20 Septiembre 2015
El título no es caprichoso, ni un giro patriotero de este viejo militante radical. Es la frase que resume el fallo de sus excelencias, Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán. Defender la igualdad ante la ley, la igualdad en los procesos electorales, la igualdad de oportunidades es por definición constitucional la misión de la Justicia; eso es algo que esos jueces cumplieron acabadamente. El fallo deja claro que no se puede desde el poder implementar reglas que sólo favorecen a la continuidad de quien ejerce el poder. Porque con tal arbitrariedad se atenta contra la igualdad y la libertad del soberano: nosotros, el pueblo. El fallo es preciso y cala hasta la médula misma del problema: las elecciones en Tucumán estuvieron viciadas desde la constitución de la (inconstitucional) Junta Electoral Provincial, con miembros del gobierno que querían asegurar su continuidad, y con casi todos sus actos: desde las contrataciones del Correo, las designaciones de autoridades de mesa del listado de parientes y amigos de los candidatos oficialistas, o la adulteración de padrones electorales, hasta la falsificación de telegramas y datos de mesas o la quema de urnas. Pero también el fallo puso límites a la actitud patotera de los “dueños” de las elecciones, que todavía insisten en su lógica propia de una cultura autoritaria: la sentencia termina con las amenazas y los aprietes a quienes menos tienen, so pena de perder lo poco que el Estado les da. ¿Qué parte de la historia no entienden? ¿Es tan difícil de razonar que la libertad y la igualdad deben ser consideradas bienes supremos, máxime cuando se trata de elegir representantes? Tucumán, como hace dos siglos, marca el rumbo de una Nación que empieza a cambiar para ver en trono a la noble igualdad.
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