Avanza la integración de la Corte que revisará el fallo

El pedido de per saltum que presentó el Frente para la Victoria aceleró los tiempos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). En paralelo al trámite del juicio del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), que sigue radicado en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo a la espera de que concluya el trámite del recurso de casación, avanzó la integración del alto tribunal que ha de revisar la anulación de los comicios que dispusieron los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek este miércoles.

Sólo dos vocales naturales de la CSJT se declararon en condiciones de intervenir: René Goane (decano) y Daniel Posse, que ya fue recusado con causa por el ApB por su condición de hermano del fiscal de Estado (Jorge Posse Ponessa) y su condición de ex funcionario alperovichista, entre otros motivos.

Los vocales Antonio Gandur y Claudia Sbdar se excusaron respectivamente por haber intervenido como presidente de la Junta Electoral Provincial y por enemistad manifiesta con Arnaldo Ahumada, uno de los abogados del ApB. El quinto vocal, Antonio Estofán, no puede intervenir en el pleito porque está en Europa con el juez Carlos Giovanniello, y los letrados Ahumada y Roberto Toledo (en principio, Estofán regresa a Tucumán este miércoles).

La búsqueda de jueces para integrar el alto tribunal prosiguió por el fuero en lo Contencioso Administrativo. En ese ámbito no hubo suerte debido a que Rodolfo Novillo se excusó porque una de sus hijas trabaja con la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) y a que Sergio Gandur se inhibió porque es hijo del presidente de la Junta Electora. Agotado ese fuero, la Secretaría Judicial de la Corte acudió a los miembros de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital. A última hora de ayer, salieron sorteados los jueces Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas.

La conformación provisional con Goane, Posse y los tres magistrados civiles -salvo Ibáñez, los demás fueron nombrados por el gobernador José Alperovich, previo concurso- puede ser cuestionada por el ApB y la Provincia. En este litigio, el Estado actúa con la representación de Aldo Cerutti, puesto que Posse Ponessa se excusó para evitar el apartamiento de su hermano, Daniel Posse -hasta este caso, ese vocal se inhibía religiosamente en los juicios de la Provincia de Tucumán-. Por las particularidades del contencioso (los enormes intereses involucrados y la gravedad institucional), la Corte dará plazos acotadísimos para formular los planteos de recusación y, desde luego, declarará que todos los días y horas son hábiles a los efectos del pleito. En principio, las presentaciones para apartar magistrados deberían resolverse de inmediato.

El apuro general

Antes que nada, el alto tribunal ha de pronunciarse sobre las excusaciones de Novillo y Gandur, y la recusación de Posse -que debe hacer un informe indicando si acepta o no los cuestionamientos-. Fuentes del ApB anticiparon que también intentarían apartar a Goane, cuyos hijos trabajan en la Junta Electoral y en la Fiscalía de Estado. Asimismo, el frente de José Cano y Domingo Amaya barajaba solicitar la inhibición de Moisá, que es cuñado del legislador ultraoficialista Sisto Terán Nougués.

Si las recusaciones articuladas o en vías de ser articuladas prosperan, la CSJT deberá llamar a los otros camaristas civiles disponibles, que son Marcela Ruiz, Dolores Leone Cervera, Augusto Ávila y Alberto Acosta -salvo Ávila, todos los demás accedieron a sus cargos por decisión de este Gobierno, previo concurso- Según el acta elaborada por la Secretaría Judicial, las juezas Laura David y Pilar Amenábar están de licencia.

En lo inmediato, el alto tribunal ha de resolver si acoge o no el pedido de per saltum que formuló el Frente para la Victoria -FpV- (ver página 2). Este planteo estaría a punto de devenir abstracto. Ocurre que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene previsto enviar hoy mismo el expediente del juicio, con el recurso de casación otorgado, a la Corte, según explicaron fuentes de ese cuerpo. Si Ruiz y López Piossek se ajustan a este plan, la presentación del FpV habrá servido para ganar un día en lo que hace a la peliaguda integración de la Corte.

Pero todas las horas cuentan en función del movimiento que hubo este viernes en el Poder Judicial, donde los magistrados involucrados en la revisión del fallo anulatorio se mostraron en general deseosos de apurar el proceso. En ese clima incide el campamento permanente que el FpV montó al frente del Palacio de Justicia (ver página 4), y la decisión del gobernador Alperovich y de sus candidatos de “resistir” allí hasta el lunes, cuando calculan que habrá una sentencia de la Corte (ver página 2). Más allá de estas movilización y expectativa, ayer arreciaron las versiones sobre una eventual intervención federal de la Provincia que incluirá la puesta en comisión de los magistrados. “Los dueños (de los votos) no son nuestros jueces, sino el pueblo. Y, si no, intervendremos el Poder Judicial de de Tucumán. Mire qué fácil...”, advirtió Carlos Kunkel, diputado nacional ultrakirchnerista.

Ecos electorales

“Es un fallo político”.- El presidente subrogante de la Legislatura, el oficialista Regino Amado, se sumó a las críticas en contra la sentencia dictada en el fuero contencioso administrativo que anuló los comicios del 23 de agosto. “Este es un fallo político, que no se ha ajustado a derecho. Con esta decisión, los camaristas (Salvador Ruiz y Ebe López Piossek) han volteado la voluntad de todos los tucumanos. No sólo de los casi 500.000 que han votado por el Frente para la Victoria, sino también de quienes apoyaron a los intendentes, legisladores y concejales de las oposición”, señaló el dirigente monterizo, que representa al Ejecutivo cuando no se encuentran en funciones el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Juan Manzur. Según Amado, el tribunal no tenía sustento para anular los comicios. “No hay denuncias ni pruebas firmes en el fallo de que se haya vulnerado la voluntad de los electores. No hay ninguna causa judicial que haya comprobado ese supuesto clientelismo”, agregó el legislador oficialista. Y se expresó en coincidencia con Alperovich, al cuestionar al vocal Ruiz “por no haberse excusado”. “Su hijo trabaja en el área de Informática de la Junta Electoral. Claramente, este juez no debería haber participado del proceso”, afirmó .

“El único desestabilizador es Alperovich”.- “Desde lo más alto del poder político se desató una ola de violencia contra los jueces Ebe López Piossek y Salvador Ruiz”, afirmó el legislador opositor José Manuel Páez, de la Democracia Cristiana. El dirigente afín al canismo agregó que “el gobernador Alperovich ha demonizado al juez Ruiz por la sentencia, contradiciendo de esa forma su cacareado acatamiento a la Justicia”. “Paralelamente, se pintaron grafitis con amenazas de muerte contra el Poder Judicial, que evocan consignas propias de la violencia setentista. Ante esto, el gobernador mira para otro lado”, manifestó el opositor. Y añadió: ”el único desestabilizador de las instituciones es Alperovich, que consiente todo tipo de operaciones contra la Justicia. Mientras el fallo incorpora aire fresco a la República y evita el fraude, el oficialismo alperovichista sólo se preocupa continuar en el poder a cualquier costo”.

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