18 Octubre 2015
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
CANDIDATOS A SENADOR
José Alperovich
Contemplar asimetrías
La coparticipación es la parte que le toca a Tucumán de los impuestos que recauda la Nación (por ejemplo, el IVA y el Impuesto a las Ganancias).
Para que cualquier provincia pueda aumentar su porcentaje de coparticipación, es necesario que otra provincia ceda una parte de la suya, lo cual veo imposible. La única manera de modificar esto es que la Nación ceda a las provincias una parte mayor de lo que recauda. Con el dinero que recibimos durante estos años de gobierno pudimos ejecutar cosas muy importantes para todos los tucumanos, como las obras de infraestructura vial, la ampliación de la red de agua, cloaca, electricidad, gas, obras de cordón cuneta, pavimento y creación de pozos de agua. El régimen que está vigente en la actualidad es transitorio, y muy complejo, a mi entender, por lo que puede simplificarse. Tucumán es una provincia que tiene un muy buen índice de coparticipación, en relación a las variables que habitualmente se consideran en la materia. Los senadores de las provincias tendremos que encarar un debate serio, porque el nuevo régimen necesariamente deberá contemplar, como así también ayudar a corregir, las desigualdades y asimetrías.
Silvia Elías de Pérez
Hay una clara desigualdad
La reforma del régimen de coparticipación es una necesidad institucional, porque podría tener impacto sobre las economías regionales y el poder político local. En el Proyecto de Presupuesto 2016, las provincias con una situación social más crítica, como Tucumán, Misiones y Salta, se encuentran dentro del grupo que recibirían menores transferencias de coparticipación federal por habitante ($15.000). En cambio, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y La Pampa, que tienen bajos indicadores de pobreza, percibirían mayores transferencias ($35.000). Esto significa claramente una desigualdad que debe ser tenida en cuenta y que hace que las provincias como la nuestra tengan números desfavorables. Un nuevo régimen debería: 1) Incorporar todos los impuestos existentes (incluyendo el 100% de derechos de exportación y cheque); 2) Indicadores objetivos de reparto para la distribución entre provincias; 3) Establecer un régimen de transición a cinco años con un fondo compensador para que ninguna provincia se vea perjudicada con respecto a la situación actual. Así, Tucumán recibiría $7000 más por año por habitante, llegando a $22.000.
Gerónimo Vargas Aignasse
El Gobierno se apropia de recursos provinciales desde hace décadas
La gran deuda que tiene el Congreso de la Nación con la Constitución nacional del 90 y con las provincias argentinas es una nueva ley de coparticipación federal.
El gobierno federal se viene apropiando de recursos provinciales desde hace décadas, hoy de cada 100 pesos en impuestos que paga un tucumano 76 pesos van a Nación y 24 pesos vuelven a la Provincia, un exceso que contraviene palmariamente el espíritu de la Constitución Nacional. Los gobernadores de provincias se han convertido en pedigüeños de fondos nacionales, totalmente condicionados al gobierno central, en especial las provincias del norte como la nuestra.
El manejo discrecional de fondos es la gran herramienta política del gobierno nacional durante estos 12 años.
Por eso el diputado Sergio Massa, desde el Frente Renovador, propone un nuevo esquema de distribución de recursos nacionales, que garanticen crecimiento y desarrollo, y donde los gobernadores sean verdaderos administradores de sus presupuestos, y no mendigos del gobierno de turno.
Juan Luis Véliz
Dónde dirigen la plata
Los recursos son utilizados con el mismo criterio tanto en las provincias donde gobierna el oficialismo como donde gobierna la oposición. Se destinan a inversiones para beneficiar a los grandes empresarios, otorgándoles subsidios para que paguen los servicios, o llevando adelante obras públicas truchas como se vio en las últimas inundaciones. En cambio, los hospitales públicos siguen abarrotados con filas que empiezan a las 4 am para conseguir un turno, los docentes tenemos que dar clases en escuelas sin agua y cada año las lluvias se llevan lo poco que consiguieron miles de familias. Los trabajadores de cada provincia viven en situaciones similares. Desde la desnutrición del Chaco, pasando por el trabajo temporario en Tucumán, las muertes por accidentes laborales en Santa Fe o los talleres textiles clandestinos en Capital Federal y sus alrededores. No se trata de si a Tucumán le corresponde más o menos plata, sino de hacia dónde está dirigida. Un gobierno de los trabajadores establecería un plan nacional económico, que no esté basado en los favores políticos a tal o cual feudo, sino en las necesidades de la población de todo el país.
CANDIDATOS A DIPUTADO
Alejandra Arreguez
Sistema regresivo
La principal fuente de recaudación de recursos del Estado son los impuestos que recaen sobre los ingresos de quienes trabajamos. Entre ingresos brutos, IVA, impuesto al salario, etcétera se nos va más de la mitad de nuestro salario. En cambio, quienes tienen grandes fortunas, como los especuladores de la renta financiera, los terratenientes o empresarios del citrus y el azúcar, están rodeados de exenciones impositivas, fugan sus ganancias en dólares al exterior y no pagan impuestos. Lo que nadie quiere discutir es que la base de la Coparticipación Federal es un sistema impositivo regresivo, donde los que más tienen son los que menos ponen, los que menos tenemos somos los que más aportamos y toda esa plata de conjunto, va a parar a los bolsillos de los poderosos bajo la forma de subsidios o negociados con el Estado. Somos la única fuerza política que se plantea revertir esta ecuación. Proponemos eliminar el impuesto al IVA de todos los productos del consumo popular, eliminar el impuesto al salario, que no es ganancia. Aplicar fuertes impuestos a las grandes fortunas. Restituir los aportes patronales al 33% (como estaban antes de que Cavallo los reduzca al 11%.)
José Fernando Orellana
Hacia una nueva ley
Es el mecanismo más importante de asignación de recursos para la ejecución de políticas del Estado. El 69% de estos recursos coparticipables provienen del impuesto a la Ganancia y al IVA. Fue incorporado en nuestro ordenamiento legal en el año 1988, pero recién con la reforma Constitucional del año 1994, se exigió al Congreso el dictado urgente de la normativa concerniente a la distribución de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias, que hasta esa fecha no estaba perfeccionada. Actualmente contamos con una mora de más de 20 años en la modificación de la ley, lo cual es una meta pendiente. Por eso, hay que avanzar sobre una nueva ley, estableciendo un acuerdo marco de distribución entre el PEN y cada una de las Provincias. Plantearé la discusión sobre la eliminación de los sistemas de transferencias automáticas sin control por parte del Estado. Promoveré el aumento del porcentaje de recursos coparticipables para los municipios de todo el país, y proyectaré la creación de un sistema de transferencia condicionada a través de un Fondo Fiduciario de Inversión Regional, al cual podrán acceder todas las jurisdicciones menos desarrolladas.
Facundo Garretón
Generar riqueza
Sería bueno cambiar la ley, que estableció pautas de reparto que tienen más que ver con el poder de negociación que tenía cada provincia en ese momento que en las realidades económicas y sociales. Pero la Constitución de 1994 hace prácticamente imposible una nueva ley de coparticipación porque obliga a que todas las provincias aprueben esa ley-convenio. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Por el costado de la coparticipación, en la última década se centralizó el poder fiscal en la Nación en detrimento de las provincias. Las transferencias automáticas se redujeron de 33,1% de la recaudación nacional en 2001 a 25,8% en 2012. Como contrapartida, aumentaron las transferencias discrecionales: de 5% de los ingresos provinciales en 2000 a 11% en 2012. Proponemos volver a aumentar las transferencias automáticas y transparentar el envío de las discrecionales. Pero el verdadero fondo del asunto es lo que pasa por la generación de riqueza. Lo que necesitamos para tener un país más integrado, justo y solidario no es que nos repartan plata desde Buenos Aires sino que sea posible generar valor desde Tucumán. Por eso lo que hay que hacer es fomentar el desarrollo reduciendo impuestos, empezando por las retenciones a las economías regionales; favoreciendo el empleo y generando un shock de infraestructura, para que lo que hacemos acá pueda llegar al país y al mundo.
Esteban Dumit
Un sistema injusto
Debemos tener claro dos cuestiones:
1- El sistema de porcentajes que distribuye fondos entre Nación, provincia y Anses, los cuales son establecidos por ley. La reforma de esta ley es un gran desafío y una tarea pendiente del Congreso, porque requiere de un gran acuerdo federal y cualquier modificación de estos porcentajes amerita la baja de porcentajes a unos para el aumento en otros. Proceso que que llevará años de discusión.
2- El otro punto es la determinación de qué impuestos componen la masa coparticipable, y es allí donde creo que es posible conseguir de manera inmediata una mejora en los fondos para la provincia. Hoy padecemos un sistema injusto, donde gran parte de los impuestos se los lleva el Gobierno nacional cuando deberían ser repartidos proporcionalmente a las provincias, lo cual genera dependencia política y exacerba el centralismo que tanto daño hace al desarrollo armónico de un país. Para dar un ejemplo, hoy el Gobierno nacional no coparticipa el 11% del IVA, el 36% del Impuesto a las Ganancias, el 70% de los monotributos, el 70% del Impuesto a los Créditos y Débitos.
José Alperovich
Contemplar asimetrías
La coparticipación es la parte que le toca a Tucumán de los impuestos que recauda la Nación (por ejemplo, el IVA y el Impuesto a las Ganancias).
Para que cualquier provincia pueda aumentar su porcentaje de coparticipación, es necesario que otra provincia ceda una parte de la suya, lo cual veo imposible. La única manera de modificar esto es que la Nación ceda a las provincias una parte mayor de lo que recauda. Con el dinero que recibimos durante estos años de gobierno pudimos ejecutar cosas muy importantes para todos los tucumanos, como las obras de infraestructura vial, la ampliación de la red de agua, cloaca, electricidad, gas, obras de cordón cuneta, pavimento y creación de pozos de agua. El régimen que está vigente en la actualidad es transitorio, y muy complejo, a mi entender, por lo que puede simplificarse. Tucumán es una provincia que tiene un muy buen índice de coparticipación, en relación a las variables que habitualmente se consideran en la materia. Los senadores de las provincias tendremos que encarar un debate serio, porque el nuevo régimen necesariamente deberá contemplar, como así también ayudar a corregir, las desigualdades y asimetrías.
Silvia Elías de Pérez
Hay una clara desigualdad
La reforma del régimen de coparticipación es una necesidad institucional, porque podría tener impacto sobre las economías regionales y el poder político local. En el Proyecto de Presupuesto 2016, las provincias con una situación social más crítica, como Tucumán, Misiones y Salta, se encuentran dentro del grupo que recibirían menores transferencias de coparticipación federal por habitante ($15.000). En cambio, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y La Pampa, que tienen bajos indicadores de pobreza, percibirían mayores transferencias ($35.000). Esto significa claramente una desigualdad que debe ser tenida en cuenta y que hace que las provincias como la nuestra tengan números desfavorables. Un nuevo régimen debería: 1) Incorporar todos los impuestos existentes (incluyendo el 100% de derechos de exportación y cheque); 2) Indicadores objetivos de reparto para la distribución entre provincias; 3) Establecer un régimen de transición a cinco años con un fondo compensador para que ninguna provincia se vea perjudicada con respecto a la situación actual. Así, Tucumán recibiría $7000 más por año por habitante, llegando a $22.000.
Gerónimo Vargas Aignasse
El Gobierno se apropia de recursos provinciales desde hace décadas
La gran deuda que tiene el Congreso de la Nación con la Constitución nacional del 90 y con las provincias argentinas es una nueva ley de coparticipación federal.
El gobierno federal se viene apropiando de recursos provinciales desde hace décadas, hoy de cada 100 pesos en impuestos que paga un tucumano 76 pesos van a Nación y 24 pesos vuelven a la Provincia, un exceso que contraviene palmariamente el espíritu de la Constitución Nacional. Los gobernadores de provincias se han convertido en pedigüeños de fondos nacionales, totalmente condicionados al gobierno central, en especial las provincias del norte como la nuestra.
El manejo discrecional de fondos es la gran herramienta política del gobierno nacional durante estos 12 años.
Por eso el diputado Sergio Massa, desde el Frente Renovador, propone un nuevo esquema de distribución de recursos nacionales, que garanticen crecimiento y desarrollo, y donde los gobernadores sean verdaderos administradores de sus presupuestos, y no mendigos del gobierno de turno.
Juan Luis Véliz
Dónde dirigen la plata
Los recursos son utilizados con el mismo criterio tanto en las provincias donde gobierna el oficialismo como donde gobierna la oposición. Se destinan a inversiones para beneficiar a los grandes empresarios, otorgándoles subsidios para que paguen los servicios, o llevando adelante obras públicas truchas como se vio en las últimas inundaciones. En cambio, los hospitales públicos siguen abarrotados con filas que empiezan a las 4 am para conseguir un turno, los docentes tenemos que dar clases en escuelas sin agua y cada año las lluvias se llevan lo poco que consiguieron miles de familias. Los trabajadores de cada provincia viven en situaciones similares. Desde la desnutrición del Chaco, pasando por el trabajo temporario en Tucumán, las muertes por accidentes laborales en Santa Fe o los talleres textiles clandestinos en Capital Federal y sus alrededores. No se trata de si a Tucumán le corresponde más o menos plata, sino de hacia dónde está dirigida. Un gobierno de los trabajadores establecería un plan nacional económico, que no esté basado en los favores políticos a tal o cual feudo, sino en las necesidades de la población de todo el país.
CANDIDATOS A DIPUTADO
Alejandra Arreguez
Sistema regresivo
La principal fuente de recaudación de recursos del Estado son los impuestos que recaen sobre los ingresos de quienes trabajamos. Entre ingresos brutos, IVA, impuesto al salario, etcétera se nos va más de la mitad de nuestro salario. En cambio, quienes tienen grandes fortunas, como los especuladores de la renta financiera, los terratenientes o empresarios del citrus y el azúcar, están rodeados de exenciones impositivas, fugan sus ganancias en dólares al exterior y no pagan impuestos. Lo que nadie quiere discutir es que la base de la Coparticipación Federal es un sistema impositivo regresivo, donde los que más tienen son los que menos ponen, los que menos tenemos somos los que más aportamos y toda esa plata de conjunto, va a parar a los bolsillos de los poderosos bajo la forma de subsidios o negociados con el Estado. Somos la única fuerza política que se plantea revertir esta ecuación. Proponemos eliminar el impuesto al IVA de todos los productos del consumo popular, eliminar el impuesto al salario, que no es ganancia. Aplicar fuertes impuestos a las grandes fortunas. Restituir los aportes patronales al 33% (como estaban antes de que Cavallo los reduzca al 11%.)
José Fernando Orellana
Hacia una nueva ley
Es el mecanismo más importante de asignación de recursos para la ejecución de políticas del Estado. El 69% de estos recursos coparticipables provienen del impuesto a la Ganancia y al IVA. Fue incorporado en nuestro ordenamiento legal en el año 1988, pero recién con la reforma Constitucional del año 1994, se exigió al Congreso el dictado urgente de la normativa concerniente a la distribución de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias, que hasta esa fecha no estaba perfeccionada. Actualmente contamos con una mora de más de 20 años en la modificación de la ley, lo cual es una meta pendiente. Por eso, hay que avanzar sobre una nueva ley, estableciendo un acuerdo marco de distribución entre el PEN y cada una de las Provincias. Plantearé la discusión sobre la eliminación de los sistemas de transferencias automáticas sin control por parte del Estado. Promoveré el aumento del porcentaje de recursos coparticipables para los municipios de todo el país, y proyectaré la creación de un sistema de transferencia condicionada a través de un Fondo Fiduciario de Inversión Regional, al cual podrán acceder todas las jurisdicciones menos desarrolladas.
Facundo Garretón
Generar riqueza
Sería bueno cambiar la ley, que estableció pautas de reparto que tienen más que ver con el poder de negociación que tenía cada provincia en ese momento que en las realidades económicas y sociales. Pero la Constitución de 1994 hace prácticamente imposible una nueva ley de coparticipación porque obliga a que todas las provincias aprueben esa ley-convenio. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Por el costado de la coparticipación, en la última década se centralizó el poder fiscal en la Nación en detrimento de las provincias. Las transferencias automáticas se redujeron de 33,1% de la recaudación nacional en 2001 a 25,8% en 2012. Como contrapartida, aumentaron las transferencias discrecionales: de 5% de los ingresos provinciales en 2000 a 11% en 2012. Proponemos volver a aumentar las transferencias automáticas y transparentar el envío de las discrecionales. Pero el verdadero fondo del asunto es lo que pasa por la generación de riqueza. Lo que necesitamos para tener un país más integrado, justo y solidario no es que nos repartan plata desde Buenos Aires sino que sea posible generar valor desde Tucumán. Por eso lo que hay que hacer es fomentar el desarrollo reduciendo impuestos, empezando por las retenciones a las economías regionales; favoreciendo el empleo y generando un shock de infraestructura, para que lo que hacemos acá pueda llegar al país y al mundo.
Esteban Dumit
Un sistema injusto
Debemos tener claro dos cuestiones:
1- El sistema de porcentajes que distribuye fondos entre Nación, provincia y Anses, los cuales son establecidos por ley. La reforma de esta ley es un gran desafío y una tarea pendiente del Congreso, porque requiere de un gran acuerdo federal y cualquier modificación de estos porcentajes amerita la baja de porcentajes a unos para el aumento en otros. Proceso que que llevará años de discusión.
2- El otro punto es la determinación de qué impuestos componen la masa coparticipable, y es allí donde creo que es posible conseguir de manera inmediata una mejora en los fondos para la provincia. Hoy padecemos un sistema injusto, donde gran parte de los impuestos se los lleva el Gobierno nacional cuando deberían ser repartidos proporcionalmente a las provincias, lo cual genera dependencia política y exacerba el centralismo que tanto daño hace al desarrollo armónico de un país. Para dar un ejemplo, hoy el Gobierno nacional no coparticipa el 11% del IVA, el 36% del Impuesto a las Ganancias, el 70% de los monotributos, el 70% del Impuesto a los Créditos y Débitos.
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