04 Septiembre 2015
ARCHIVO LA GACETA
Una luz de alarma se ha encendido hace días en el Concejo Deliberante de la capital. Y no precisamente porque en el cuerpo legisferante haya ediles que no fueron favorecidos por los números en los comicios del 23 y que deberán dejar sus bancas a fines de octubre. Lo que había circulado como un rumor antes de los comicios comienza a materializarse: la Municipalidad de la capital ha comenzado a tener inconvenientes financieros y aún no sabe cómo afrontar los sueldos de unos 2.700 empleados temporarios -según los cálculos efectuados desde la propia Intendencia- que se desempeñan en los respectivos bloques políticos.
El faltante de dinero no sólo recae en el personal político del edificio de calles San Martín y Monteagudo. Las quejas de los proveedores del Concejo son una constante por estas horas, ya que cada vez que preguntan en Tesorería por algún pago, la respuesta siempre es la misma: “no tenemos plata, porque la Intendencia aún no nos ha enviado los fondos”.
Lo llamativo del caso es que ningún concejal, sea alperovichista, amayista u opositor, está dispuesto a opinar abiertamente sobre la posibilidad concreta de que sus empleados puedan dejar de percibir el dinero correspondiente al mes de agosto. Ante la consulta realizada por LA GACETA, los representantes vecinales prefirieron mantenerse en silencio y esperar a que surja una respuesta desde el Departamento Ejecutivo municipal.
Precisamente, un grupo de concejales visitó ayer por la mañana al secretario de Hacienda municipal, Silvio Bellomío, para consultarle sobre el envío de los recursos. A esa reunión asistieron los alperovichistas Ramón Santiago Cano, Ignacio Golobisky y Ernesto Nagle. También estuvo presente el amayista José Franco, integrante de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo.
Preocupados por la situación laboral de sus empleados (algunos ediles cuentan con más de 200) los concejales le solicitaron a Bellomío que remitiera los fondos.
Según trascendió, el encargado de las finanzas municipales se habría comprometido a remitir parte del dinero la próxima semana. En la Intendencia expresan por lo bajo que, en estos momentos, es más acuciante garantizar el pago de la recolección de residuos, por ejemplo, que desembolsar los $11 millones para los 2.700 contratados políticos del Concejo capitalino.
“Los concejales vinieron a solicitar el envío de los fondos para el personal político y se les dijo que estamos analizando el tema presupuestario. Que vamos a ver si la semana próxima podemos ir aportando una parte de esos recursos”, explicó Bellomío ante una consulta de este diario. Luego, el funcionario amayista trazó un panorama de la situación financiera municipal, producto de la retención mensual de fondos ($ 35 millones) en concepto de pago de la deuda provincial.
“La gente tiene que saber que además de los $ 35 millones que nos retiene mensualmente la Provincia por el cobro de la deuda pública, el Poder Ejecutivo nos adeuda hasta el momento $ 214 millones correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo, de la que desde 2011 la Municipalidad se viene haciendo cargo. Y aún así, vamos a pagar mañana (por hoy) la totalidad de los sueldos a los empleados de planta permanente y transitorios de todas las áreas y reparticiones de la capital”, sostuvo Bellomío, al tiempo que agregó que el pago de la planilla salarial se realizará con el aumento salarial del 20% correspondiente a agosto.
“Queremos dejar también en claro que hemos garantizado el funcionamiento de todos los servicios públicos que presta el municipio”, aclaró Bellomío.
Si bien en el Concejo reconocen que son cargos políticos, algunos ediles argumentan que esos contratos vencen recién en octubre, que es la fecha en que se producirá el recambio en las bancas. “No podemos dejar colgada a toda esta gente. Los contratos vencen en octubre y la Municipalidad tiene que cumplir con esa obligación”, se quejó un concejal alperovichista que cuenta con un número importante de empleados políticos, pero que pidió reserva de su nombre.
Que no tiene, que sí tengo
Los días siguientes a los comicios del 23 de agosto y mientras la oposición denunciaba fraude electoral y exigía la apertura de todas las urnas, el gobernador José Alperovich lanzó una frase demoledora: afirmó que el intendente de la capital, Domingo Amaya, tendría problemas para afrontar el pago de los sueldos.
“Estoy preocupado porque cobraron por adelantado, hasta fin de año, todos los impuestos a los empresarios. Temo que el próximo mes no puedan pagar los sueldos a los empleados”, había pronosticado el mandatario el 27 de agosto. “Habría que saber qué hicieron con ese dinero que se recaudó porque es muy fácil prometer pero hay que saber administrar”, había fustigado el gobernador.
La respuesta de Amaya llegó ese mismo día. “A los empleados municipales y a los vecinos de San Miguel de Tucumán quiero decirles que se pueden quedar tranquilos; los sueldos de los empleados se pagarán en tiempo y forma y los servicios municipales están asegurados”, había expresado el candidato a vicegobernador del Acuerdo para el Bicentenario (ApB).
El faltante de dinero no sólo recae en el personal político del edificio de calles San Martín y Monteagudo. Las quejas de los proveedores del Concejo son una constante por estas horas, ya que cada vez que preguntan en Tesorería por algún pago, la respuesta siempre es la misma: “no tenemos plata, porque la Intendencia aún no nos ha enviado los fondos”.
Lo llamativo del caso es que ningún concejal, sea alperovichista, amayista u opositor, está dispuesto a opinar abiertamente sobre la posibilidad concreta de que sus empleados puedan dejar de percibir el dinero correspondiente al mes de agosto. Ante la consulta realizada por LA GACETA, los representantes vecinales prefirieron mantenerse en silencio y esperar a que surja una respuesta desde el Departamento Ejecutivo municipal.
Precisamente, un grupo de concejales visitó ayer por la mañana al secretario de Hacienda municipal, Silvio Bellomío, para consultarle sobre el envío de los recursos. A esa reunión asistieron los alperovichistas Ramón Santiago Cano, Ignacio Golobisky y Ernesto Nagle. También estuvo presente el amayista José Franco, integrante de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo.
Preocupados por la situación laboral de sus empleados (algunos ediles cuentan con más de 200) los concejales le solicitaron a Bellomío que remitiera los fondos.
Según trascendió, el encargado de las finanzas municipales se habría comprometido a remitir parte del dinero la próxima semana. En la Intendencia expresan por lo bajo que, en estos momentos, es más acuciante garantizar el pago de la recolección de residuos, por ejemplo, que desembolsar los $11 millones para los 2.700 contratados políticos del Concejo capitalino.
“Los concejales vinieron a solicitar el envío de los fondos para el personal político y se les dijo que estamos analizando el tema presupuestario. Que vamos a ver si la semana próxima podemos ir aportando una parte de esos recursos”, explicó Bellomío ante una consulta de este diario. Luego, el funcionario amayista trazó un panorama de la situación financiera municipal, producto de la retención mensual de fondos ($ 35 millones) en concepto de pago de la deuda provincial.
“La gente tiene que saber que además de los $ 35 millones que nos retiene mensualmente la Provincia por el cobro de la deuda pública, el Poder Ejecutivo nos adeuda hasta el momento $ 214 millones correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo, de la que desde 2011 la Municipalidad se viene haciendo cargo. Y aún así, vamos a pagar mañana (por hoy) la totalidad de los sueldos a los empleados de planta permanente y transitorios de todas las áreas y reparticiones de la capital”, sostuvo Bellomío, al tiempo que agregó que el pago de la planilla salarial se realizará con el aumento salarial del 20% correspondiente a agosto.
“Queremos dejar también en claro que hemos garantizado el funcionamiento de todos los servicios públicos que presta el municipio”, aclaró Bellomío.
Si bien en el Concejo reconocen que son cargos políticos, algunos ediles argumentan que esos contratos vencen recién en octubre, que es la fecha en que se producirá el recambio en las bancas. “No podemos dejar colgada a toda esta gente. Los contratos vencen en octubre y la Municipalidad tiene que cumplir con esa obligación”, se quejó un concejal alperovichista que cuenta con un número importante de empleados políticos, pero que pidió reserva de su nombre.
Que no tiene, que sí tengo
Los días siguientes a los comicios del 23 de agosto y mientras la oposición denunciaba fraude electoral y exigía la apertura de todas las urnas, el gobernador José Alperovich lanzó una frase demoledora: afirmó que el intendente de la capital, Domingo Amaya, tendría problemas para afrontar el pago de los sueldos.
“Estoy preocupado porque cobraron por adelantado, hasta fin de año, todos los impuestos a los empresarios. Temo que el próximo mes no puedan pagar los sueldos a los empleados”, había pronosticado el mandatario el 27 de agosto. “Habría que saber qué hicieron con ese dinero que se recaudó porque es muy fácil prometer pero hay que saber administrar”, había fustigado el gobernador.
La respuesta de Amaya llegó ese mismo día. “A los empleados municipales y a los vecinos de San Miguel de Tucumán quiero decirles que se pueden quedar tranquilos; los sueldos de los empleados se pagarán en tiempo y forma y los servicios municipales están asegurados”, había expresado el candidato a vicegobernador del Acuerdo para el Bicentenario (ApB).
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