son monitoreadas permanentemente por el Cuerpo de Auditores y los tribunales de segunda instancia.

-Albaca y Herrera fueron denunciados, pero sus casos no parecen avanzar hacia el juicio oral...

-Las investigaciones y las auditorías demostraron que había incumplimientos. Ellos tomaron la decisión de irse (N. de la R.: se jubilaron con el beneficio del 82% móvil), pero es una forma de demostrar que no permanecemos inmunes frente al reclamo de justicia, incluso cuando se trata de funcionarios del Poder Judicial.

-¿Por qué cree que hace más de 12 años que los Tribunales no juzgan un caso de corrupción?

-Hay un control permanente de la conducta del personal por vía de la superintendencia de la Corte y de la revisión de las sentencias que emiten los tribunales inferiores. Y lo seguirá habiendo.

-¿Es cierto que el Ministerio Público está incorporando personal en forma discrecional?

-Conozco que hay contrataciones donde la Corte Suprema no ha intervenido, pese a que corresponde que lo haga. Esos contratos deben ser dejados sin efecto. Nosotros impulsamos la política de acceso a los cargos por concurso.

-¿Cómo explica que a los cinco vocales de la Corte les haya costado tanto elegir autoridades?

-Hay que distinguir dos temas: en cuanto a la producción y a la calidad de los fallos, creo que tenemos una Corte muy buena y sin atrasos. Respecto de la administración del Poder Judicial hay diferencias que son naturales. Reconozco que la renovación de los cargos tiene mucha repercusión, pero es solamente ruido.

-Usted se ha ganado el derecho a disfrutar de una vida tranquila, ¿por qué quiso otra presidencia?

-Tenía la necesidad, por decirlo de alguna forma, de concluir ciertos temas, como la Justicia de Paz letrada, que me preocupa mucho. Esto me obliga a seguir aquí.

-En su carácter de titular de la Junta Electoral Provincial estuvo en el centro de los conflictos vinculados a las elecciones. ¿Cómo digirió esa experiencia?

-Hemos actuado con toda honestidad. Los comicios fueron transparentes y normales. Cuatro casos de urnas quemadas o de salvajismo electoral, que tienen requerimiento de elevación a juicio, tomaron una magnitud anormal porque otros años también había habido hechos parecidos, sin los efectos que vimos en 2015. Las anomalías detectadas en el escrutinio provisorio no tienen valor: lo que da certeza es el escrutinio definitivo, que es objeto de múltiples controles. Para consumar el fraude estructural del que se habló hace falta poner de acuerdo a casi 40.000 personas: ¡es imposible! Las elecciones han sido claras y transparentes: para convencernos de ello, hay que recordar que este año hubo cuatro comicios distintos (tres nacionales y uno provincial) con resultados similares. El mismo partido (Frente para la Victoria) triunfó siempre. Se habló de fraude y eso nos causó dolor y decepción porque los agravios se trasladaron al terreno personal, pero todo está superado: la ciudadanía conoce la verdad.

-Los sucesos electorales llevaron al Poder Ejecutivo a impulsar una reforma política...

-Sí, nosotros estamos elaborando un informe al respecto. Y advertimos que hay que ser cuidadosos porque tanto los partidos políticos como el sistema de acoples tienen estatus constitucional. Se puede elevar los requisitos para formar partidos y acoples, aunque el tema exige mucha meditación. Pero, por ejemplo, sería bueno que desaparezca la venta de fichas de afiliación que manejan los punteros si lo que se quiere evitar es que los partidos sean sellos de goma carentes de autenticidad.

-Un grupo de dirigentes de la abogacía hace poco fue al diario y pidió al próximo presidente de la Nación que promueva la independencia judicial. ¿Cómo ve usted esta cuestión?

-Hay que pedir, exigir y rogar respeto por la autonomía del Poder Judicial. Los recursos son las únicas vías procesales admisibles para modificar una sentencia: hay que usarlos.

-¿Qué pasará con el caso que cuestiona el traspaso a los Tribunales locales de la potestad para perseguir a los “dealers”?

-Me parece que es un tema terminado: nadie está en condiciones de seguir moviendo esa historia y hay un convencimiento de que este tema es de la Justicia Federal.

-Llama la atención que el fallo del caso “Verón” (2013) siga en proceso de revisión en esta Corte...

-Se me ocurre que hay un pronunciamiento final en vías de elaboración y que está bastante adelantado. Esperemos que salga antes de la feria o en febrero.

-¿El cambio de criterio en cuanto a la elección del vocal decano potenciará la división del tribunal?

-No lo creo. Seguiremos trabajando como siempre. Esa fractura de la que se habla tanto tiene carácter coyuntural: para mí, insisto, hay más ruido que nueces.