18 Septiembre 2015
CON LLAVE. Por seguridad, la Policía cerró una de las entradas del Palacio. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Fue un jueves de magistrados, funcionarios y empleados asomados a las ventanas del Palacio de Justicia que dan a la plaza Yrigoyen. Cada tanto, alguno se acercaba a contemplar, con prudencia judicial, el desarrollo de la concentración oficialista, que fue creciendo en convocatoria y actividad durante la mañana. También fue un jueves de jueces inquietos y angustiados por el futuro -colectivo pero, sobre todo, personal-, donde el comentario sobre la sentencia inédita de los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, y sobre las conjeturas acerca de una eventual intervención federal -que podría incluir la puesta en comisión de la judicatura- sólo fue interrumpido por las alusiones a la renuncia de Guillermo Herrera, controvertido ex fiscal de Instrucción N°10.
Quizá la postal que resume el estado de preocupación que ensombrece al Poder Judicial sea la de la jueza de primera instancia que lloraba ante la escena de la plaza tomada por partidarios de la dupla Juan Manzur-Osvaldo Jaldo. Esa magistrada se preguntaba, como casi todos los tucumanos desde el miércoles, qué pasará. Y no podía responderse. La incertidumbre se impone más que nunca en la medida en que la decisión de Ruiz y López Piossek de anular los comicios del 23 de agosto ha fracturado la lógica de los antecedentes jurisprudenciales electorales en Tucumán, el país y más allá también.
Dos viajeros, un regreso
Con la puerta principal cerrada desde temprano y una guardia policial preparada para actuar, el Palacio de Justicia mostró su costado vulnerable. A las 8.15 llegó Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema y de la Junta Electoral Provincial. En las manos llevaba el fallo emitido mientras la tierra se movía al ritmo símisco de Chile. Serio pero afable, el jefe del Poder Judicial explicó que estaba reflexionando sobre la sentencia y que no juzgaba prudente emitir opiniones al respecto.
La llegada de Gandur animó el ala de la Corte (segundo piso del Palacio), donde hasta entonces todas las vocalías estaban vacías. Al rato apareció el vocal Daniel Posse, que como primera medida ingresó a la presidencia (lo propio hizo en al menos dos oportunidades distintas Ana Paz, la fiscala que actúa como vocal subrogante en la Junta). A eso de las 9.15 ingresó al edificio el vocal decano René Goane, que de inmediato se recluyó en su oficina. Mientras caminaba por el pasillo, Goane murmuró que sí, que estaba preparado para revisar la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego salió con un portatrajes gris y, pese a todo, sonriente.
Por estar de viaje, los vocales Antonio Estofán y Claudia Sbdar se perdieron la mañana de repercusiones del fallo, del temblor y de la dimisión de Herrera. Pero Sbdar, que se había trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para inaugurar las jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (órgano que preside), decidió apurar el regreso. Al mediodía, la jueza aterrizó en la provincia. Estofán, por su parte, sigue en Europa con un grupo de amigos (entre ellos, el juez Carlos Giovanniello, y los letrados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada) y no trascendió si baraja anticipar la vuelta.
Otro frente abierto
Las bombas de estruendo se hicieron sentir sin tregua. El impacto quizá se expandió como consecuencia del silencio que dominaba el segundo piso del Palacio. Un silencio que otros días habría parecido solemne y que ayer tenía connotaciones lúgubres. En las demás plantas, los letrados litigantes hacían análisis y pronósticos, y más de uno destacaba el ambiente atípico -por lo hostil- que había dentro y fuera de los Tribunales. Al pasar, Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, comentó que muchas cosas habían cambiado en las últimas horas en la provincia y que a lo mejor nada volvía a ser igual.
Tales definiciones también circulaban por los despachos de los jueces, donde las pantallas de las computadoras mostraban el sistema de gestión Lex-Doctor, y las ediciones digitales de los medios locales y nacionales. Más de un juzgador se animó un poco cuando, a media mañana, apareció publicada la noticia de que Daniel Scioli, el presidenciable kirchnerista, pedía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se involucre en el caso de Tucumán.
En medio de estas tribulaciones, surgió otro frente de conflicto que obligó a Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte, a iniciar actuaciones. Entre las consignas de los manifestantes del Frente para la Victoria se destacaba el cartel de un empleado judicial que aprovechó la protesta para reclamar un ascenso.
Quizá la postal que resume el estado de preocupación que ensombrece al Poder Judicial sea la de la jueza de primera instancia que lloraba ante la escena de la plaza tomada por partidarios de la dupla Juan Manzur-Osvaldo Jaldo. Esa magistrada se preguntaba, como casi todos los tucumanos desde el miércoles, qué pasará. Y no podía responderse. La incertidumbre se impone más que nunca en la medida en que la decisión de Ruiz y López Piossek de anular los comicios del 23 de agosto ha fracturado la lógica de los antecedentes jurisprudenciales electorales en Tucumán, el país y más allá también.
Dos viajeros, un regreso
Con la puerta principal cerrada desde temprano y una guardia policial preparada para actuar, el Palacio de Justicia mostró su costado vulnerable. A las 8.15 llegó Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema y de la Junta Electoral Provincial. En las manos llevaba el fallo emitido mientras la tierra se movía al ritmo símisco de Chile. Serio pero afable, el jefe del Poder Judicial explicó que estaba reflexionando sobre la sentencia y que no juzgaba prudente emitir opiniones al respecto.
La llegada de Gandur animó el ala de la Corte (segundo piso del Palacio), donde hasta entonces todas las vocalías estaban vacías. Al rato apareció el vocal Daniel Posse, que como primera medida ingresó a la presidencia (lo propio hizo en al menos dos oportunidades distintas Ana Paz, la fiscala que actúa como vocal subrogante en la Junta). A eso de las 9.15 ingresó al edificio el vocal decano René Goane, que de inmediato se recluyó en su oficina. Mientras caminaba por el pasillo, Goane murmuró que sí, que estaba preparado para revisar la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego salió con un portatrajes gris y, pese a todo, sonriente.
Por estar de viaje, los vocales Antonio Estofán y Claudia Sbdar se perdieron la mañana de repercusiones del fallo, del temblor y de la dimisión de Herrera. Pero Sbdar, que se había trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para inaugurar las jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (órgano que preside), decidió apurar el regreso. Al mediodía, la jueza aterrizó en la provincia. Estofán, por su parte, sigue en Europa con un grupo de amigos (entre ellos, el juez Carlos Giovanniello, y los letrados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada) y no trascendió si baraja anticipar la vuelta.
Otro frente abierto
Las bombas de estruendo se hicieron sentir sin tregua. El impacto quizá se expandió como consecuencia del silencio que dominaba el segundo piso del Palacio. Un silencio que otros días habría parecido solemne y que ayer tenía connotaciones lúgubres. En las demás plantas, los letrados litigantes hacían análisis y pronósticos, y más de uno destacaba el ambiente atípico -por lo hostil- que había dentro y fuera de los Tribunales. Al pasar, Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, comentó que muchas cosas habían cambiado en las últimas horas en la provincia y que a lo mejor nada volvía a ser igual.
Tales definiciones también circulaban por los despachos de los jueces, donde las pantallas de las computadoras mostraban el sistema de gestión Lex-Doctor, y las ediciones digitales de los medios locales y nacionales. Más de un juzgador se animó un poco cuando, a media mañana, apareció publicada la noticia de que Daniel Scioli, el presidenciable kirchnerista, pedía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se involucre en el caso de Tucumán.
En medio de estas tribulaciones, surgió otro frente de conflicto que obligó a Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte, a iniciar actuaciones. Entre las consignas de los manifestantes del Frente para la Victoria se destacaba el cartel de un empleado judicial que aprovechó la protesta para reclamar un ascenso.
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