Cano y Amaya, con un escrito de 63 páginas, pidieron a la Justicia la nulidad de las elecciones

Reparto de bolsones y de dinero en efectivo, traslado de electores y otras formas de clientelismo. Cambios anómalos de domicilios y votantes foráneos. Urnas que, según dos testigos, llegaron abiertas a la Junta Electoral Provincial (JEP) y que fueron selladas allí de forma supuestamente irregular. Una presunta falta de controles por parte del órgano electoral y duras críticas hacia el presidente, Antonio Gandur, y la vocal, Ana María Rosa Paz. Graves hechos de violencia, con disparos y quema de boletas y con civiles y personal de seguridad heridos. Cuestionamientos hacia el sistema electoral de acoples. Posibles maniobras con los datos obtenidos durante el escrutinio provisorio que realizó el Correo Argentino. Promesas de beneficios sociales como módulos habitacionales y subsidios, o amenazas de que esos beneficios serán retirados...

Las sospechas de fraude que expresaron los integrantes de la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya, quedaron plasmadas en una acción de amparo de 63 páginas que ambos presentaron ayer en la Justicia provincial, con el fin de solicitar la nulidad de esos comicios, la suspensión del escrutinio definitivo y la realización de una nueva votación para todas las categorías.

Antes de entregar la demanda en mesa de entradas de la sede de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ubicada en calle 24 de Septiembre al 600, Cano y Amaya relataron en rueda de prensa las diversas irregularidades que, según ellos, convirtieron en “un fraude” las elecciones del 23 de agosto.

“Esta ha sido la culminación de un gobierno que en 12 años se encargó de degradar las instituciones. Este sistema electoral refleja el modelo de gestión de esa política. En 2007 teníamos la chance de adecuarnos a la Constitución provincial con el voto electrónico y la adhesión a la ley nacional de las PASO. Pero (el gobernador José) Alperovich y (el vicegobernador Juan) Manzur no hicieron nada para garantizar la transparencia, y que la gente se quede con la convicción de que lo que ha votado se reflejará en el escrutinio”, señaló el diputado Cano. Cargó además contra las autoridades de la Junta, Gandur y Paz, y contra el secretario electoral Darío Almaraz. “El oficialismo dice que no tiene problemas con que se abran todas las urnas, pero ni sus apoderados ni sus fiscales quieren hacerlo. Eso es porque saben que ahí está la prueba del fraude”, señaló el radical. Y a modo de ironía agregó: “Gandur dijo que los comicios fueron transparentes, pero me queda la duda si estuvo fiscalizando Tucumán o las elecciones de Mendoza”.

El dirigente opositor añadió que confía en una pronta decisión de la Justicia provincial. Y, ante una pregunta de este diario, aseguró que no se arrepiente de haber participado de los comicios utilizando la estrategia de los acoples. “Los que se tienen que arrepentir son los que han gobernado 12 años en Tucumán. Hemos realizado críticas y pedido cambios, pero estas son las reglas del juego de la democracia que impone el alperovichismo”, explicó el diputado radical.

También calificó como “hipócrita” al gobernador. “Alperovich dijo que eran unos hijos de p... los que entregaban mercadería a cambio de votos, y después admitió que entregaron bolsones. Es un hipócrita”, insistió.

El peronista disidente Amaya señaló que los abogados del ApB en este planteo, Daniel Ponce -por el canismo- y Arnaldo Ahumada -por el amayismo- hicieron reserva para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación si no hay respuestas favorables. “Hay gente que vino de otras provincias a votar, y eso es un delito. Estamos recabando pruebas. Hoy (por ayer) presentamos dos cajas con evidencias, y vamos a seguir aportando”, expresó el intendente de San Miguel de Tucumán.

Cano anticipó que también habrá presentaciones penales contra personal de la Junta Electoral. “No es normal que lleguen vehículos (a la sede del órgano) cargando urnas sin custodia, o que las urnas lleguen abiertas y un funcionario de la JEP tenga fajas del correo y las selle como si nada”, consideró.

Además, contestó las críticas del gobernador, quien había dicho que la oposición perjudica a los tucumanos con las versiones de fraude. “Que Alperovich no se victimice, tuvo la chance de fundar nuevamente a Tucumán y no lo hizo”, señaló. Y agregó: “a la provincia la dejan mal parada los funcionarios que en 2003 no tenían nada y hoy son los nuevos ricos de Argentina, o cuando se encubre un crimen como el de Paulina Lebbos”.

Cano y Amaya estimaron que la fecha límite para la realización de una nueva votación general en la provincia podría ser el 25 de octubre, cuando se celebren las nacionales. “Necesitamos garantías”, dijo el radical, anticipando que no dará esta batalla por perdida.

Contra los acoples

Los opositores afirman que se ha dinamitado la esencia del sistema electoral en la provincia

Los abogados de José Cano y Domingo Amaya hicieron énfasis en el sistema electoral, conocido como “de acoples”. “Esto ha dado lugar a una proliferación indigna y humillante de partidos políticos, que con firmas falsificadas, en simple fotocopia y con declaración de principios copiadas y fotocopiadas”, indica el escrito del Acuerdo para el Bicentenario. Se agrega que esas fichas “han sido receptados en su validez por la Junta Electoral Provincial”. “Se ha dinamitado el sistema electoral previsto por la Constitución nacional, que ha declarado a los partidos la base esencial de la democracia. En Tucumán, han sido relegados a meros medios vehiculizadores de apetencias electorales, que a la postre significan en la gran mayoría de los casos meras apetencias económicas pues se constituyeron en mecanismos idóneos con fines extra-políticos”, reza el planteo. 

Un régimen de dominación

Según el ApB, el alperovichismo generó una “tormenta de bolsones” y de dádivas

“El Gobierno provincial, como administrador exclusivo de los bienes públicos, ha instaurado en los sectores más vulnerables de la sociedad un régimen perverso de dominación mediante una obscena utilización de dichos recursos y que han sido presentados como dádivas”, indicaron los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada. Señalaron que esto genera entre los electores “obligaciones de agradecimiento y correspondencias”, pero aclararon que esos bienes “pueden ser quitados por la mera voluntad del funcionario”. “Está constatada la existencia de rifas de autos y otros premios, bingos, vestidos de fiesta de 15 años, obras sociales, módulos habitacionales, y cualquier otro bien o prebenda que es arteramente discernido como un ‘favor del príncipe”, dijeron. Agregaron que además hubo “una tormenta de bolsones” con comida y otras dádivas.

Documentos retenidos

Electores “sustitutos”, otros “fallecidos” y una adulteración en los pAdrones

“Conforme surge de numerosas testimoniales, jueces de paz locales y ‘punteros’ del oficialismo retuvieron los documentos de quienes reciben planes sociales durante el día domingo (23 de agosto). Esta ilegal maniobra ha posibilitado que, durante el comicio, terceros ‘suplantaran’ a los verdaderos electores, cuyos DNI estaban retenidos”, expresaron en la acción de amparo los integrantes del Acuerdo para el Bicentenario. A ello agregaron “la alteración de padrones”. “Eso llevó a que, por ejemplo, en la Sección Electoral Este el nivel de participación de los electores -muchos de ellos fallecidos- haya sido increíblemente superior a la participación histórica, alcanzando porcentuales superiores al 90% y superando a la participación efectiva de las PASO nacionales, pese a que hubo apenas dos semanas entre una y otra elección”, remarcaron.

En el sistema del Correo

Fallas en el software del escrutinio provisorio y telegramas con anomalías

Cano y Amaya, en la demanda, aseguraron que el programa informático utilizado para cargar datos tenía fallas. “Puesto en cero el sistema e iniciado el programa, ante la primera carga de datos efectuada, los fiscales informáticos acreditados detectaron una serie de inconsistencias que no pudieron ser explicadas por el personal del Correo que acompañaba al personal informático de la JEP”, indicaron. Remarcaron además que hubo “más de 500 telegramas con inconsistencias graves que fueron inexplicablemente contabilizadas por el Correo, y que da cuenta de una maniobra”. Agregaron como otra causal de nulidad que no se garantizó la seguridad de los comicios. “La quema de urnas, tiroteos, agresiones a gendarmes han sido capaces de afectar y lesionar la libertad electoral de una generalidad de votantes”, señalaron.

Presuntos Infiltrados

Una JEP con familiares y afiliados partidarios del FpV contratados, expresaron Cano y Amaya

Según los referentes del ApB, hubo una serie de “situaciones irregulares” en el funcionamiento interno de la Junta Electoral. “En meses previos (a la elección) se ha efectuado una contratación de agentes sin ninguna publicidad o convocatoria pública, que casualmente ha recaído en beneficio mayoritario de familiares de funcionarios provinciales o empleados de la JEP, o simpatizantes, militantes y afiliados del Frente para la Victoria”, indicaron. Aportaron también dos testigos de una supuesta anomalía. “Los testimonios dan cuenta de que un prosecretario de la JEP ha ingresado al depósito de urnas con fajas de seguridad y con la ayuda de personal contratado a los efectos de reparar urnas y bolsines violentados, que ingresan sin ningún control al lugar de custodia de las urnas”, manifestaron los representantes del canismo y del amayismo.

Contra la Junta Electoral

El órgano que preside Gandur fue “ingenuo” o “cómplice”, expresaron en el frente opositor

El Acuerdo para el Bicentenario cuestionó que la Junta Electoral, presidida por Antonio Gandur, haya otorgado la chance de una “re-re” al oficialista Sergio Mansilla, algo que luego la Justicia provincial objetó. Los opositores además cuestionaron que el órgano dictara una resolución contra las prácticas clientelares, pero no aplicara otras medidas. “La JEP, ya sea por inexcusable ingenuidad o por consciente complicidad, ha omitido deliberadamente (...) dotar de efectividad las prohibiciones expresadas y evitar que el infierno electoral preanunciado y tan temido se presentara de modo lacerante”, indicaron. Cuestionaron además que el ministro fiscal Edmundo Jiménez y la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro hayan firmado resoluciones. “El irregular proceder de la JEP ha quedado patentizado en su pasividad y complacencia”, dijeron.