27 Noviembre 2015
El Colegio de Abogados de la Capital expresó su solidaridad y el repudio enérgico ante los actos de violencia inaceptables que sufrió Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Estas agresiones evidencian un claro avasallamiento contra la integridad e independencia de la magistrada”, manifestó la entidad por medio de la resolución que firmaron el presidente Francisco García Posse y el prosecretario Rodolfo Gilli.
“Señalamos nuestra preocupación por cuanto estos ataques arteros contra la integridad física de jueces y funcionarios judiciales constituyen un grave hecho de trascendencia institucional, que violenta el sistema de Justicia y revela la existencia de grupos que pretenden vivir en la impunidad, al margen de las leyes y resistiéndose a respetar las instituciones de la democracia”, añadieron las autoridades del Colegio de Abogados en nombre de su Consejo Directivo.
García Posse y Gilli exhortaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a investigar e identificar a los autores materiales de los hechos denunciados por López Piossek. “Es necesario adoptar todas las medidas conducentes para impedir que los ataques se repitan, y redoblar el compromiso y la responsabilidad político-institucional que les corresponde para revertir en el más corto plazo el estado de situación existente”, concluyeron.
Las patentes están
La resolución del Colegio se suma a las notas de solidaridad que otras instituciones dirigieron a López Piossek luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo denunciase que el domicilio de la jueza había sido atacado de nuevo el domingo del balotaje. Previamente, se expidieron, entre otros, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (el presidente Antonio Gandur, además, se solidarizó a título personal), la Asociación de Magistrados de Tucumán y distintos dirigentes políticos.
Las agresiones contra López Piossek comenzaron luego de que esta, junto al camarista Salvador Ruiz, declarase la nulidad de las elecciones del 23 de agosto (la decisión luego fue revocada). El lunes, los seis jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo (Ruiz, Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, Sergio Gandur y la propia López Piossek) informaron al Poder Ejecutivo, a Gandur y al ministro público Edmundo Jiménez que desconocidos habían pintado la casa de la vocal horas antes del inicio de los comicios del 22 de noviembre. Antes, la vivienda había sido apedreada y un policía fue “patoteado”. La jueza y Ruiz también sufrieron escraches en la vía pública. Los camaristas ligaron estos hechos a los pleitos electorales con enorme repercusión pública que había juzgado López Piossek en el último tiempo. Además, denunciaron inacción de las instituciones en cuanto a la dilucidación de los ataques. “Nos causa preocupación que, estando identificadas al menos dos chapas patente de vehículos implicados (en el ataque al policía que custodiaba la vivienda), hasta la fecha no se conocieran avances concretos sobre los autores individuales”, dijeron.
El martes, Pablo Yedlin, secretario general de la Gobernación, había manifestado por escrito que la fiscala Mariana Rivadeneira tenía a su cargo la investigación de algunos de los hechos y confirmó que habían tomado las chapas patente de los autos que usaron los agresores del guardia asignado a la jueza. En el entorno de la magistrada confirmaron que esta había recuperado la custodia policial.
“Señalamos nuestra preocupación por cuanto estos ataques arteros contra la integridad física de jueces y funcionarios judiciales constituyen un grave hecho de trascendencia institucional, que violenta el sistema de Justicia y revela la existencia de grupos que pretenden vivir en la impunidad, al margen de las leyes y resistiéndose a respetar las instituciones de la democracia”, añadieron las autoridades del Colegio de Abogados en nombre de su Consejo Directivo.
García Posse y Gilli exhortaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a investigar e identificar a los autores materiales de los hechos denunciados por López Piossek. “Es necesario adoptar todas las medidas conducentes para impedir que los ataques se repitan, y redoblar el compromiso y la responsabilidad político-institucional que les corresponde para revertir en el más corto plazo el estado de situación existente”, concluyeron.
Las patentes están
La resolución del Colegio se suma a las notas de solidaridad que otras instituciones dirigieron a López Piossek luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo denunciase que el domicilio de la jueza había sido atacado de nuevo el domingo del balotaje. Previamente, se expidieron, entre otros, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (el presidente Antonio Gandur, además, se solidarizó a título personal), la Asociación de Magistrados de Tucumán y distintos dirigentes políticos.
Las agresiones contra López Piossek comenzaron luego de que esta, junto al camarista Salvador Ruiz, declarase la nulidad de las elecciones del 23 de agosto (la decisión luego fue revocada). El lunes, los seis jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo (Ruiz, Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, Sergio Gandur y la propia López Piossek) informaron al Poder Ejecutivo, a Gandur y al ministro público Edmundo Jiménez que desconocidos habían pintado la casa de la vocal horas antes del inicio de los comicios del 22 de noviembre. Antes, la vivienda había sido apedreada y un policía fue “patoteado”. La jueza y Ruiz también sufrieron escraches en la vía pública. Los camaristas ligaron estos hechos a los pleitos electorales con enorme repercusión pública que había juzgado López Piossek en el último tiempo. Además, denunciaron inacción de las instituciones en cuanto a la dilucidación de los ataques. “Nos causa preocupación que, estando identificadas al menos dos chapas patente de vehículos implicados (en el ataque al policía que custodiaba la vivienda), hasta la fecha no se conocieran avances concretos sobre los autores individuales”, dijeron.
El martes, Pablo Yedlin, secretario general de la Gobernación, había manifestado por escrito que la fiscala Mariana Rivadeneira tenía a su cargo la investigación de algunos de los hechos y confirmó que habían tomado las chapas patente de los autos que usaron los agresores del guardia asignado a la jueza. En el entorno de la magistrada confirmaron que esta había recuperado la custodia policial.
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