Por Fernando Stanich
30 Agosto 2015
ASÍ SE VOTÓ. Cada mesa reunió una veintena de fiscales. Las escuelas no dieron abasto.
Relatar lo que ocurrió el escandaloso domingo 23 sin antes mencionar lo que aconteció en la semana previa a los comicios obligaría a parcelar caprichosamente la realidad. A decir verdad, la votación se convirtió en una zona liberada desde los escritorios. Porque un proceso electoral desnaturalizado desde el principio no podía terminar de otra manera.
El bochorno comenzó a gestarse desde que se pervirtió el sistema de acoples para que unos 25.000 tucumanos aparecieran en las listas de candidatos y, la mayoría de ellos, sirviera de scrum para empujar a la fórmula alperovichista (Juan Manzur-Osvaldo Jaldo) hacia la victoria a como diera lugar. Prosiguió con el capricho oficial de postular dirigentes que ya habían cumplido dos elecciones como postulantes a la Legislatura, como Sergio Mansilla y Susana Díaz. Y se profundizó con la conformación de una Junta Electoral Provincial (JEP) signada por un pecado de origen: mayoría del poder político en su integración. Así, al día en que los ciudadanos debían concurrir a las urnas se llegó con una docena de causas judiciales alrededor del proceso electoral y con un organismo que debía fiscalizar la marcha de los comicios prácticamente conformado a los ponchazos.
A saber. Durante las dos semanas previas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Junta Electoral, Antonio Gandur, estuvo enfrascado en una lucha administrativa y judicial con el otro representante judicial en la JEP, Edmundo Jiménez. Ocurre que la oposición había recusado al ministro fiscal de la Corte con el argumento de que no garantizaba la imparcialidad: Jiménez fue durante 11 años ministro de Gobierno del alperovichismo y había mantenido una reunión con el candidato oficialista Manzur en julio, en un restaurante de Barrio Norte. La recusación administrativa no prosperó porque Carlos Sale, el fiscal que había sustituido a Jiménez, y la legisladora Beatriz Bordinaro de Peluffo (por ese momento tercer miembro de la Junta) la rechazaron. De la misma manera, también la JEP había desestimado una recusación en contra de Bordinaro de Peluffo. La legisladora alperovichista sólo había aceptado apartarse respecto de Concepción, donde su yerno, el oficialista Franco Morelli, se candidateaba a la intendencia.
Así, el asunto debió dirimirse en los tribunales. Tras idas y vueltas entre la Corte y la Cámara en lo Contencioso Administrativo, finalmente en las últimas horas del viernes 21 la Justicia apartó a los vocales Jiménez y Bordinaro de Peluffo. En consecuencia, a 24 horas de la elección, la Junta Electoral Provincial se quedó con dos de sus tres miembros: Gandur y la fiscala Ana María Rosa Paz, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Con ese preludio, el domingo amaneció con un pronóstico poco alentador: el clientelismo electoral había elegido ese día para hacer su festival. Desde las 7, miles de autos alquilados para transportar votantes se apostaron en las sedes barriales de los punteros políticos. A las 8, pocas mesas de votación lograron ser habilitadas, ya que la enorme cantidad de fiscales partidarios inscriptos (unos 20 por mesa) demoró la apertura de las escuelas.
Desde la mañana y a lo largo de las 10 horas de votación, el acarreo de ciudadanos, el reparto de bolsones con mercadería y los incidentes entre fiscales se repitieron a lo largo de toda la provincia. Urnas “embarazadas”, votos falsos, ciudadanos fallecidos en los padrones y robo de boletas fueron términos que los tucumanos reprodujeron una y otra vez a lo largo de ese día.
Así, no era de extrañar que, al promediar la tarde, llegaran las primeras noticias de que el caos comenzaba a reinar. En Sargento Moya, una localidad del sur tucumano con apenas 500 votantes, aportaba la triste novedad de que las dos únicas urnas habilitadas para que sufragaran los vecinos habían sido quemadas. La situación, lejos de calmarse, se tensó aún más por la noche. Apenas cerró la votación, las versiones de incidentes entre facciones internas del oficialismo y entre alperovichistas y opositores se multiplicaron. En Los Ralos, donde también hubo urnas destrozadas y dirigentes detenidos, en La Florida, en Garmendia y en San Pablo. Precisamente, fue en esta última comuna, populosa y pobre, donde mayor dimensión alcanzó la barbarie. Punteros, molestos por un recuento que no saldría según sus previsiones, atacaron a gendarmes, autoridades de mesa y fiscales por igual, con el único objetivo de evitar que las urnas lleguen a destino. La noche terminó con enfrentamientos, represión, policías y ciudadanos heridos.
Casi en paralelo a ese bochorno, en Tucumán aterrizaban dos aviones provenientes de Buenos Aires. En uno desembarcaron funcionarios del gabinete nacional y el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. En el otro, el rival del gobernador bonaerense, Mauricio Macri. El arribo de los popes nacionales sólo aumentó la confusión y el enfrentamiento político. Unos comenzaron a denunciar irregularidades y fraude; otros, los oficialistas, a jactarse de haber vencido en los comicios. Ninguno se puso por encima de la coyuntura. Ninguno aportó para transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Ni siquiera el Correo Argentino, encargado de transmitir los datos del recuento provisorio. Una página web poco amigable para navegar y una carga lentísima de los datos acabaron por exacerbar las tensiones.
El domingo terminó como todos preveían: con una protesta frente a la sede del Correo, un oficialismo festejando en soledad y de madrugada, y una oposición pasilleando y presentando planteos judiciales y administrativos. El domingo se había desnaturalizado desde mucho antes.
El bochorno comenzó a gestarse desde que se pervirtió el sistema de acoples para que unos 25.000 tucumanos aparecieran en las listas de candidatos y, la mayoría de ellos, sirviera de scrum para empujar a la fórmula alperovichista (Juan Manzur-Osvaldo Jaldo) hacia la victoria a como diera lugar. Prosiguió con el capricho oficial de postular dirigentes que ya habían cumplido dos elecciones como postulantes a la Legislatura, como Sergio Mansilla y Susana Díaz. Y se profundizó con la conformación de una Junta Electoral Provincial (JEP) signada por un pecado de origen: mayoría del poder político en su integración. Así, al día en que los ciudadanos debían concurrir a las urnas se llegó con una docena de causas judiciales alrededor del proceso electoral y con un organismo que debía fiscalizar la marcha de los comicios prácticamente conformado a los ponchazos.
A saber. Durante las dos semanas previas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Junta Electoral, Antonio Gandur, estuvo enfrascado en una lucha administrativa y judicial con el otro representante judicial en la JEP, Edmundo Jiménez. Ocurre que la oposición había recusado al ministro fiscal de la Corte con el argumento de que no garantizaba la imparcialidad: Jiménez fue durante 11 años ministro de Gobierno del alperovichismo y había mantenido una reunión con el candidato oficialista Manzur en julio, en un restaurante de Barrio Norte. La recusación administrativa no prosperó porque Carlos Sale, el fiscal que había sustituido a Jiménez, y la legisladora Beatriz Bordinaro de Peluffo (por ese momento tercer miembro de la Junta) la rechazaron. De la misma manera, también la JEP había desestimado una recusación en contra de Bordinaro de Peluffo. La legisladora alperovichista sólo había aceptado apartarse respecto de Concepción, donde su yerno, el oficialista Franco Morelli, se candidateaba a la intendencia.
Así, el asunto debió dirimirse en los tribunales. Tras idas y vueltas entre la Corte y la Cámara en lo Contencioso Administrativo, finalmente en las últimas horas del viernes 21 la Justicia apartó a los vocales Jiménez y Bordinaro de Peluffo. En consecuencia, a 24 horas de la elección, la Junta Electoral Provincial se quedó con dos de sus tres miembros: Gandur y la fiscala Ana María Rosa Paz, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Con ese preludio, el domingo amaneció con un pronóstico poco alentador: el clientelismo electoral había elegido ese día para hacer su festival. Desde las 7, miles de autos alquilados para transportar votantes se apostaron en las sedes barriales de los punteros políticos. A las 8, pocas mesas de votación lograron ser habilitadas, ya que la enorme cantidad de fiscales partidarios inscriptos (unos 20 por mesa) demoró la apertura de las escuelas.
Desde la mañana y a lo largo de las 10 horas de votación, el acarreo de ciudadanos, el reparto de bolsones con mercadería y los incidentes entre fiscales se repitieron a lo largo de toda la provincia. Urnas “embarazadas”, votos falsos, ciudadanos fallecidos en los padrones y robo de boletas fueron términos que los tucumanos reprodujeron una y otra vez a lo largo de ese día.
Así, no era de extrañar que, al promediar la tarde, llegaran las primeras noticias de que el caos comenzaba a reinar. En Sargento Moya, una localidad del sur tucumano con apenas 500 votantes, aportaba la triste novedad de que las dos únicas urnas habilitadas para que sufragaran los vecinos habían sido quemadas. La situación, lejos de calmarse, se tensó aún más por la noche. Apenas cerró la votación, las versiones de incidentes entre facciones internas del oficialismo y entre alperovichistas y opositores se multiplicaron. En Los Ralos, donde también hubo urnas destrozadas y dirigentes detenidos, en La Florida, en Garmendia y en San Pablo. Precisamente, fue en esta última comuna, populosa y pobre, donde mayor dimensión alcanzó la barbarie. Punteros, molestos por un recuento que no saldría según sus previsiones, atacaron a gendarmes, autoridades de mesa y fiscales por igual, con el único objetivo de evitar que las urnas lleguen a destino. La noche terminó con enfrentamientos, represión, policías y ciudadanos heridos.
Casi en paralelo a ese bochorno, en Tucumán aterrizaban dos aviones provenientes de Buenos Aires. En uno desembarcaron funcionarios del gabinete nacional y el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. En el otro, el rival del gobernador bonaerense, Mauricio Macri. El arribo de los popes nacionales sólo aumentó la confusión y el enfrentamiento político. Unos comenzaron a denunciar irregularidades y fraude; otros, los oficialistas, a jactarse de haber vencido en los comicios. Ninguno se puso por encima de la coyuntura. Ninguno aportó para transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Ni siquiera el Correo Argentino, encargado de transmitir los datos del recuento provisorio. Una página web poco amigable para navegar y una carga lentísima de los datos acabaron por exacerbar las tensiones.
El domingo terminó como todos preveían: con una protesta frente a la sede del Correo, un oficialismo festejando en soledad y de madrugada, y una oposición pasilleando y presentando planteos judiciales y administrativos. El domingo se había desnaturalizado desde mucho antes.
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