10 Septiembre 2015
Salvador Ruiz, juez de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que otorgó una medida cautelar solicitada por el Acuerdo para el Bicentenario (ApB) fue entrevistado ayer por medios porteños. El magistrado, quien resolvió que la Junta Electoral Provincial (JEP) no podrá proclamar candidatos hasta que se defina la presentación judicial de fondo (pedido de anulación total de los comicios), opinó que no existiría riesgo de que se produzca una situación de acefalía en la provincia si es que la Justicia demora en expedirse sobre la cuestión de fondo.
Tras asegurar que “no recuerda” antecedentes similares en el país, estimó que Tucumán no se quedará acéfala, sin gobernador, a raíz de la medida cautelar. “Como es una acción de amparo, según el Código Procesal Constitucional de Tucumán, tiene un procedimiento muy abreviado. El traslado de las demandas es por un término máximo de cuatro días, la apertura a prueba es más o menos por ese término, prorrogable por igual plazo, y los jueces tienen dos días para dictar sentencia”, detalló Ruiz.
En diálogo con radio La Red de Buenos Aires, Ruiz aclaró que resolvió suspender la proclamación de candidatos porque si la JEP decreta el triunfo de uno de los candidatos ya no tendría sentido analizar las irregularidades y denuncias de fraude. “Bajo ningún punto de vista (la cautelar) implica una resolución sobre la cuestión de fondo. Lo que encontré, y es en lo que me fundo, es el peligro en la demora. Estando avanzado en el escrutinio, resultaba conveniente dictar una cautelar como la que hice, para evitar que cuando se tenga que dictar sentencia no sea un pronunciamiento inútil”, aseguró.
El magistrado rechazó las críticas del Gobierno nacional a su resolución, vertidas por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. “Es un proceso que se ha judicializado, y cuando se judicializa no hay entorpecimiento de la Justicia en el proceso electoral”.
En el marco de la misma causa iniciada por el ApB, ayer se excusó de entender el juez Horacio Castellanos. Adujo enemistad manifiesta con uno de los abogados del ApB.
Tras asegurar que “no recuerda” antecedentes similares en el país, estimó que Tucumán no se quedará acéfala, sin gobernador, a raíz de la medida cautelar. “Como es una acción de amparo, según el Código Procesal Constitucional de Tucumán, tiene un procedimiento muy abreviado. El traslado de las demandas es por un término máximo de cuatro días, la apertura a prueba es más o menos por ese término, prorrogable por igual plazo, y los jueces tienen dos días para dictar sentencia”, detalló Ruiz.
En diálogo con radio La Red de Buenos Aires, Ruiz aclaró que resolvió suspender la proclamación de candidatos porque si la JEP decreta el triunfo de uno de los candidatos ya no tendría sentido analizar las irregularidades y denuncias de fraude. “Bajo ningún punto de vista (la cautelar) implica una resolución sobre la cuestión de fondo. Lo que encontré, y es en lo que me fundo, es el peligro en la demora. Estando avanzado en el escrutinio, resultaba conveniente dictar una cautelar como la que hice, para evitar que cuando se tenga que dictar sentencia no sea un pronunciamiento inútil”, aseguró.
El magistrado rechazó las críticas del Gobierno nacional a su resolución, vertidas por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. “Es un proceso que se ha judicializado, y cuando se judicializa no hay entorpecimiento de la Justicia en el proceso electoral”.
En el marco de la misma causa iniciada por el ApB, ayer se excusó de entender el juez Horacio Castellanos. Adujo enemistad manifiesta con uno de los abogados del ApB.
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